Secretaria de Cultura le responde a Felipe Negret

Clarissa Ruíz señala que las corridas de toros en la Santamaría desaparecieron por un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no por “un capricho del alcalde”, como lo ha señalado el presidente de la Corporación Taurina.

Clarissa Ruíz. / Archivo

Del fallo que emitirá la Corte Constitucional sobre las corridas de toros en Bogotá dependerá el futuro de la Plaza de Toros La Santamaría. Mientras los magistrados Gabriel Mendoza, Luis Guillermo Guerrero y Mauricio González Cuervo analizan el caso en una sala de revisión, las partes han aprovechado para exponer sus argumentos ante la opinión pública. Por un lado, Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina, sostiene que el Distrito vulneró una serie de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de empresa y el debido proceso. Por otro, la Secretaría de Cultura asegura en este proceso no existe ninguna ilegalidad.

Para Negret, el problema trasciende a un presunto detrimento patrimonial. Según él, la Alcaldía ha dejado de recibir $4.500 millones por las corridas de toros.

Además, la Corporación Taurina ha sostenido que el alcalde no tiene facultades para prohibir la fiesta brava. Otros son, sin embargo, los argumentos de la Secretaría de Cultura, que tras conocer las declaraciones de Negret se pronunció sobre la argumentación jurídica que hay detrás del fallo.

La secretaria de esta entidad, Clarissa Ruíz, le dijo a este diario que “la Alcaldía está obedeciendo la ley. El levantamiento del mandato a la Corporación Taurina se hizo en seguimiento de una acción popular y de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferido en julio de 2012. El Tribunal le ordenó a la Alcaldía realizar un proceso abierto de convocatoria antes de prestar la Plaza la Santamaría; no entregarla directamente a una sola entidad, como se venía haciendo desde 1994”. En relación al presunto detrimento patrimonial, la secretaria asegura que “no ha llegado ninguna acusación formal al respecto”.

Las solicitudes de arrendamiento para la Plaza, dice Ruíz, “fueron extemporáneas. No se puede tildar la decisión de arbitraria porque hubo una tutela que fue interpuesta por la Empresa Toriles en 2007 y que fue resuelta en 2012. Ese año se abrió la Plaza para diferentes eventos culturales y nos dimos cuenta que en 83 años que tiene el escenario no había sido mejorado. En marzo de 2013 el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió la licitación para hacer los diseños de la restauración integral”. Para esta fase el Distrito invirtió $900.640.934.

Sobre la intervención del Distrito para mejorar las condiciones de la Santamaría Negret se ha mostrado inconforme y ha solicitado un concepto por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. “Si la Corte nos solicita otro concepto no tenemos ningún problema. Estamos seguros de que los conceptos del Distrito no fueron amañados y de que la Santa María requiere una restauración” dice Ruíz. Frente a un cierre temporal de la Santamaría, señala que “la ciudadanía tiene que comprender que lo que estamos haciendo se ha hecho con el Teatro Jorge Eliécer Gaitán o el Teatro Colón, tarea que me tocó emprender cuando estaba en el Ministerio de Cultura. Estas restauraciones representan un sacrificio momentáneo”.

El derecho a la libertad de expresión, dice Ruíz, tampoco ha sido violado: “Hay un mandato legal que dice que cualquier arrendamiento debe estar mediado por un proceso de convocatoria pública. La política cultural del alcalde fue votada y aprobada por la ciudad: consiste en proteger todas las formas de vida. No se está coartando la libertad de expresión. Además, la tutela presentada por la Corporación Taurina ha sido negada en primera y segunda instancia”.

 

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