Hace dos años el Distrito redujo los incentivos a la mitad

Se agudiza choque por recorte de subsidios a población vulnerable en Bogotá

Organizaciones de personas en condición de discapacidad libran una batalla jurídica con el Distrito, en la que buscan demostrar que los auxilios de transporte no afectan las finanzas del sistema de transporte. El Distrito se aferra a su argumento de que así se cierra parte del hueco fiscal y asegura que las pretensiones son contradictorias.

Hay 263.000 subsidios para personas en condición de discapacidad, pero, según ellos, no hay más de 43.600 personas de esta población que utilicen el sistema. / Archivo El Espectador

La primera acción de la actual administración para tapar el déficit financiero del sistema de transporte (Transmilenio-TM-SITP) fue reestructurar los subsidios para focalizarlos mejor. En marzo de 2017, el Distrito emitió un decreto con el que se modificó la fórmula para calcular el descuento mensual para los adultos mayores, beneficiarios del Sisbén y personas en condición de discapacidad. Desde entonces, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal del sistema, estos grupos poblacionales reciben la mitad de los beneficios que tenían antes del decreto, por lo que un grupo de personas en condición de discapacidad inició una batalla jurídica con el Distrito. El proceso avanza, y ahora las autoridades de movilidad deberán explicar a fondo sus motivaciones para reformar los incentivos.

En abril de 2017, Nelson Julián Villamizar interpuso una demanda que pedía la nulidad del decreto. Él, ciego de nacimiento, presentó la acción a nombre de una comisión de organizaciones de personas en condición de discapacidad, en la que argumentó que existían pocas bases para determinar si el déficit del sistema tenía cierto origen en los subsidios a poblaciones vulnerables. Tras una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, el juez del caso dio 20 días al Distrito para entregar dos pruebas. La Secretaría de Movilidad deberá presentar los estudios jurídicos, técnicos y financieros que soporten la decisión de recortar los subsidios, y la de Hacienda deberá entregar un informe sobre la destinación de recursos para los subsidios de transporte de población vulnerable en los últimos ocho años.

La premisa de la demanda es que se derogue el decreto, en favor del Acuerdo 484 que se firmó en 2011, que estableció la creación de los subsidios para personas en condición de discapacidad. Según las organizaciones reclamantes, dicho acuerdo es una norma superior al decreto, pues fue emitido desde el Concejo. Asimismo, de acuerdo con Villamizar, “el decreto lo expide el alcalde y en ese entonces lo hizo de forma inconsulta. Existe un Consejo Distrital de Discapacidad, que preside el propio alcalde Peñalosa, pero al que jamás asistió, en el que debe ser consultado todo acto administrativo que afecte a poblaciones vulnerables”.

Además de los argumentos que, según los demandantes, son insuficientes para reducir los incentivos, las partes también tienen diferencias con las cifras de beneficiarios. Según TM, tras la refocalización de los subsidios quedaron inscritas 1’193.424 personas entre subsidio por discapacidad y tarifa diferencial. De ese total, y de acuerdo con datos dispuestos por la Secretaría de Salud, 263.000 cupos son para personas en condición de discapacidad. Sin embargo, según datos de las organizaciones que hacen el reclamo, no hay más de 43.600 personas de esta población que utilicen el sistema.

Según Villamizar, el proceso demostrará que hay interrogantes sobre el destino de los recursos para los subsidios que no se asignan, y advierte que el fondo de toda esta situación se refleja en los paraderos, estaciones y portales del sistema en los que se venden pasajes hasta en $1.000. “La audiencia nos dio la razón y el juez reconoció nuestro estado de vulnerabilidad. Esperamos que con las dos pruebas se demuestre que TM se beneficia con estos recursos, y sería interesante saber qué pasa con los subsidios que no usa ningún discapacitado. Necesitamos que se determine cuántos recursos invierte TM, porque hay redes que están utilizando a las personas con discapacidad para revender pasajes”.

Este es uno de los puntos más intensos del choque, pues desde que se crearon los subsidios aparecieron sujetos que se dedicaron a negociar con los incentivos para personas en condición de discapacidad, dado que sus tarjetas son las que tienen mayores descuentos ($24.000 al mes). Para las autoridades, los mismos beneficiarios son quienes están desviando los incentivos que reciben. Para las organizaciones de discapacitados, hay grupos de personas que se aprovechan de su condición y explotan estos auxilios.

“Las pretensiones son contradictorias”

El Distrito tiene claro que no accederá a ninguna de las pretensiones de los demandantes. Al solicitar un concepto sobre la audiencia y el proceso, desde Movilidad se restringieron a responder que “estos temas, por estar inmersos en un proceso judicial, solo se tratan ante el juez competente por ser una estrategia jurídica de defensa del Distrito”. Sin embargo, los documentos que reposan en el juzgado que lleva el caso evidencian la oposición del Distrito siquiera a una salida conciliada con quienes interpusieron la demanda.

Incluso, la contestación de la demanda incluye la petición del abogado del Distrito al juez para que niegue todas las pretensiones de los reclamantes, y asegura que la solicitud es “indistinta y hasta contradictoria”. Según el apoderado judicial de la administración, “la parte actora no sustentó de manera alguna y cierta las razones que fundamentan su solicitud, por cuanto su escrito de demanda se limitó a la mera enunciación de unos artículos de la Constitución, sin fundamentar el concepto de violación”.

El texto de la defensa agrega que no se demostró por qué el alcalde Peñalosa no estaría facultado para proferir el decreto, tal como alegaron los accionantes de la demanda, y que tampoco hubo material para probar que la reorganización de los subsidios tenía como finalidad desconocer los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, y no la de buscar formas de cubrir el déficit financiero que tiene el sistema.

Por ahora lo único cierto es que, pese a las evidencias de parte y parte, el debate continuará y el proceso jurídico mantiene vivas las expectativas de la administración de tener menos “escapes” en el presupuesto del sistema de transporte y de las organizaciones de personas en condición de discapacidad que buscan la reivindicación de sus derechos, que según ellos deben estar por encima de números y dinero.