Son tres los contratistas investigados por los atentados

Paola Andrea Salgado Piedrahita, quien laboraba para el hospital de Suba; Sergio Esteban Segura y Lorena Romo Muñoz son los contratistas del Distrito investigados por los atentados en Bogotá.

Lorena Romo Muñoz y Paola Andrea Salgado Piedrahita.

Paola Andrea Salgado Piedrahita, a Sergio Esteban Segura Guiza y Lorena Romo Muñoz son los tres contratistas del Distrito que la Fiscalía investiga y que fueron detenidos al ser sospechosos de haber participado en la ola de atentados que perpetró el Eln en Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Salgado Piedrahita ha tenido varios contratos con la administración desde 2012, algunos de ellos con centros asistenciales del Distrito. Actualmente trabajaba para el Hospital de Suba como líder de los procesos de salud sexual y reproductiva. Ha sido reconocida como activista en defensa de los derechos sexuales de la mujer e, incluso, su tarea en la administración consistía en estructurar proyectos encaminados a este asunto.

Por su parte, Segura Guiza y Romo Muñoz tienen contratos de prestación de servicios con la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación. El primero desde 2013 y la segunda desde hace dos meses. Sin embargo, tras la detención, los contratos quedaron suspendidos, ya que esta es una causal para proceder a su interrupción temporal.

En medio del escándalo el Distrito aclaró que, según los certificados de antecedentes judiciales de la Policía Nacional no tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales, así mismo no registran sanciones e inhabilidades vigentes en la Procuraduría General ni en la Personería Distrital. Por esta razón, al momento de su contratación, no encontraron inconvenientes para vincularlos a labores con la administración.

Ante las capturas, la organización Congreso de los Pueblos, a la que pertenecen algunos de los detenidos durante las operaciones contra la supuesta red responsable de los atentados, rechazó las capturas y las calificó de “falsos positivos judiciales” contra “integrantes de procesos sociales y estudiantiles”.

“Exigimos garantías al debido proceso de las personas detenidas el día de hoy, toda vez que los medios de comunicación y el alto gobierno, desconociendo la presunción de inocencia, ya han emitido una condena anticipada al imputarles públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial y debido proceso al que tienen derecho. Exigimos al gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia”, dice la organización, que integra diversas organizaciones sociales y políticas de izquierda desde 2010.

Dio entrevista a El Espectador

De los tres contratistas, Salgado ha sido reconocida como una activista que trabaja en defensa de los derechos sexuales. Como abogada obtuvo reconocimiento hace tres años por haber acompañado en el proceso jurídico a una menor, de 12 años, que libró una batalla contra una EPS para que le autorizaran la interrupción de su embarazo. A pesar de que ganó el proceso en la Corte Constitucional, el fallo salió cuando la menor ya era madre. En esa oportunidad, Salgado habló con El Espectador.