Está prevista para el 11 de marzo de 2018

Sin recursos para consulta antitaurina

En mayo de este año, después de que la Corte Constitucional reviviera la consulta antitaurina en Bogotá, la administración de Enrique Peñalosa aseguró que el 13 de agosto sería el día en que los ciudadanos saldrían a las urnas para expresar si están de acuerdo o no con que continúe esta práctica en Bogotá.

En medio del debate, en enero se realizó la temporada taurina. / Archivo

La fecha está cerca, pero el Distrito decidió ayer cambiarla a última hora, pues no cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo. Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, el Distrito “ha realizado todas las acciones para cumplir el fallo”.

En ese sentido, indicó que se realizaron reuniones con el Ministerio de Hacienda y la Registraduría para determinar quién debía financiar la logística de las votaciones. Mientras no se defina jurídicamente de dónde deben provenir los recursos para la realización de la consulta, la administración acató la indicación de la Registraduría y suspendió la fecha.

Natalia Parra, directora de la plataforma Animales Libres de Tortura (Alto), calificó de sensata la decisión, argumentando que se debe realizar un debate nacional sobre la financiación de estas consultas en el país: “Hay un vacío legal sobre quién pone la plata. Los ciudadanos no queremos que se afecte el erario, pero tampoco nuestro derecho a la participación ciudadana”.

Para Parra, sería ideal que la consulta coincidiera con las elecciones del Congreso, para que el encargado de financiarla no gaste tanto dinero, pues se ahorrarían el presupuesto de la logística, que muchas veces es lo más costoso. “Solo habría que preocuparse por el tarjetón”, agregó. La Registraduría Distrital informó que la consulta cuesta $44.000 millones. Entre los gastos están los jurados y toda la infraestructura.

El Distrito ya había intentado cambiar la fecha en junio, pero la Corte Constitucional negó la ampliación del tiempo: “Esta Corte no puede proceder a autorizar, o no, la modificación de la fecha de la consulta popular definida por el mismo Distrito Capital, pues esa decisión escapa a su valoración como juez constitucional”.

Esta iniciativa del exalcalde Gustavo Petro ha tenido un largo recorrido jurídico. Todo empezó cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 2015, le dio luz verde a la consulta, por considerar que se ajustaba a la nueva Ley de Participación Ciudadana y no era contraria a ninguna norma constitucional.

Sin embargo, unos meses más tarde, los aficionados a la fiesta brava no se quedaron quietos. Tras conocer el fallo, radicaron 16 tutelas ante el Consejo de Estado, en las que dijeron que se habían violado sus derechos, pues se habían desconocido las sentencias sobre la protección de la tauromaquia como expresión artística y cultural, así como los derechos fundamentales de las personas involucradas en las actividades taurinas y el derecho de las minorías a acceder a la cultura sin discriminaciones. El Consejo de Estado aceptó los argumentos de los tutelantes y revocó la decisión, dejando sin piso jurídico la consulta.

Luego, la discusión pasó a manos de la Corte Constitucional, que finalmente falló a favor del mecanismo de participación ciudadana. Al estudiar un fallo del Consejo de Estado, determinó que preguntarles a los ciudadanos qué opinan de esta práctica es constitucional y relevante para la decisión que tiene que tomar el Congreso de prohibir o no esta práctica.

La pregunta que tendrá el tarjetón será: ¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? Los ciudadanos podrán marcar entre las opciones sí o no. En julio pasado, la administración tuvo que elaborar un nuevo decreto para convocar a los capitalinos las urnas. ¿La razón? En el tarjetón planteado para responder a la pregunta se incluyeron además de las opciones sí y no, la alternativa del votar en blanco. Tal como lo dispone la ley, en el caso de este tipo de consultas las preguntas deben esta redactadas en forma clara, de tal manera que pueda contestarse con un sí o con un no. Es decir, que la opción del voto en blanco no es válida.

Según la administración distrital, 1,8 millones de habitantes deben comparecer a las urnas para que la consulta sea válida.

 

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