Luego de que Emilio Tapia, uno de los testigos estrellas de la Fiscalía en el proceso por el carrusel de la contratación, le contara a El Espectador cómo se habría organizado un complot entre los operadores privados de aseo de Bogotá para “tumbar” al alcalde Gustavo Petro, Ivonne Aristizábal representante de dos de las cuatro empresas (señaladas por el supuesto plan) negó los señalamientos y dijo que, por el contrario, siempre colaboraron con el servicio.
Tapia reveló a este diario que una vez llegó el alcalde Gustavo Petro con la idea de quitarles el negocio a los operadores (Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa), éstos decidieron “no aceptar una nueva prórroga”, de manera que el alcalde no tuviera fácil la tarea de conseguir 700 camiones.
Ivonne Aristizábal, vocera de las empresas Aseo Capital y Lime, respondió a este diario que ellos “suscribieron hasta el último documento solicitado para proteger la prestación del servicio, como la prórroga (hecha a su contrato) en agosto de 2012 y que terminó en diciembre de 2012, cuando el alcalde Petro implementó su nuevo esquema de aseo”.
“Siempre fuimos colaboradores del Distrito en el aseo. Fuimos partidarios de que si no existía una prórroga en los contratos, queríamos prestar el servicio en libre competencia. Se lo dijimos al alcalde, a los medios de comunicación. Pero el 10 de diciembre, con la expedición del decreto, el alcalde Gustavo Petro nos prohíbe a quienes no estemos autorizados por el Distrito prestar el servicio de aseo”, indicó la vocera de las empresas.
La explicación de Aristizábal se basa en que luego de que Petro expidiera el decreto 564 el 10 de diciembre para reglamentar su nuevo esquema público de aseo, a los empresarios se les prohibió e ingreso al Relleno sanitario Doña Juana a partir del 18 de diciembre. “Por tanto, estábamos siendo declarados prácticamente ilegales en ese decreto”, agrega Aristizábal.
Por su parte, Armando Gutiérrez, vocero de Atesa, dijo ayer que una vez concluido su contrato, el 22 de diciembre, “para garantizar la continuidad y calidad del servicio”, facilitó la base (de camiones) en alquiler para que el Distrito siguiera operando y, por petición de Aguas de Bogotá, se hizo el alquiler de compactadores de basura y equipos especializados, “que aún está vigente”. Agregó que la empresa prestó asesoría y acompañamiento al Distrito en la primera semana de operación sin ningún costo.
El asesor legal del alcalde Petro en el proceso, Daniel Prado, dijo respecto al testimonio de Tapia que “podría llamarse en algún momento a la Fiscalía para que lo reciba como pruebas en el esquema de trabajo del carrusel: analizar cómo los que participaron en las basuras estarían relacionados con el carrusel de la contratación”.
El alcalde Petro se tomó tan a pecho las revelaciones que Tapia contó a este diario, y que ya había confesado a la Fiscalía, que en su cuenta de Twitter aseguró que con éstas “el procurador se retracta o debería renunciar”.