Se agita política por el caso Petro

El pliego de cargos que el pasado viernes formuló la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro por la crisis en el servicio de aseo en Bogotá en diciembre de 2012, alborotó el ambiente político.

El alcalde Gustavo Petro defendió su actuación en el esquema público de aseo resaltando que lo que se le reprocha es que las firmas privadas  hayan disminuido sus ganancias con el nuevo esquema . / Óscar Pérez - El Espectador
El alcalde Gustavo Petro defendió su actuación en el esquema público de aseo resaltando que lo que se le reprocha es que las firmas privadas hayan disminuido sus ganancias con el nuevo esquema . / Óscar Pérez - El Espectador

Desde que se conoció la noticia, el primer mandatario ha trinado varias veces en su cuenta de Twitter cuestionando la decisión sin aludir directamente a los cargos, al tiempo que en diversos sectores políticos ya se suma al debate la controversia por el eventual proceso de revocatoria de su mandato.

“Se puede criminalizar o disciplinar el que un alcalde tome la decisión que una empresa pública preste un servicio público?”. “Lo que se me reprocha es que Atesa, Aseo Capital, LIME y Ciudad Limpia hayan disminuido sus ganancias”, fueron dos de los reclamos públicos que hasta ahora se conocen directamente suscritos por el primer mandatario de la ciudad. En contraste, sus contradictores han manifestado que la Procuraduría es competente para evaluar la conducta de cualquier funcionario público y Petro no puede ser excepción.

En el sector de los Progresistas, que apoyan la gestión de Gustavo Petro, la tesis recurrente es que lo que está detrás del pliego de cargos contra el alcalde es un sesgo de la Procuraduría contra los gobernantes o funcionarios de izquierda. Quienes buscan su revocatoria y ahora respaldan al Ministerio Público , expresan que no hay tal sesgo y en cambio sí, constante improvisación y falta de planeación en la administración capitalina, como lo resaltó el documento suscritos por los delegados Juan Carlos Novoa y Carlos Ramírez.

La excongresista Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada por la Procuraduría, planteó sus observaciones a manera de dudas: “¿Con organismos de control parcializados, el pecado del Estatuto de Oposición, corrupción electoral, de qué democracia estamos hablando?”. “¿Quién gana si se va Petro, el cartel de la contratación, los concejales corruptos o la ciudad?” “¿La Procuraduría se ha convertido en una burda herramienta de persecución política de la izquierda colombiana?”, fueron algunos de sus mensajes.

Otro de los funcionarios destituido e inhabilitado por la Procuraduría fue el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en su momento por haber influido en procesos electorales cuando ostentaba un cargo público. Consultado por El Espectador sobre lo sucedido ahora con Gustavo Petro, manifestó que en primer término debe reconocerse que todos los mecanismos legales previstos en la democracia deben funcionar, entre ellos la revocatoria del mandato y la acción de los distintos organismos de control.

No obstante, el exalcalde Salazar añadió que lo que resulta odioso es que el procurador Alejandro Ordóñez “mantenga una línea de control, investigación y destitución para personajes de diferentes corrientes políticas, distintas a las de sus grandes electores en el Congreso”. Y agregó: “por el contrario, lo que no se entiende es por qué guarda silencio o no avanzan algunos procesos con serias denuncias como, por ejemplo, el que se hizo en el llamado Libro Blanco de Antioquia. Esas diferencias envilecen el sistema y le quitan legitimidad”.

Consultado el vocero del movimiento político Progresistas y exsecretario de Gobierno de la ciudad, Antonio Navarro, defendió las decisiones adoptadas en su momento por Gustavo Petro respecto al sistema de aseo de la ciudad. “Lo que se hizo fue adecuado, o de lo contrario, sí se iba a generar una situación de desventaja respecto a las operaciones privadas. Si el 18 de diciembre no hubieran cambiado las cosas se habría dejado de lado la defensa del interés público. Como ingeniero sanitario y exalcalde de Pasto, tengo la certeza de que el alcalde obró bien”.

Más allá del debate político que ya protagoniza en Bogotá, lo que viene ahora respecto al proceso de la Procuraduría es la notificación oficial al alcalde, y seguramente, el uso de todos los mecanismo legales para responder a los cargos del Ministerio Público concretados en tres presuntas faltas, dos de ellas calificadas como gravísimas a título de dolo y la tercera con culpa gravísima. Todas referidas a la supuesta improvisación y violación de normas contractuales en la administración distrital.

En cuanto al otro escenario que enfrenta el alcalde Petro, el de la revocatoria de su mandato, tras la reposición presentada por los defensores del primer mandatario de los bogotano, la Registraduría tiene hasta el 24 de julio para resolverla. Luego se tomaría un mes más para resolver la apelación. De ahí en adelante, de prosperar el proceso tras los reparos jurídicos del alacalde Petro, tendrían que contarse al menos dos meses más para que se de una votación popular y los electores decidan si Gustavo Petro se va o se queda.