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La venta de la ETB, a corto plazo, está descartada. Ayer, el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá accedió a la petición de los sindicatos de la compañía y los concejales del Polo Democrático, de anular el artículo 140 del Plan de Desarrollo, que autorizaba su enajenación. Aunque la demanda alegaba varias irregularidades en el proceso, como la falta de estudios técnicos que respaldaran la decisión, el juez sólo avaló dos: la primera, que se violó el principio de unidad de materia al haber aprobado la venta como un artículo más del Plan de Desarrollo, cuando una decisión tan importante debía discutirse como un proyecto de acuerdo independiente. (Lea: ETB: entre la venta y la sobreinversión)
La segunda fue la vulneración del derecho a la participación de la bancada del Polo (opositora del Alcalde), pues no le permitieron intervenir en la comisión. “Antes de que se votara ese artículo, solicitamos la palabra al presidente del Concejo para expresarle que era una decisión inconveniente, pero él decidió continuar sin nuestras observaciones”, dijo el concejal Manuel Sarmiento, uno de los demandantes.
La administración confirmó que apeló el fallo de primera instancia y ahora el futuro de la ETB quedará en manos de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca. “Esperamos que el Tribunal se pronuncie y revise los argumentos del Distrito. En los próximos días sustentaremos el recurso”, expresó Dalila Hernández, secretaria jurídica del Distrito. (Lea: ¿Qué se pretendía hacer con la venta de la ETB?)
Por su parte, Miguel Uribe, secretario de Gobierno, señaló que, si bien la administración respeta las decisiones judiciales, considera que frenar la venta es lamentable. “Esto impide una significativa inversión en el sector social. De paso, este fallo pone en riesgo el patrimonio de los bogotanos, pues la ETB opera en un sector con alta competencia y la empresa, al haber sido mal manejada, la han puesto en desventaja frente a otras empresas del mismo sector”.
El funcionario agregó que, a pesar de estar evaluando otras opciones para insistir en la venta, por ahora la decisión es continuar el proceso judicial. “Estamos convencidos de que hemos cumplido la ley. Sin embargo, los promotores de este proceso han esbozado argumentos malintencionados, tergiversando el tema, haciendo referencia a cosas inexistentes”, concluyó.
Si en segunda instancia la decisión de tumbar la venta de la ETB se mantiene, el único camino que le quedaría a la administración para insistir será radicar un nuevo proyecto en el Concejo. Ante esta opción, para Sarmiento, de entrada, la decisión de primera instancia es un gran “triunfo de la ciudad” y, si el Distrito vuelve a presentar el proyecto ante el cabildo, espera que “la ciudadanía se manifieste y no permita la privatización de este bien”.
Las reacciones
Después del fallo, las reacciones fueron inmediatas. El concejal Diego Molano (Centro Democrático) señaló que la apelación debe ser inmediata, pues “es una empresa que pierde valor en el mercado y está perdiendo capital para hacerse competitiva. Además, se van frenar inversiones fundamentales en colegios, jardines y hospitales, que beneficiarán a las familias más vulnerables, ubicadas en las localidades más marginadas de Bogotá”. (Lea: Las lecciones que dejó el cabildo de la venta de la ETB)
En esto coincide Camilo Silva, analista económico, quien agrega que, con este fallo, las acciones caerán, como ocurrió con Isagén: “El valor de la acción no estaba cerca al de la venta. El mercado estaba cauteloso. La compañía no está mal, pero tampoco tiene estados financieros sólidos ni con proyección de crecimiento. Sin duda esto repercute en una posible venta”.
A Silva le preocupa que el Distrito no recaude los $2 billones que tenía presupuestado con la venta: “La ciudad no quedó bien en sus finanzas luego de la última administración. Ahora se necesita de esas enajenaciones para invertir en obras”. Agrega que, si definitivamente no se puede vender, tendrá que invertir en ella y actualmente no hay presupuesto para eso. “El problema es el tiempo, pues cuanto más se demore el trámite, se deteriorará más rápido, pues la empresa necesita capitalización urgente. Ya pasó una vez. Cuando se quiso vender, la acción valía $1.000, hoy vale $671. El recaudo del Distrito será menor”, concluyó el analista.
El concejal Juan Carlos Flórez (Alianza Social Independiente) señaló que esta mala noticia para el Distrito es una consecuencia de su terquedad por presentar un proyecto sin estudios sólidos. “No se preparó una decisión de semejante magnitud. Esa improvisación, hoy, le ocasiona este revés. No miró alternativas y no se preparó. En el cabildo nos preocupaba que el gerente de la empresa lanzó una estrategia para desvalorizar la ETB y eso, incluso, perjudicaba una futura venta. Hay que tomar la mejor decisión y para eso se debe estudiar bien cuál es el estado de la empresa y qué se puede hacer con ella”.
Para Flórez, si Peñalosa presenta un nuevo proyecto ante el Concejo, “difícilmente lo sacaría adelante”, pues hoy su impopularidad juega en contra de sus alianzas políticas. “Ad portas de un año electoral, nadie va dar una pelea por un gobierno que tiene a la mayoría en contra. Esa luna de miel con los concejales, después del proyecto de la valoración, quedó claro que se acabó”, agregó el cabildante.
Hace tres meses, la banca de inversión J. P. Morgan le entregó a la Alcaldía la valoración de la ETB. Según el estudio, el precio base de venta de la compañía se fijó en $2,38 billones. La administración siempre ha dicho que ese dinero servirá para financiar infraestructura social.
Sus principales bienes son las plantas y redes (fibra óptica), que representan el 75 % de sus propiedades. Sin embargo, también es una compañía con una deuda que alcanza $1,4 billones y una carga en gastos de operación que suman $1,3 billones. Entre sus principales gastos se encuentran el personal, que le cuesta $215.000 millones anuales; mantenimiento y materiales, $147.000 millones; call center, $122.000 millones, y honorarios, por casi $92.000 millones.
El alcalde ha justificado su plan de vender la ETB diciendo que administrar esa empresa representa un riesgo para el patrimonio público, dada la gran competencia del sector de telecomunicaciones y por eso prefiere convertirla en plata para hacer inversión. Los que se oponen a la venta no creen en este discurso y lo ven como una pérdida de un valioso patrimonio de los bogotanos. El futuro de la empresa quedará en manos de los magistrados del Tribunal.