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Por estos días, el aborto ha sido tema de debate en Colombia. Por una parte, la Corte Constitucional estudia dos demandas que buscarían la penalización total de esta práctica y por otra, se conoció la denuncia de un hombre, quien alega que su pareja interrumpió su embarazo con siete meses de gestación. A causa de esto, la Secretaría de la Mujer de Bogotá (SDM) se pronunció y confirmó que aboga por que el aborto es un derecho fundamental de las mujeres y, por ende, debe ser depenalizado.
Esta posición se materializó en un concepto que la entidad envió a la alta Corte. En dicho documento, se detallan las barreras sociales, económicas e institucionales que impiden a las mujeres el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Estas barreras exacerban condiciones de exclusión y discriminación; acentúan desigualdades entre las mujeres y ponen en riesgo su vida y su salud. Ellas, debido a las negativas y obstáculos para acceder a la IVE, acuden a abortos clandestinos", asegura la entidad.
En Colombia, gracias a la la Sentencia C-355 de 2006, se despenalizó la práctica del aborto en tres circunstancias: cuando representa peligro para la vida o para la salud (física y/o mental) de la mujer; cuando hay una grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando sea producto de una violación, incesto o inseminación no consentida. Sin embargo, según la SDM, existe un enorme desconocimiento sobre la normatividad vigente, lo que ha generado restrictivas "por parte de profesionales de la salud, justicia, la ciudadanía y las mismas mujeres".
De igual forma, asegura que, "el modelo de causales que rige actualmente pone en el centro de la toma de decisiones a los profesionales de salud. El procedimiento está supeditado a un concepto médico, quitándole a las mujeres autonomía y libertad para decidir sobre la maternidad".
A pesar de que Profamilia es el ente público que gestiona estos casos, la entidad considera que una de las principales razones para despenalizar el aborto es que esta práctica agrava las brechas económicas entre las mujeres. El argumento es que, quienes tienen los recursos económicos para interrumpir su embarazo acuden a instituciones particulares, mientras que aquellas que no los tienen optan por alternativas que ponen en riesgo su salud, como centros clandestinos.
Según cifras de la Secretaría de Salud, 52.726 abortos fueron realizados en Bogotá, entre 2014 y 2019. De los cuales, el 82 % se realizó a través de servicios o entidades particulares.
Además, la Secretaría también resaltó que la tipificación del aborto como delito genera ambigüedad y estigmatización entre los profesionales de salud. "Quienes deben garantizar y practicar el derecho a la interrupción se enfrentan al dilema si la práctica de este procedimiento representa la comisión de un delito. En algunos casos, es frecuente la discriminación a los médicos que no objetan conciencia al realizar el procedimiento".
La entidad hizo un llamado para que haya un avance en garantizar el derecho a la irrupción voluntaria del embarazo en el país, teniendo en cuanta toda las barreras mencionadas. Además recordó a las mujeres que habitan en Bogotá, que ante cualquier situación que vulnere el ejercicio pleno de sus derecho sexuales y reproductivos, pueden acudir a la Línea Púrpura (018000 112 137) o al chat de Whatsapp (300 755 18 46) para recibir orientación.
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