¿Se le enreda la candidatura presidencial a Gustavo Petro?

Un fallo fiscal lo inhabilitaría hasta que no pague $217.000 millones, por un detrimento al Distrito. Aunque el exalcalde califica la decisión como un mandado político y anuncia que la demandará, el Contralor responde que es una decisión en derecho. Petro Atacará fallo basado en una decisión de la CIDH.

Gustavo Petro se prepara para dar otra batalla en el Consejo de Estado.

Se enreda la candidatura presidencial del exalcalde Gustavo Petro. Sin conocerse una decisión del Consejo de Estado sobre la destitución de 15 años que le impuso el exprocurador Alejandro Ordóñez por el cambio en el esquema de basuras, ahora se suma el fallo de la Contraloría Distrital que ratificó que el exmandatario fue responsable de un detrimento al Distrito por casi $217.000 millones, al rebajar en 2012 el pasaje en Transmilenio. Con esto, su nombre quedará en el Boletín de Responsables Fiscales. (LEA: Contraloría Distrital ratifica sanción contra Petro por rebaja de tarifas en Transmilenio)

Según el Código Disciplinario, entre las inhabilidades para ejercer cargos públicos están este tipo de sanciones. Y agrega: “Será inhábil en los cinco años siguientes a la decisión o hasta que la Contraloría declare haber recibido el pago”. Por su parte, la ley sobre procesos de responsabilidad fiscal indica que no se podrán posesionar en cargos públicos, quienes estén en el boletín de responsables fiscales. Es decir, para ser candidato presidencial, Petro tendría que cancelar lo que, según la Contraloría, perdió la ciudad por el decreto que congeló las tarifas en el SITP y que obligó a la administración a transferir más recursos a Transmilenio. (LEA: Contraloría Distrital embarga las cuentas del alcalde Petro)

El exalcalde calificó la decisión como un mandado político, promovido por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. “Tendré que pagar $200.000 millones porque, para el contralor de Vargas Lleras, los usuarios deben pagar hasta el último peso (…) La línea de Ordóñez se extiende a Vargas Lleras Me criminalizan por expedir políticas en las que ellos no están de acuerdo”.

El camino que le queda a Petro ahora es acudir de nuevo a la justicia administrativa para pedir que anule la decisión (como espera con la sanción de la Procuraduría) y así pueda mantenerse habilitado de cara a las presidenciales de 2018 de 2018. Sabe que el fallo, según las leyes colombianas, es un obstáculo en su carrera política, pues en caso de ser electo no podría posesionarse mientras no cancele lo que les debe a las arcas distritales. Por eso su defensa usará como referente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del dirigente venezolano Leopoldo López. “Esa sentencia dice que una multa de una contraloría no puede quitarme los derechos políticos. La única manera de que lo haga es yendo en contra de esa decisión, que es obligatoria para Colombia”.

Frente a esto, una fuente que trabaja en una firma de abogados especialistas en derecho administrativo aclara que aplicarlo implicaría un cambio del código disciplinario, lo que significaría un largo camino, pues “con esa tesis quedarían cortadas todas las facultades sancionatorias de los órganos de control”. Además, “lo clave es entender que los procesos fiscales no son sanciones políticas, sino una decisión que busca reparar lesiones al patrimonio público. Obvio, una consecuencia es que, si gana y sigue en el boletín de responsables fiscales, no se podría posesionar. Si no tiene cómo pagar, eso será otro debate”.

De esta manera, serán los jueces los que tendrán en sus manos el futuro del exalcalde Gustavo Petro como candidato presidencial.

“Que Petro no lleve el debate al plano político”: Contralor

Ante los señalamientos de Petro, quien calificó la decisión de la Contraloría como un mandado político, el contralor distrital, Juan Carlos Granados señaló que la decisión obedece a una investigación de cuatro años y que él es el tercer contralor que conoce el proceso. “Se hicieron auditorías, cuando ni siquiera estaba en la entidad. Además, el fallo de primera instancia lo emitió una funcionaria que yo no nombré y que después reemplacé”. (LEA: "Que Petro no lleve este debate al plano político": contralor de Bogotá)

“El doctor Petro asegura que soy de Cambio Radical, pero mi elección en el Concejo la respaldaron varios partidos. Además, mi último cargo de elección popular como gobernador de Boyacá fue avalado por el partido de La U y el Partido Liberal. Me quieren llevar al debate político y no puedo permitir que decisiones tan importantes las lleven a ese tipo de debates”. (LEA: En firme proceso por rebaja de tarifas en TransMilenio) 

Y agrega: “Hoy Petro se molesta por decisiones frente al SITP. Hace unas semanas fue el alcalde Peñalosa, por decisiones sobre Transmilenio. No se puede pretender que este sea un debate político, para desvirtuar el accionar de la Contraloría, cuando el SITP está con serias amenazas, y menos que se intenten deslegitimar las decisiones, a sabiendas de que se manejan investigaciones sobre temas tan importantes como el deprimido de la 94, los presuntos malos manejos de los recursos de valorización, las motos eléctricas y la controvertida máquina tapahuecos”. (Lea: Contraloría de Bogotá embarga a gerente de Transmilenio por crisis del SITP)

“Aquí ya hay una decisión en firme. A Petro le queda el camino institucional y todas las explicaciones técnicas que pueda esgrimir ante el tribunal y el Consejo de Estado, que hacen control jurisdiccional de nuestras decisiones. No fui yo solo el que tomé esta decisión, fueron tres administraciones de la Contraloría y varias decenas de auditores, que consolidaron los hallazgos. Se le dieron las garantías como a todos los procesados”, concluyó Granados.

El fallo

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro, a quien halló responsable de haberle causado un detrimento patrimonial a la ciudad por la reducción de las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Junto al exalcalde, la decisión afecta a su exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a la exsecretaria de Movilidad Ana Luisa Flechas. (LEA: El Costo De La Rebaja Transmilenio)

La resolución, que establece una sanción por $217.000 millones yal embargo de sus cuentas, tiene que ver con la medida adoptada en agosto de 2012, cuando el exmandatario redujo la tarifa y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle).

Desde ese momento la Contraloría puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida, para evitar un detrimento. El organismo hizo una indagación preliminar a las secretarías de Hacienda, Planeación y Movilidad, a la Alcaldía Mayor y a Transmilenio por las presuntas irregularidades en el proceso del cambio de tarifa.

Ante este proceso, Transmilenio se ha defendido diciendo que “la rebaja de la tarifa no es un subsidios a los usuarios, sino a un nuevo esquema tarifario establecido por la administración de la ciudad”. Por su parte, Petro se ha defendido diciendo que usar recursos del Estado para ayudar a la comunidad, haciendo las tarifas del transporte público más asequibles, no se puede calificar como un detrimento patrimonial.