Sin casas para las víctimas

Cerca de 600 familias desplazadas fueron desalojadas de un predio en San Cristóbal, luego de protestar para exigir viviendas.

Este es el lote del barrio Santa Rita del que fueron desalojadas las familias. / Gustavo Torrijos

La población víctima del conflicto armado que vive en Bogotá ha escuchado muchas promesas. Una de ellas: que el Gobierno les entregará 40.000 viviendas de interés prioritario (VIP), pero a la fecha aún está en el papel. Por eso, como protesta, el domingo 600 víctimas se tomaron un predio en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal. En la madrugada de ayer, el Esmad de la Policía los desalojó del predio. Según la Alcaldía, hubo tres heridos y cuatro detenidos.

“Desde el año pasado hemos hecho convocatorias para llamar la atención del Gobierno. Somos 4.000 víctimas las que hemos protestado por el incumplimiento de las promesas. Ayer hubo una represión brutal: había niños y mujeres embarazadas, y lo que hizo el Esmad fue sacarnos con gases lacrimógenos. A la fecha no conocemos los subsidios de vivienda, pese a que los prometieron hace tres años”, dijo Crispín Otavo, líder de la corporación de desplazados Corandicol.

Ana Teresa Bernal, alta consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, instaló una mesa de diálogo con la secretarías de Hábitat y Gobierno y la población desplazada. “ Lamentamos mucho que esta situación se haya presentado. Abrimos un espacio de interlocución, porque la vivienda es un factor determinante en la reconstrucción de un proyecto de vida y en un proceso de reparación para quienes lo perdieron todo. Había un compromiso de 40.000 soluciones de vivienda al principio del gobierno de Juan Manuel Santos. Esa cifra quedó reducida a menos de 7.000, por eso se sigue presentando un gran déficit de vivienda para esta población”.

El pasado 19 de diciembre, el grupo de 4.000 víctimas presentó 12 solicitudes ante la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda: “Garantizar el cumplimiento de los 14 derechos de retorno y reubicación establecidos en la Ley de Víctimas; incluir el programa de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo; asignar recursos al programa de vivienda en Bogotá; que el programa incluya las cinco modalidades de vivienda: nueva, usada, mejoramiento, construcción sobre lo construido y construcción de lote propio; incorporar criterios diferenciales; asignar mínimo 60 salarios mínimos aplicables a cualquiera de las cinco modalidades de acceso a vivienda; exigir como único requisito el reconocimiento como víctima en el RUV (Registro Único de Víctimas); garantizar vivienda a víctimas que vivan solas; consultar a las familias sobre el lugar de la asignación de la vivienda; permitir la separación del núcleo familiar, y financiar el programa de vivienda gratuita para víctimas con un impuesto para la paz”.

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, es consciente de que la demanda de vivienda es mayor a la oferta. De hecho, en Bogotá se tienen registros de 617.000 víctimas, de las cuales 525.000 son desplazados. Sin embargo sostuvo que la responsabilidad no puede recaer solamente en el Gobierno Nacional: “Para el programa de 100.000 viviendas gratis, el 50% fue asignado a las víctimas. Es cierto que la cifra de 40.000 viviendas se redujo. Pero ¿por qué se redujo? Bogotá me presentó un proyecto y nosotros comenzamos por asignarle 11.000, que no ejecutaron. Hubo fallas en la gestión del suelo y terminaron solicitando 4.900 viviendas para las víctimas. Nuestra aspiración es que sean entregadas. Sobre el diálogo con el grupo de víctimas, estamos abiertos a escucharlos, sólo es que pidan la cita”.

A diciembre de 2014, el Distrito había entregado 1.155 viviendas para las víctimas del conflicto. La Secretaría de Hábitat ha respondido en diferentes ocasiones que el Ministerio de Vivienda no ha asignado los cupos necesarios para cumplirles a las víctimas en la ciudad.