:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/MXfhh427jLXSTSqGPKYQ9y-ZdYM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KDHURIMJ5RAMHLTL3Y25J67RAE.jpg)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional parcial de las obras de la Constructora Praga Servicios Inmobiliarios junto al humedal La Conejera, decisión tomada en virtud de la medida cautelar dentro de la acción popular presentada por la Personería de Bogotá.
La decisión significa que la licencia que autorizó la construcción del proyecto urbanístico Fontanar del Río A-1 Etapa VIII, en lo que tiene que ver con tres parqueaderos de visitantes y dos privados y el salón social, Bbq 1 y 2, queda suspendida, dice el informe de prensa.
Los constructores tendrían que tramitar la modificación de la licencia de construcción, y que la Curaduría estudie y apruebe de nuevo el proyecto.
Precisa el comunicado que la decisión judicial protege los derechos colectivos de los ciudadanos, la defensa de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación.
También la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
Recuerda el informe de prensa que en enero de 2015, el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la invasión de una porción del área protegida del humedal La Conejera, que está por la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), representado en 238,12 metros cuadrados, debido a la construcción de estacionamientos y áreas sociales de la Urbanización Fontanar del Río A-1, etapa VIII.
La demanda fue presentada contra la Alcaldía Mayor, la alcaldía Local de Suba, las Secretarías de Ambiente y Planeación, la Curaduría Urbana No. 2, la CAR, los ministerios de Vivienda y Ambiente y la Constructora Praga Servicios Inmobiliarios, S.A., dueña del proyecto.
Señala el informe de prensa que la decisión del Tribunal afecta el 4% del total del proyecto urbanístico, área de alta incidencia en la zona de manejo y preservación ambiental.