Tapahuecos: no se ha pedido la caducidad del contrato

La UMV señala que no la ha pedido, porque se estaría violando el debido proceso. Sin embargo, reconoció que le impusieron una multa y que el contratista pidió unilateralmente la suspensión por 45 días.

El escándalo detrás de la “máquina tapahuecos” sigue creciendo. La publicación de unas grabaciones que están en poder de la Fiscalía, en las que los encargados de firmar el contrato expresaban sus dudas y preocupaciones por los posibles líos legales que se podrían desprender de este proceso, nuevamente ponen este caso en la mira de la opinión pública y avivan la polémica.

A pesar de los múltiples cuestionamientos y de que semanas atrás algunos funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) señalaron que se evaluaría la posibilidad de iniciar el proceso para declarar la caducidad del contrato, la oficina de prensa de la entidad envió una carta a El Espectador señalando que el Distrito no ha pedido la caducidad, porque se estaría violando el debido proceso.

“Lo que se aplica es una sanción pecuniaria conforme a las cláusulas contractuales, por no haber presentado un plan de trabajo y un plan de contingencia actualizado. El contratista debió haber aplicado entre 87 y 90 metros cúbicos diarios y no cumplió. Por lo tanto se hace efectiva la cláusula primera. Se le declaró incumplimiento en firme el 18 de julio de 2014 y se le impuso una multa es de $650 millones”.

Es decir, a pesar de los continuos incumplimientos, por ahora el operador seguirá al frente de los trabajos. Sin embargo, actualmente el contrato de la tapahuecos está suspendido, por solicitud del propio contratista, quien pidió 45 días mientras se ensamblan otras dos máquinas, que la DIAN les entregó el pasado 18 de junio. A pesar de que el compromiso inicial fue aplicar 15.600 metros cúbicos en los huecos y a la fecha solo han aplicado 198.

Llama la atención que el artículo 18 literal D del contrato señala que una de las caulsales de terminación del es el incumplimiento grave del contratista en la ejecución del objeto o de cualquiera de las obligaciones pactadas. A pesar de que la UMV declaró el incumplimiento en firme, hasta el momento no se ha hecho uso de esta cláusula.

Ante el cuestionamiento de los entes de control, porque que el contrato se firmó con una empresa creada seis meses antes firma y con un capital de $5 millones, el funcionario de la UMV, para restarle peso a esta afirmación, citó a Juan Pablo Posada, exrepresentante legal de la firma Green Patcher Colombia, cuando dijo que la empresa la constituyó para importar equipos de alta tecnología para el parcheo de vías, “para luego cederla a las multinacionales Green Patcher latinoamérica y Velocity Patching U.K. que aportaron su experiencia, capital y contrataciones en México e Inglaterra”. Según el oficio, son hechos válidos en Colombia.

El contrato de la máquina tapahuecos ha sido cuestionado por diferentes sectores y entes de control. A pesar de esto, el distrito lo sigue defendiendo. Lo firmaron el 27 de diciembre con la empresa Green Patcher Colombia y semanas después empezaron las críticas. Sin embargo, la defensa del Distrito se basó en que la moderna máquina podría tapar en seis meses 220.000 huecos de un metro cuadrado. A la fecha sólo se han tapado 700.

A finales de febrero fue donde inició formalmente la polémica. En esa oportunidad, la Red de Veedurías Ciudadanas radicó ante el despacho del Fiscal General y luego ante la Procuraduría una denuncia en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las posibles irregularidades en el contrato, lo cual podría generar un detrimento cercano a los $10.000 millones.

A pesar de que la máquina se contrató en enero y tenía hasta junio para cumplir el objeto de tapar los 220.000 huecos, para el momento de la queja llevaba dos meses sin operar. Fue solo hasta marzo que empezó a trabajar. Dos semanas después, la Contraloría envió una advertencia a la Administración Distrital por la contratación. Según el ente de control, se encontraron falencias en las garantías que otorgó la empresa Green Patcher Colombia, la cual redujo la vigencia de las pólizas de cinco años a seis meses, con lo que se pusieron en riesgo recursos públicos. Es decir, terminado el contrato, ya nadie responderá por los trabajos.

“Luego, si no existe garantía que ampare la correcta ejecución de las obras, esto significa que el Distrito pasados los seis meses de cobertura tendría que hacer una nueva inversión por valor igual o superior a los $11.822 millones, lo cual no resulta coherente, dado que la realización de obras cuya calidad solamente sea objeto de amparo por seis meses constituye un serio riesgo de afectación de los recursos públicos de la ciudad”, señaló el ente de control.

El 9 de abril, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción abrió investigación judicial contra la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez. La Fiscalía investiga si la funcionaria incurrió en el delito de peculado por apropiación y realización de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En junio, la que se pronunció fue la Procuraduría, que formuló cargos contra María Gilma Gómez, exdirectora de la UMV, por las presuntas faltas en la contratación de la máquina. Los motivos de la formulación de cargos tienen fue por la manera directa como se adjudicó el contrato bajo la modalidad de “ciencia y tecnología”. Para el Ministerio Público, se trataba de uno de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.

Ahora, mientras los organismos de control siguen avanzando en sus investigaciones, el contrato sigue vigente y por ahora, el Distrito no piensa ponerle fin. Lo que queda es esperar el resultado del proceso, mientras se buscan soluciones para los huecos que afectan las vías de la ciudad. Se sabe que en septiembre se reactivarían las obras y tres máquinas tapahuecos continuarían el trabajo en la capital.

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