Sí hay bandas criminales en Soacha

Insiste en que amenazas contra la población de Cazucá no corresponden al accionar de la delincuencia común.

Henry Sosa, personero de Soacha, recibió la denuncia de seis mujeres que fueron amenazadas de muerte hace una semana en Cazucá. / Óscar Pérez - El Espectador

En los últimos meses, Soacha ha vuelto a vivir una preocupante situación tras las amenazas que han recibido habitantes de Cazucá en barrios como La Isla y Villa Mercedes por parte de personas armadas que las han obligado a salir de la zona.

Mientras la Defensoría ha advertido a la Nación sobre la presencia de bandas criminales como los Urabeños y ha señalado que éstos son responsables de intimidar a líderes, madres y estudiantes de Cazucá, la administración y las autoridades aún no han dicho nada sobre el problema. Hablamos al respecto con el personero Henry Sosa.

Luego del desplazamiento forzado contra estudiantes sobre el que alertó la Defensoría del Pueblo, ¿qué otras denuncias ha conocido en Soacha?
El martes de la semana pasada se presentaron en la Personería seis mujeres con 14 niños (de meses y máximo dos años de edad), manifestando que les habían matado a dos familiares el día anterior y que unos encapuchados las amenazaron diciéndoles que si no se iban las iban a matar. Eran habitantes de Villa Mercedes (parte alta de Cazucá).

¿Qué medidas tomaron?
Activamos el comité de protección y el caso se puso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades judiciales. Se les ofreció albergue y algunas fueron a donde sus familiares.

La semana pasada la Defensoría aseguró que hay presencia de los Urabeños en Soacha. ¿Qué dicen la administración y las autoridades del municipio?
El alcalde Juan Carlos Nemocón y las autoridades dicen que no se sabe a ciencia cierta si hay bandas criminales, sino que se trata de delincuencia común. En lo que respecta a nosotros, insistimos en que sí hay grupos organizados en Soacha. El hecho de que siete personas armadas y encapuchadas amenazaran a unas familias en Cazucá es delicado. La delincuencia común generalmente se organiza para un atraco, pero armarse para intimidar u otro tipo de prácticas no es normal.

Sobre el tema de los Urabeños, uno de los indicios que alertaron a la Defensoría y la Personería fue un desplazamiento masivo de habitantes de Buenaventura —donde ha hecho presencia esta banda— a Soacha. ¿Continúa este flagelo?
La Defensoría del Pueblo de Buenaventura dijo que fueron unas 2.500 personas las que salieron de allí el 6 de noviembre. Hasta septiembre habían llegado 3.000 personas a Soacha desplazadas desde esa región, y tan sólo en octubre llegaron otras 576.

¿Cuáles son las amenazas que ha recibido?
El año pasado hubo personas armadas junto a mi residencia. También hubo algunos grafitis cerca a mi casa y he recibido amenazas relacionadas con varios fallos disciplinarios que he proferido contra funcionarios de la administración del municipio. Incluso ha habido calumnias que me llevaron a denunciar la situación ante la Unidad de Víctimas.

En cuanto a los fallos sancionatorios, ¿a qué se deben las molestias?
Hace 13 años que no procedían los fallos de la Personería contra funcionarios del municipio, y eso crea malestar en los servidores. Los de este año han sido contra el actual secretario de Educación y algunos funcionarios técnicos.

¿Ha recibido ayudas para su protección?
En este momento no hemos recibido la protección sino comunicados en los que la aprueban. Sobre el chaleco antibalas, me dijeron desde el año pasado que estaba aprobado, pero no lo he recibido.

Por otra parte, el alcalde Nemocón dijo que en diciembre empezaría a funcionar Transmilenio, pero sin alimentadores. ¿cómo vigilará el tema?
Hemos denunciado que los puentes peatonales tienen una estructura diferente a la de los puentes del Distrito. No entendemos por qué son en concreto y los de Bogotá son en lámina, lo que permite mayor facilidad de modificarlos o cambiarlos. Además son más angostos y esto va a ser caótico. Estaremos pendientes de cómo va a ser la entrada del sistema. Como los contratos son del orden nacional, desde octubre de 2012 radicamos este tipo de denuncias ante el procurador Alejandro Ordóñez.

[email protected]

@VeronicaTellez