Suerte de Petro se define en las altas cortes

Mientras se decide en qué sentido se fallará la tutela que presentó el alcalde para dejar sin piso su destitución, llegó una solicitud a ese tribunal: que se verifique si el magistrado Marco Velilla es familiar del empresario de aseo Alberto Ríos.

El círculo de Gustavo Petro es pesimista sobre la decisión del Consejo de Estado. / Luis Ángel

Hoy podría ser el día cero para el alcalde Gustavo Petro en el Consejo de Estado. A las 8:00 de la mañana los integrantes de ese alto tribunal están citados para discutir por tercera vez la ponencia del fallo que elaboró el magistrado Guillermo Vargas Ayala. Su tesis es que a Petro la Procuraduría le violó el derecho al debido proceso, lo sancionó sin haber demostrado que el alcalde buscaba violar la ley y lo castigó por haber puesto en marcha una política pública, lo cual era su potestad —advierte el proyecto de fallo— como mandatario de Bogotá. Las cábalas, sin embargo, apuntan a que lo más probable es que la propuesta de Vargas no sea acogida por la mayoría.

Fuentes del Consejo de Estado le dijeron a este diario que el tribunal está dividido en dos bloques. Uno, el “liberal”, que está conformado por Vargas Ayala y por siete magistrados más, entre los que se contarían Stella Conto de Díaz, Gustavo Gómez, Jaime Orlando Santofimio y Ramiro Pazos. En la otra orilla, la de los indecisos y, principalmente, de los “conservadores”, estarían Susana Buitrago, Carlos Zambrano, Mauricio Fajardo y Marco Antonio Velilla. También integrarían ese “banco” María Clara Rojas Lasso, presidenta de la corporación, quien se declaró impedida porque su hijo, José Fernando Gómez Rojas, es asesor del despacho del procurador Alejandro Ordóñez, pero su impedimento no fue aceptado por la Sala Plena.

Otro de los magistrados que estarían en desacuerdo con el proyecto de fallo es Alfonso Vargas, quien fue magistrado auxiliar del procurador Alejandro Ordóñez durante siete de los ocho años que este último estuvo en esa corporación, ha dicho que Ordóñez fue clave para su elección en el Consejo de Estado como magistrado titular y, al menos en privado, se refiere a él como su amigo. Cuando las tutelas que se interpusieron en favor de Petro para frenar el fallo de la Procuraduría empezaron a llegar al alto tribunal, ocho magistrados se declararon impedidos, siete de ellos alegando cercanía con el Ministerio Público. Vargas no lo hizo.

Fuentes del Consejo de Estado le aseguraron a este diario que es Vargas, precisamente, quien lidera el no al proyecto de fallo del magistrado Vargas Ayala. Es decir, que se opone a que se suspenda la destitución de Petro mientras el mismo Consejo de Estado determina si la decisión de la Procuraduría se anula o no. Hasta la fecha, Vargas se ha abstenido de pronunciarse en público sobre el asunto. En su contra fue presentada una queja el pasado 12 de febrero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —organismo que investiga a los jueces de altas cortes—: Roberto Hermida, uno de los ciudadanos que presentaron tutela en favor de Petro, pidió que se indagara si no era una falta de Vargas el no haberse declarado impedido para conocer del caso Petro a pesar de su “presunta amistad estrecha” con Ordóñez.

En el Palacio Liévano, que Vargas defienda la sanción de la Procuraduría contra Petro se da por descontado. En sus pasillos se habla, incluso, de desayunos y reuniones con los consejeros de Estado, patrocinados por Ordóñez. Una información a la que no se refieren las fuentes del Consejo de Estado. Lo que se espera hoy, sin embargo, es que las palabras de la presidenta María Claudia Rojas Lasso, quien dijo que el alto tribunal no se excedería del límite de 20 días hábiles que le da la ley para resolver tutelas, se hagan realidad: fuentes de la corporación aseguran que hoy habrá sentencia y que ésta no será en favor del alcalde de Bogotá. Nada distinto a lo que suponen sus asesores que pasará.

Jurídicamente hablando, el asunto es bastante enredado. La tutela que está en discusión es la que interpuso el propio Petro a través de uno de sus abogados, Julio César Ortiz, y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó. Pero hay 35 tutelas más que el Consejo de Estado tiene aún por definir. Además, hoy a las 8 a.m., la misma persona que presentó la queja contra el magistrado Alfonso Vargas radicará un documento pidiéndole al Consejo de Estado que certifique si es cierto o no que el magistrado Marco Antonio Velilla es familiar de Alberto Ríos, uno de los empresarios de aseo de Bogotá que habrían saboteado el plan Basura Cero del alcalde desde el inicio. Ríos ha negado tal complot.

Las acusaciones sobre nexos de magistrados del Consejo de Estado con personas cercanas al alcalde o al procurador Ordóñez no paran ahí. El diario El Tiempo publicó pormenores de la relación del magistrado Vargas Ayala con el hermano del exgerente de la Empresa de Acueducto, Diego Bravo —sancionado junto con el alcalde Petro por la puesta en marcha de Basura Cero—. El magistrado respondió diciendo que “de haber algún impedimento sería con respecto a Alberto Bravo y no con el exgerente”. Además, miembros de la administración han señalado a Diego Bravo de haber facilitado un boicot al plan de recolección de basuras que él mismo gerenció. Bravo ha restado crédito esa versión.

Quienes rodean a Petro son bastante pesimistas en cuanto a su futuro en el Consejo de Estado y creen que el plan B podría ser el Consejo Superior de la Judicatura, que se encuentra examinando un fallo proferido por el Consejo Seccional de Bogotá, en el que se unificaron 325 tutelas presentadas para detener el fallo de la Procuraduría alegando que se debían proteger los derechos políticos del mandatario y de sus electores. El fallo les dio la razón y ahora es tarea de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ratificarlo o contrariarlo. Este miércoles 26 de febrero habrá Sala Plena en este alto tribunal pero, hasta ahora, no se sabe si el tema Petro será tratado en la reunión.

La razón de la incertidumbre es que el magistrado que debe elaborar el proyecto de fallo, Pedro Sanabria, no le ha entregado aún tal documento a sus colegas. Si Sanabria quiere que su ponencia sea debatida en dos días, mañana a mediodía es el plazo máximo para entregarla a sus compañeros. Aunque, en busca de evitar que el contenido del documento se filtre, podría llegar el miércoles a la Sala Plena con el documento en un sobre sellado, reconocen fuentes de la Judicatura. Sanabria es el mismo que, según denunció Noticias Uno, tenía una estrecha y vieja relación con el procurador Alejandro Ordóñez. Un día después de que el noticiero divulgara esa información, Sanabria se declaró impedido para conocer del caso Petro.

El pasado 10 de febrero, día en que se declaró impedido, el magistrado Sanabria radicó un documento dirigido a sus compañeros de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, en el que alegó que no podía conocer del proceso porque tenía una “amistad íntima” con el procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, al día siguiente cambió el escrito y retiró la palabra “íntima”, a pesar de que señalaba que se ratificaba. El miércoles 12 febrero, en Sala Plena, expuso ante los demás magistrados que se había enterado de que el procurador Ordóñez negaba la mencionada “amistad íntima” y que éste, incluso, se había molestado por el término usado por Sanabria en su impedimento. El magistrado explicó entonces que “mal haría” al afirmar que él y Ordóñez tenían una cercanía cuando no era así. El impedimento fue rechazado.

 

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