Siete años del crimen de Diego Felipe Becerra: persiste el grito de justicia

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Siete años han transcurrido desde el crimen de Diego Felipe Becerra, el grafitero de 16 años que perdió la vida en la noche del 19 de agosto de 2011 a manos del patrullero Wílmer Alarcón, en hechos ocurridos cerca del puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Desde entonces, sus familiares adelantan una intensa lucha judicial para que los responsables del homicidio y de la alteración de la escena del crimen –para hacer creer que el joven estaba involucrado en un asalto– respondan por lo ocurrido.

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Para conmemorar los siete años de su muerte, sus allegados buscan homenajearlo por lo alto: dentro de un mes, el próximo 22 de septiembre, congregarán a decenas de grafiteros alrededor del puente de la 116, donde van a levantar murales y expresiones artísticas para recordar su memoria. Por otro lado, el 17 de noviembre realizarán un festival de hip-hop y rap en la Media Torta.

Para Gustavo Trejos, padrastro del joven, tras siete años del crimen de Diego Felipe, hay sentimientos encontrados: por un lado, la tranquilidad y reposo de que se haya condenado a 37 años de cárcel al patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón Vargas, por el homicidio.

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El uniformado fue hallado responsable de accionar su arma de dotación contra el joven luego de una supuesta persecución que inició Alarcón contra el grafitero, quien, según dijo el uniformado, había atracado un bus de servicio público. El uniformado siempre declaró que le disparó en legítima defensa.

“Logramos algo bueno y fue la condena contra el patrullero, al demostrar que había cometido un asesinato y que había habido un falso positivo detrás del crimen de Diego Felipe. Logramos una condena ejemplar de 37 años de cárcel”, destaca Trejos en relación con la condena que impuso el Juez 43 de Conocimiento de Bogotá

Sin embargo, por el otro lado persiste un sabor amargo: el uniformado permanece prófugo de la justicia. En agosto de 2016, Alarcón había sido dejado en libertad porque, según el juzgado 47 de Conocimiento de la capital, desde mayo de 2016 se vencieron los términos entre el inicio del juicio y la etapa de acusación. En ese momento, el proceso se encontraba en fase de alegatos finales y se esperaba que el juez responsable del caso emitiera el fallo correspondiente.

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“Lo dejaron libre por vencimiento de términos y lleva prófugo dos años. Creemos que lo dejaron libre porque estaba vinculando generales de la Republica al proceso, por eso hicieron todo para que recobrara su libertad”, lamenta Gustavo Trejos.

No son alentadores los avances que hay frente al otro caso que investigan las autoridades: la alteración de la escena del crimen. La teoría de la participación de la Policía en este caso todavía se investiga. Sin embargo, la justicia ya se ha encargado de dar algunas luces.

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Horas después del homicidio de Diego Felipe, en la madrugada, apareció una pistola Sterling en la escena del crimen que, según la Policía, fue usada por el joven, a quien acusaron de haber asaltado una buseta. Cinco días después, cuando circulaba en los medios el testimonio del conductor Jorge Narváez asegurando haber sido víctima del robo, se conoció el dictamen de Medicina Legal, según el cual Becerra no manipuló un arma de fuego el día de su muerte.

“El caso de la alteración de la escena del crimen ha sido muy complicado: nos demoramos cinco años para que condenaran al patrullero Alarcón y en el otro proceso llevamos siete años. Van 36 audiencias preparatorias, se han presentado dilaciones y no avanza el proceso”, agrega el padrastro del joven.

Por la alteración han sido condenados tres uniformados que llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y están colaborando con la justicia: los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez, que aceptaron su responsabilidad en el encubrimiento del crimen y fueron condenados a 48 y 60 meses de prisión, respectivamente. El patrullero Giovanny Tovar también consiguió un trato con el ente investigador. Reveló cómo consiguió el arma que se plantó en la escena del crimen y fue condenado a 60 meses de cárcel. Actualmente, se encuentra en un programa de protección de testigos pues, tras ser cobijado con medida de casa por cárcel, fue víctima de un atentado.

“Faltan 10 personas por condenar, entre ellos tres coroneles. Tenemos pruebas muy fuertes y para mediados del próximo año esperamos que ya haya condenas y destituciones”, precisó Gustavo Trejos, recordando que en el proceso disciplinario la Corte Constitucional los reconoció como víctimas y catalogó la muerte de Diego Felipe como “una ejecución extrajudicial por parte de miembros de la Policía, un falso positivo urbano y una grave violación al DIH”.

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