Sin solución para las curtiembres

Para descontaminar el río Bogotá antes de 2044, como lo ordenó el Consejo de Estado, las autoridades ambientales deberán formular un plan para las empresas de cuero.

Dos curtiembres, de 110 que existen en Chocontá y Villapinzón, cuentan con permisos ambientales. / Gustavo Torrijos

El deterioro ambiental de la cuenca alta del río Bogotá tiene origen en Villapinzón y Chocontá. Las empresas de curtiembre asentadas en la ronda del río han sido el principal agente de contaminación, aunque se suman los desechos de ambos municipios, que no cuentan con plantas domésticas de tratamiento residual. Este escenario es uno de los primeros a intervenir para que el río Bogotá, como lo ordenó el Consejo de Estado, sea descontaminado antes de 2044.

Detrás de la purificación del río está la tradición de cientos de familias que han utilizado el cuerpo de agua para convertir la piel de los animales en cuero. Por esta actividad, según estudios de la Universidad Nacional, el río ha recibido químicos como sulfuro y cromo, ambos indispensables para la producción de cuero. Antes de 2017, como lo estipuló el Consejo de Estado, la ronda del río debe estar libre de curtiembres.

De las 74 empresas de curtiembre que la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca tiene registradas en Villapinzón, solamente dos cumplen con las normas ambientales. De estas empresas dependen 662 personas que trabajan en la industria del cuero. Si se suman las de Chocontá (ver infografía), son 862 empleos generados por las compañías de cuero.

Descontaminar el río sin afectar la producción de cuero es el dilema que las autoridades ambientales tienen que enfrentar. Sin embargo, es poco lo que han hecho en los últimos años para resolverlo. Tanto la Gobernación como la Alcaldía de Villapinzón y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) han señalado que reubicar a las empresas de curtiembres en menos de tres años es un objetivo difícil de cumplir.

Los planes para recuperar la ronda del río no están tan claros. Por un lado, existe una propuesta formulada desde 2006 para construir un parque ‘ecoeficiente’ en la vereda Chingacio, ubicada en Chocontá, en donde las empresas curtidoras podrán trabajar sin contaminar el río y con una planta común para el tratamiento de agua. Por otro, los dueños de las empresas de curtiembre han señalado que lo más eficiente es construir un conector por toda la ronda del río Bogotá que recoja las aguas residuales. Ambos proyectos, como lo pudo confirmar este diario, no han sido estructurados.

La propuesta del parque tomó forma durante la administración de Andrés González Díaz (2008-2011). Los diseños, el área de construcción y las características arquitectónicas quedaron archivados en la Gobernación. Según la Secretaría de Ambiente, los diseños propuestos no se ajustan del todo a las aspiraciones del Consejo de Estado.

Aunque la idea no ha sido descartada, en la Gobernación sostienen que es necesario realizar “algunos ajustes” para que sea viable. Marcela Orduz, secretaria de Ambiente de la Gobernación, le dijo a este diario que “el parque está por fuera de cualquier proyección presupuestal del departamento y el Distrito. Necesitamos recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional. El lote ya fue seleccionado, pero es necesario considerar que hay que indemnizar a las empresas curtidoras”.

Para el alcalde de Villapinzón, Hernán Rogelio Garzón, existen varias dudas sobre el proceso de reubicación: “No sabemos exactamente cuántos curtidores tendrán que ser reubicados en el parque. Y lo más complicado: ¿quién paga la reubicación?, ¿quién asume el costo de las instalaciones?, ¿en qué circunstancias se van a entregar los terrenos?”.

Hasta el momento, explica el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, “se tiene planeada una forma de permuta, que las empresas le entreguen los predios a la CAR y nosotros los reubicamos en la vereda Chingacio. En lo que tiene que ver con la financiación, nosotros consideramos que ellos, como sector privado, tendrán que hacer un esfuerzo y el Gobierno Nacional tiene que meterse la mano en el bolsillo. Los avances dependen, en gran medida, de lo que el sector proponga como iniciativa privada”.

 Propuesta de los curtidores

 Édgar Gil es presidente de la empresa Colombo Italiana de Curtidos y representante del sector ante la Gobernación y la CAR. Su empresa es una de las que cumplen con los requisitos ambientales. No obstante, es consciente de las dificultades que tienen las otras curtiembres para ser legalizadas: “La mayoría de empresas que están en la ronda del río son pequeñas y es difícil que puedan cumplir con los requisitos ambientales. Una planta de tratamiento para una empresa pequeña puede costar $300 millones”.

Por esta razón ha propuesto, con empresarios de la industria, “hacer una gran planta de tratamiento, con un conector en donde se canalicen todas las aguas residuales. Se haría en año y medio a más tardar y solucionaría el problema casi de manera definitiva”.

El traslado al parque ecoeficiente es un escenario que también representa problemas para algunos curtidores. El presidente de la Asociación de curtidores de Villapinzón y Chocontá (Acurtir) asegura que “las familias que trabajan en la ronda del río, que son cerca de 44, no están dispuestas a irse así como así. Ellos solamente se van si hay un negocio justo, pero no por medio de desalojo y sin indemnización. La opción más sencilla, por esa razón, es implementar el conector que recoja todas las aguas residuales de las pequeñas y medianas empresas”.

 Los reparos de la CAR

 El director de la CAR considera que la propuesta de los curtidores es inviable: “La ley no permite que existan empresas de curtiembre en la ronda del río. La idea no es descabellada, pero requeriría de un marco jurídico especial”.

De acuerdo con la CAR, el 95% de las empresas de curtiembre tienen medida preventiva: “se nos ha salido de las manos la posibilidad de controlarlos. Trabajan en la noche o los fines de semana. La gran mayoría son familias que realizan el proceso en sus mismas casas”, explica Ballesteros.

Adicionalmente, la ausencia de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en cada uno de los municipios ha provocado que el río Bogotá sigua siendo contaminado. Al respecto, Ballesteros señala que la CAR ha invertido cerca de $100 mil millones en la construcción de plantas de tratamiento. Sin embargo, advierte que “para construir todas las plantas serían necesarios $400 mil millones más. Y en el aspecto financiero, el fallo del Consejo de Estado no especifica cuáles son las entidades que financiarán las obras”.

Tampoco hay certeza sobre el número de empresas a reubicar. Aunque Acurtir tiene sus propias cifras sobre el número de productores, la Gobernación no cuenta con un censo actualizado. Se espera que en junio de este año el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (Idea) entregue un diagnóstico sobre las empresas de curtiembre en la cuenca alta del río.

El Idea, que firmó un convenio con la Gobernación para desarrollar una investigación sobre la descontaminación del cuerpo de agua, tiene la meta de legalizar 10 curtiembres y capacitar otras 30 en los próximos seis meses. El director de la investigación, José Stallin Rojas, dijo que “a pesar de que el vertimiento de las aguas residuales de las curtiembres van hacia el río Bogotá, la problemática ambiental ha disminuido en la última década. Cerca del 80% realiza separación de aguas y un 60% de las curtiembres tienen un sistema de tratamiento ambiental”.

 

 

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