Subsidio para el SITP costaría $150 mil millones

Si algo tiene claro la administración de Gustavo Petro es que se la jugará por un subsidio en las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para los más pobres de la ciudad, aun cuando no se tiene claro cuál fue el impacto en las finanzas de la ciudad luego de la rebaja en el pasaje de Transmilenio ordenado hace un año. El mandatario no tiene una fecha definida para la implementación de este proyecto pues debe blindar su legalidad y hoy el dilema está en decidir si lo decreta o lo somete a la aprobación del Concejo.

El primer objetivo del ambicioso proyecto de la administración es mejorar el acceso de los estratos 1 y 2 al transporte público. Se trata de una población que destina casi el doble de sus ingresos mensuales para moverse en los buses de la capital, en comparación con los estratos más altos. Lo que representa una de las mayores inequidades en materia de movilidad.

Por eso el Distrito buscó el acompañamiento del Banco Mundial (BM) para que realizara un estudio sobre la viabilidad de la propuesta. Dos meses después de haber comenzado la tarea, la entidad le recomienda a la administración dos formas para focalizar el subsidio: geográficamente o por medio de la metodología del Sisben, como se lo contó a El Espectador el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Camila Rodriguez, especialista en infraestructura del BM, indica que utilizar la metodología del Sisben tiene ventajas como un mejor control del posible abuso del subsidio (por beneficiarios que no deberían recibirlo) y la experiencia tanto del Distrito y la Nación con este instrumento para identificar a la población de favorecida en otros programas sociales.

En cuanto a la alternativa por focalización geográfica, Bonilla explica que el subsidio podría comenzar en zonas como Usme, pues allí por lo general tienen dificultades económicas y sus viajes son muy largos. El miércoles pasado Petro dijo en esta localidad que la nueva tarifa del SITP sería de $1.000 para esta población. Sin embargo, Bonilla reconoce que la opción más recomendada por el BM es la de la metodología del Sisben. De esta manera cerca de 1’200.000 bogotanos, que hoy hacen parte del régimen subsidiado de salud, estarían favorecidos con el plan del Distrito.

Sea cual sea la alternativa que escoja la administración para otorgar el subsidio, el estudio del BM resalta que debe tener una implementación gradual para que el Distrito pueda ajustar su estrategia. El beneficio costaría $150 mil millones anualmente una vez esté funcionando plenamente.

Pero para llegar a este punto, la administración tiene fundamentales tareas pendientes. Quizá la más importante de ellas sea asegurar la sostenibilidad financiera del SITP. Tan sólo hasta marzo de este año la secretaría de Hacienda tuvo que girarle a Transmilenio $110 mil millones para cubrir lo invertido en la rebaja en los pasajes que ordenó el alcalde hace un año. De hecho después de esta decisión sin estudios financieros, el Ministerio de Transporte ordenó que ninguna autoridad local tomara decisiones sobre las tarifas de los sistemas de transporte masivos sin análisis respectivos.

De cualquier forma, el mismo Distrito buscaría alternativas complementarias de financiación para el subsidio. El proyecto, además de ser una de las estrategias con las que el alcalde Petro seguirá consolidando la que él mismo ha llamado su ‘campaña’ en la calle, ante el proceso de revocatoria que afronta su mandato, es la forma de hacer que aumente la demanda del SITP, que hoy avanza a paso lento y con el estigma que dejó el accidente de un bus el miércoles pasado en Usme, cuando murieron tres personas.

Bonilla asegura que la idea es que los $750 mil millones que el Distrito tendrá que pagar hasta 2015 por cuenta del déficit estimado para la implementación del SITP se reduzcan si aumenta rápidamente la demanda del mismo. Con lo cual, losen vez de financiar a los operadores, se podría subsidiar a la población pobre de la ciudad.

Por ahora, el Distrito revisa si decide llevar la política de subsidios como proyecto de acuerdo al Concejo o si lo hace por decreto. En cualquier caso se trata de una determinación que generará polémica entre los cabildantes, aun cuando haya disminuido la oposición a ciertos proyectos financieros como lo evidenció la aprobación del cobro de valorización hace un mes.