Procuraduría formuló pliego de cargos

Secretario de Movilidad de Bogotá, a juicio disciplinario por contrato de semáforos

Junto a Juan Pablo Bocarejo, también juzgarán a Carolina Pombo Vidal, directora de asuntos legales, y a la subsecretaria Diana Lucía Vidal. Se les señala de falta de planeación y de omitir sus deberes legales, al no corregir posibles inconsistencias en la licitación, pese a las alertas, y permitir la adjudicación del contrato.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, tiene 10 días para solicitar pruebas, antes de comparecer al juicio disciplinario. / El Espectador

Es tan complejo el entramado de posibles irregularidades alrededor de la licitación y posterior adjudicación del contrato para renovar la red de semáforos de Bogotá, que la Procuraduría tuvo que dividir la investigación en tres procesos independientes. Por un lado está la modificación del convenio que tenía la ETB con la Secretaría de Movilidad, a través del cual se garantizaba la prestación del servicio; por el otro, la posible falsedad en la que incurrió el consorcio que ganó el contrato de modernización, y, finalmente, una supuesta falta de planeación en la elaboración de los pliegos, que hoy tendría en riesgo las arcas de la ciudad. (LEA: Semáforos: los hechos que ponen en riesgo $173.000 millones de los bogotanos)

Y es justo este último caso el que tiene más documentado el ente disciplinario, al punto de que el pasado jueves formuló pliego de cargos contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo; la subsecretaria de servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal, y la directora de asuntos legales, Carolina Pombo, al considerar que incurrieron en una posible falta de planeación, al omitir una serie de alertas alrededor del proceso y permitir la celebración del cuestionado contrato (por $173.000 millones) con el consorcio Movilidad Futura 2050. (LEA: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

A través de un extenso documento, en el que se hizo un pormenorizado recuento de la historia del proyecto denominado Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI), el procurador Wilson Alejandro Martínez, delegado para la Defensa del Patrimonio Público, expuso una a una las pruebas documentales y testimoniales, que lo llevaron a concluir que los investigados posiblemente incumplieron sus deberes como funcionarios públicos.  (LEA: Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá)

En este punto vale recordar que desde que se abrió la licitación la Procuraduría jugó un papel activo. Fueron tantos los reparos y las alertas, que incluso llegó al punto de sugerirle al Distrito que analizara la posibilidad de revocar el proceso, para corregir a tiempo las “inconsistencias y anomalías”. A pesar de esto, la Alcaldía siguió adelante, lo que llevó al ente disciplinario a abrir la investigación por la presunta violación de los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación. (LEA: Contrato de semáforos: ¿lo ganaron con documentos alterados?)

Para contextualizar la decisión, la Procuraduría hizo un recuento en el que se remontó hasta 2010, cuando el Distrito firmó un convenio de cooperación con la ETB y la Universidad Distrital, para el manejo de la red de semáforos y el sistema de comunicación telefónica a través del que funcionan los dispositivos; también mencionó el contrato celebrado por Movilidad en 2016, para elaborar los estudios y la estructuración del proceso de licitación, y, finalmente, los pormenores de la selección del contratista para la renovación semafórica.  (LEA: Ganador del contrato de semáforos admite fallas en estados financieros)

En medio de la cronología hay hechos que el ente de control califica como trascendental para entender el porqué de la investigación. Uno es el otrosí firmado en junio del año pasado, con el que la Secretaría de Movilidad modificó el convenio con la ETB, dejándole solo el manejo del sistema de comunicación y quitándole el del sistema de semáforos, para poder abrir la licitación de la modernización.  (LEA: Así fue como Sutec armó sus balances para el contrato de semáforos en Bogotá)

Otro fue que, pese a tener contratada a una empresa para estructurar la licitación, Movilidad abrió el proceso en julio sin que le hubieran entregado los estudios, los cuales recibió apenas el 24 de agosto. Por último, la modificación que hizo la Secretaría a los pliegos de condiciones de la mencionada licitación, en la que eliminó la obligación de que el ganador retomara como parte de pago los semáforos desinstalados en el proceso. (LEA: ¿Otra falsedad del ganador de la licitación de semáforos en Bogotá?)

A partir de ahí la Procuraduría señala tres conductas posiblemente irregulares, atribuibles a los funcionarios y que demostrarían la falta de planeación. Por ejemplo, en la eliminación de la retoma de los semáforos (que aún tienen vida útil y cuestan casi $13.000 millones) encontró que no se estableció el futuro de esos dispositivos. “Se debe aclarar que la competencia para decidir el destino de esos equipos es de la Secretaría. No obstante, sin importar la decisión, era su responsabilidad asegurar que el patrimonio público estuviera a salvo y evitar un detrimento patrimonial. En este caso no ha definido qué va a pasar con los controladores, algo que debieron evaluar con anterioridad”, señaló la Procuraduría.

Por otro lado, el escrito explica que la red de semáforos actual la integra un sistema de comunicación telefónica, propiedad de la Secretaría de Movilidad, compuesto por una extensa red de cables de cobre y tres centrales ubicadas en Chicó, Paloquemao y Muzú, desde donde se realiza su manejo y gestión. Sin embargo, en la licitación queda claro que, así como se renovarán los controladores de tráfico, también se tendrá que renovar el sistema de comunicaciones. Ante esto, la red de cobre dejará de funcionar y a pesar de que, tanto las centrales como el cobre son bienes públicos cuantificables que quedarán en desuso, la administración ni determinó su valor ni estableció su destino. “Era obligación evaluar esto. Ese cobre es un activo del Distrito y es obligación de los funcionarios investigados velar por el patrimonio de los bogotanos”.

Finalmente, puso en evidencia lo que sería otra improvisación. A pesar de que es indispensable contar con ese nuevo sistema de comunicación para poner a funcionar los nuevos semáforos, “no pasa inadvertido que Movilidad inició la licitación y adjudicó el contrato de semáforos sin siquiera tener diseñado dicho sistema”, señala. A criterio del ente de control, todas estas situaciones tendrían connotación de una falta disciplinaria atribuibles a los tres investigados, no sólo porque todas se advirtieron, sino que fuera de no corregirlas a tiempo, adjudicaron el contrato.

En el caso puntual del secretario Bocarejo, la Procuraduría resalta que “la prueba indica que el secretario participó en diversas reuniones y conoció las observaciones… Fueron diversas las fuentes sobre la violación al principio de planeación. De cara a esa información, y por su cargo, debió intervenir a tiempo para asegurar el cumplimiento de dicho principio. Al ser omitido, a la postre condujo a la adjudicación de un contrato en condiciones riesgosas para el patrimonio de la ciudad. Se infiere que le concernía la responsabilidad de liderar los proyectos de la Secretaría y que, no obstante conocer las posibles irregularidades, al parecer omitió sus funciones. A él le correspondía orientar, controlar y verificar las actividades de planeación en la etapa precontractual, máxime si era un tema de pleno conocimiento del despacho”.

Al margen de esta investigación, la primera que llega a juicio de las tres en curso, el ente disciplinario compulsó copias para investigar los pormenores detrás de la contratación de la subsecretaria Lucía Vidal, al hallar que se modificó el manual de funciones de su cargo un día antes de su nombramiento, al parecer, para contratarla.

Según el pliego de cargos, ni Bocarejo, ni Vidal, ni Pombo quisieron rendir versión libre, ni presentar memoriales ante el despacho. Tras la notificación del llamado a juicio, medida contra la que no procede ningún recurso, los funcionarios tendrán 10 días para presentar descargos y solicitar las pruebas que estimen necesarias para defenderse.