El atentado de ayer contra un bus de la Armada, que se movilizaba por la vía Guaymaral-Chía y transportaba 40 ocupantes, es el primer campanazo de alerta para la administración de Enrique Peñalosa en lo que a actos terroristas se refiere. Y pone sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre la vulnerabilidad de Bogotá ante estos hechos.
No hubo heridos de gravedad, aunque 24 personas fueron trasladadas a los hospitales Militar y Simón Bolívar, así como a la clínica La Colina. El defensor del Pueblo en Bogotá, William Suárez, informó que el artefacto explosivo, compuesto por 400 gramos de pentolita, fue activado a distancia al paso del bus, cuyos ocupantes trabajan en la base de la Armada en Guaymaral.
Bogotá ha sido foco, en el último año, de atentados que han dado para múltiples interpretaciones. Los más recientes fueron perpetrados hace ocho meses, el 2 de julio de 2015, contra dos sedes del fondo de pensiones Porvenir, que forma parte del conglomerado de empresas del banquero Luis Carlos Sarmiento. Ese fue el cenit de una seguidilla de ocho acciones con explosivos que se contaron desde febrero de ese año, sumadas a seis que se registraron en 2014.
El propio presidente Juan Manuel Santos le achacó al Eln la posible responsabilidad de la mayoría de atentados, pero admitió que no estaban claras las pretensiones de esa guerrilla. Una semana después la Policía capturó a 13 supuestos “elenos”, presuntamente involucrados en los hechos, pero quedaron libres cuando una jueza determinó que les habían violado el debido proceso. Aunque el proceso judicial sigue, el caso pasó de ser una muestra de efectividad de la autoridad a un “falso positivo judicial”, como lo calificaron los involucrados y las organizaciones que siempre defendieron su inocencia.
Las dudas sobre la autoría de los ataques persisten. Lo que sí se evidenció fue la falta de articulación entre Nación y Distrito, por un lado, y entre la Alcaldía de entonces y la Policía, por el otro. Son vacíos que ha prometido llenar el gobierno de Peñalosa a partir de una nueva visión que incluye relaciones más fluidas con las Fuerzas Armadas y una nueva institucionalidad representada en la creación de la Secretaría de Seguridad, que seguramente tendrá vía libre en el Concejo.
El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, dice que la nueva administración no tiene, “más allá de las amenazas que hay para el país, información de la Policía o del Ejército sobre un plan para cometer atentados en Bogotá”. Hace un año hubo especulaciones, recuerda, pero no sabe en qué terminaron las investigaciones. El defensor Suárez resalta que su institución ha presentado informes sobre la presencia de bandas criminales y del Eln en la capital.
Para Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional y experto en seguridad urbana, Bogotá es muy vulnerable a estos atentados, porque la Policía no entiende ni incide en la forma como se establecen las redes de control territorial en las grandes urbes. Carece de personal y de tecnología para cubrir de forma eficiente cada localidad. “Toca hacer una reestructuración en la Policía. El cambio debe basarse en las necesidades reales de las ciudades densas como Bogotá, Medellín y Cartagena”, propone. “Hay que tener en cuenta que la finalidad de los petardos es causar miedo. Pero la sensación de inseguridad puede venir tanto de los atentados como de la ineficiencia del Estado. Es vital que se esclarezcan los casos del año pasado para que la ciudadanía no se sienta insegura sobre el sistema judicial y no se cree una especie de política basada en el miedo”.