Tapahuecos llegará ante los jueces

Fiscalía radicó ayer la solicitud para programar audiencia de imputación de cargos contra Juan Pablo Posada y María Gilma Gómez, exdirectora de la UMV.

El actor Juan Pablo Posada. / Archivo - El Espectador. María Gilma Gómez, exdirectora de la UMV. / Foto: Alcaldía

Este martes se conoció que la Fiscalía radicó ante los jueces una solicitud para programar la audiencia de imputación de cargos contra el actor Juan Pablo Posada y la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) María Gilma Gómez, por su posible responsabilidad en la contratación directa de la máquina tapahuecos. El ente acusador los procesará por incumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

La secretaria general del Distrito, Martha Lucía Zamora, dijo que la decisión de la Fiscalía se tomó sin el debido análisis y movida por la presión mediática. “Muy grave que no se hayan analizado los conceptos de expertos sobre el contrato de ciencia y tecnología”, agregó.

El actor Juan Pablo Posada fue el encargado de firmar el 27 de diciembre de 2013 el contrato para traer las máquinas tapahuecos. Lo hizo en su condición de gerente suplente de la empresa Green Patcher Colombia, a la que contrató María Gilma Gómez por un valor de $11.800 millones con el objetivo de que los vehículos hicieran el reparcheo de 220.000 huecos con una mezcla fría de asfalto que solo tarda 15 minutos. Sin embargo, la estrategia que prometía acabar con el eterno lío de los huecos de la ciudad fue cuestionada por la forma en que se hizo la contratación, la cual fue de forma directa, sin un proceso público de selección y por las presuntas fallas de la empresa.

El Distrito justificó su contratación señalando que la tecnología de una mezcla fría de asfalto de Green Patcher Colombia no se había aplicado en la capital y podía —a su modo de ver— hacer un contrato directo, de transferencia de tecnología “para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas”. Curiosamente, la filial de la empresa en México ha obtenido los contratos a través de licitación pública.

La Procuraduría ha sido clara en que el acuerdo de la tapahuecos era un “típico contrato de obra y requería un proceso de licitación pública”. Por esta razón abrió pliego de cargos contra Gómez y otras dos funcionarias de la UMV.

El lío de la contratación, desde un principio llamó la atención por la intervención del actor Posada en el proceso. En enero, este le dijo a El Espectador que efectivamente él sí hizo los trámites para abrir la empresa desde mayo de 2013, pero cuando llegaron las máquinas que se importaron desde Inglaterra, se hizo el cambio de accionistas y quedó constituida por Green Patcher Latinoamérica y Velocity (del Reino Unido). Asegura que desde marzo dejó de hacer la compañía y aún figura en el registro mercantil como el suplente del gerente, debido a que la firma no ha hecho el cambio hasta que encuentre quien lo reemplace.

También en enero, Antonio Fernández, presidente de Green Patcher Latinoamérica, contó a este diario que la primera cita que él y Posada tuvieron con el Distrito, para presentarle la tecnología de la tapahuecos, fue en mayo de 2013. “Estuvieron el entonces secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez; la directora de la UMV, María Gilma Gómez; funcionarios del IDU, asesores de estas dependencias y el alcalde. Se les hizo una exposición de cuánto podría costar el metro cúbico aplicado en las calles de Bogotá. Fueron nueve meses definiendo el marco legal de contratación ”.

La Veeduría ha criticado que el Distrito no termine el contrato, pese a los múltiples incumplimientos de la empresa Green Patcher en su cronograma de trabajo. La UMV sólo le impuso una multa a la firma por $650 millones.

 

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