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Como una estrategia para contrarrestar el accionar delincuencial dentro y fuera de centros comerciales en Bogotá, las autoridades sellaron una alianza con 18 grandes superficies ideada para que sus sistemas de vigilancia estén conectados con los de la Policía Metropolitana.
Según el Distrito, actualmente hay más de 50 cámaras perimetrales de propiedad de los establecimientos que se encuentran interconectadas a las salas de monitoreo de los 4 Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana de la Policía. Además de las tareas de vigilancia, se intensifica un trabajo de monitoreo de lo que sucede en los entornos.
Adicionalmente, en inmediaciones de los centros comerciales y grandes superficies se cuenta con más de 120 cámaras pertenecientes al sistema de video vigilancia de la ciudad. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, desde noviembre pasado a la fecha, se han instalado 60 cámaras de las 200 que se conectarán en total.
“Trabajamos en el componente tecnológico, y con instancias de participación ciudadana, es decir, frentes de seguridad y redes de apoyo. También se cuenta con un registro de los delitos que se están presentando y mantenemos una comunicación directa entre los centros comerciales y los cuadrantes de la Policía. Buscamos además difundir medidas de prevención y autoprotección para los clientes”, manifestó el funcionario.
La administración destacó que, en octubre pasado, en coordinación con la Policía y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), se creó un primer frente de seguridad de centros comerciales. A la fecha, 15 de estos complejos se han unido a la iniciativa. En paralelo, se adelanta un trabajo focalizado de intervención para la desarticulación de estructuras criminales que afectan a comerciantes y usuarios.
Como una estrategia de reparación y resocialización, se está aplicando el principio de oportunidad que contempla la justicia juvenil restaurativa para menores de edad que cometen hurtos en estos establecimientos. “De esta manera los menores infractores no son privados de la libertad, sino que acceden a una ruta de resocialización donde se responsabilizan por el daño causado, reparando a la víctima y reintegrándose a la sociedad. Hasta el momento se han atendido 15 casos desde noviembre de 2017”, agregó el Distrito.
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