“Si no fuera por este fallo, los cerros orientales estarían devorados”: Alonso Pío Fernández

Uno de los miembros del comité de seguimiento del fallo del Consejo de Estado considera necesario evaluar uno a uno los casos de particulares que reclaman derechos adquiridos sobre la reserva natural.

Mañana se reunirá el comité de seguimiento del fallo que protege los cerros orientales, para discutir los derechos adquiridos sobre la reserva.  / El Espectador
Mañana se reunirá el comité de seguimiento del fallo que protege los cerros orientales, para discutir los derechos adquiridos sobre la reserva. / El Espectador

El comité de verificación del fallo con el que el Consejo de Estado protegió los cerros orientales en 2013 se reunirá mañana, en una nueva audiencia. Esta vez, sus 11 miembros expondrán lo que piensan de la propuesta conjunta que hicieron la Secretaría de Planeación y el Ministerio de Vivienda, en la que se pone sobre la mesa uno de los asuntos más álgidos que rodean los cerros: los derechos adquiridos. En esencia, ambas entidades proponen respetar las licencias de construcción (incluso las que apenas estaban en trámite) que existían antes de 2013. El Espectador habló con Alonso Pío Fernández, procurador ambiental y agrario que tiene asiento en el comité.

¿Qué está en juego este jueves?

El futuro de los cerros en lo que tiene que ver con las personas que aseguran tener derechos adquiridos. Son los propietarios de inmuebles intervenidos y de otros con la expectativa de ser intervenidos. No creo que en la sesión se deshilvane todo, pero en cada reunión nos vamos acercando más.

¿Ha funcionado el comité?

Las relaciones son buenas, a pesar de las dificultades de articular 11 entidades entre las que se cuenta, por ejemplo, la sociedad civil a través de una ONG. El comité tiene una buena dinámica. Hay intereses diversos, porque conjugamos administraciones de los órdenes distrital y nacional. Con el cambio de alcalde y de ministro de Ambiente la relación fluye mejor. Ahora la administración, siento yo, se ha alineado con autoridades del orden nacional y regional, como la CAR. El diálogo fluye y las reuniones resultan más efectivas. No se puede perder el norte de que tenemos que verificar el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado, pero eso depende en buena medida de la voluntad del gobernante de turno y de las demás instituciones.

A tres años del fallo, ¿cómo ha cambiado la situación de los cerros?

Se ha logrado su reivindicación como un ecosistema importante para quienes vivimos en Bogotá. Se logró hacer conciencia en cuanto a la necesidad de su conservación, de rescatar el valor que tienen como proveedores de agua, de especies de flora y fauna que sólo habitan allí. No todo el mundo lo sabe. También se logró parar, de alguna manera, el desarrollo urbanístico que se venía dando hacia el oriente de la ciudad.

Si pasa la propuesta del Minvivienda y el Distrito sobre derechos adquiridos, se reactivarían unas construcciones. ¿Qué piensa la Procuraduría?

Ese es el eje de los últimos debates del comité. Detrás hay muchos intereses económicos, porque algunas constructoras aducen tener derechos adquiridos y todos quieren sacar partida. Como Procuraduría, más que decir sí o no, tenemos que velar por el cumplimiento del fallo. Y como no somos autoridad ambiental, ni siquiera un ente distrital, se espera que sean justamente las autoridades distritales y regionales las que decidan. Soy de los que creen que debe analizarse caso por caso. No se pueden medir con un mismo rasero las firmas constructoras que tienen construcciones paralizadas, las que tenían plan de urbanismo desarrollado y las que tenían planos hechos o la orden de un curador.

¿A qué se refiere cuando habla de intereses?

Hablo de intereses particulares de las firmas constructoras que tenían una expectativa allí, proyectos, que habían exhibido salas de ventas para un proyecto elaborado que les tocó suspender porque no hubo licencia. Esas firmas seguramente mantienen algunos planos y no sé qué tanto interés tenga la comunidad de comprar hacia los cerros. Seguramente sí, por lo bonito y la cercanía con el centro y los principales puntos de actividad de la ciudad, pero todo eso está quieto. Ahí es cuando vuelve uno al tema de los derechos adquiridos. Es que hubo un error: la constitución de la reserva en 1977 no se escribió en la oficina de registro de instrumentos públicos, entonces, si se quiere, hay personas a las que se les podría reconocer algún derecho porque edificaron de buena fe.

Eso es lo que proponen el Minvivienda y la Alcaldía.

Sí. Ahora, si usted es de una constructora y solicita el certificado de registro de instrumentos públicos y no existe reserva al ejercicio de la propiedad, echa ladrillo. Si un curador le expide una licencia de construcción o de urbanismo, sólo resta conseguir al inversionista y empezar a vender. Pero si usted sabía que había una reserva o una delimitación y empieza a construir, entonces se evalúa la buena o mala fe. Pero ¿cómo pruebo si no hay inscripción en el título de la propiedad que se compró? Es necesario ver cada caso. Hay diferentes medios para probarlo: que hubo un policivo o que cualquier alcaldía suspendió la obra. Pero de todas formas es muy complicado tomar decisiones para todos con un solo rasero. Yo no soy un verde, un fanático a ultranza; creo que el recurso está para explotarlo, pero de manera sostenible, porque, de no ser por las medidas adoptadas por el Consejo de Estado, le aseguro que el estado de los cerros sería peor que el que vemos ahora.

Si no fuera por el fallo, ¿estarían devorados?

Creería que sí. Este fallo y el del río Bogotá son lo mejor que le ha pasado a la ciudad en los últimos años, ambientalmente hablando.

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