Tensión con los venezolanos en Cundinamarca

Agencia Anadolu

Sin olvidar el llamado a la solidaridad con los venezolanos que llegan a Colombia, su arribo sigue generado tensiones en algunos municipios. Primero fue en Bogotá, por el aumento de involucrados en delitos. Ahora es en Subachoque (Cundinamarca), donde un feminicidio cometido por un ciudadano del vecino país llevó a la comunidad a exigir más controles. A pesar de que para algunos el reclamo es válido, para otros el caso abre la puerta a la discriminación.

El asesinato ocurrió el 6 de mayo, cuando Carlos Sibira, de 40 años, mató en un establecimiento a su exnovia Genesy Rojas, de 23 años, y luego se quitó la vida. El crimen generó preocupación en la población, pues llevaban tres años sin homicidios. El último la muerte de un agricultor, el 24 de diciembre de 2014, en la vereda Pantano.

Si bien el feminicidio fue un caso aislado, sirvió para que algunos expresaran su inconformidad con la presencia de los venezolanos en su municipio. Según datos de la administración, en este pueblo de 6.000 habitantes en su casco urbano, viven 90 venezolanos con documentos al día. Sin embargo, dicen que a diario llegan 400 ilegales a trabajar en el comercio o en agricultura.

La situación se hizo más compleja cuando, a través de cadenas de Whatsapp, empezaron a circular amenazas contra los extranjeros que viven en el municipio. El hecho no se podía dejar pasar por alto y menos cuando hay un aumento en el asesinato de venezolanos en el país. Mientras en 2013 se registraron 13 casos, el año pasado la cifra llegó a 79 (casi siete al mes). La situación en 2018 es más preocupante, pues en lo corrido del año ya van 56 casos (14 por mes).

Medidas

Fue entonces que la administración municipal tomó cartas en el asunto. Según Guillermo Cortés, alcalde de Subachoque, tanto el feminicidio como las amenazas lo llevaron a citar a un consejo de seguridad, con presencia de la Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. “La idea era establecer la veracidad de las amenazas. Luego hicimos otra reunión con Migración Colombia para socializar las normas que se deben aplicar al hacer cualquier trato con un extranjero. A la reunión fueron comerciantes, agricultores y los que arriendan habitaciones. Se les explicó qué deben exigir para verificar que los extranjeros están de forma legal. Se les recordó, además, las sanciones por contratar ilegales”, agregó el alcalde.

Sin embargo, para otros el mensaje fue más complejo y sirvió para aumentar la tensión. “La versión es que en la reunión dijeron que si en 15 días los venezolanos no tenían papeles al día debían irse y que todos los que los contrataran tendrán multas de hasta $15 millones. No se sabe quiénes tienen más pánico: si los venezolanos o la gente del pueblo que los quiere ayudar, pero les da miedo hacerlo, porque dicen que no tienen para pagar multas”, relató un habitante del pueblo.

Aunque para algunos esto aumenta la discriminación a los venezolanos que buscan refugio y empleo en Colombia, para el alcalde era algo necesario. “Tenemos que activar el plan de seguridad. No sólo por nuestros habitantes, sino por cualquier persona del municipio. Además, la gente también está presionando. Dice que se están quedando sin empleo y tenemos que iniciar acciones. Subachoque es un municipio tranquilo, que respeta la ley, y a eso nos atenemos”, concluyó Cortés.

Sobre las medidas, el alcalde recibió pleno respaldo de Jairo Martínez Cruz, secretario de Gobierno de Cundinamarca, quien señaló que el llamado para que los venezolanos normalicen su situación no es sólo en Subachoque sino en todo el departamento, y es un plan que viene desde el año pasado. “Tras la reunión con Migración se explicó la norma, que es clara: no se puede contratar a nadie indocumentado. Y si lo hacen, deben asumir unas consecuencias. Eso generó entre los venezolanos y los habitantes un mal ambiente, pero lo que dice el alcalde es lo que señala la ley”, dijo Martínez Cruz.

¿Qué planes tiene el departamento para brindar apoyo a los venezolanos? Según el secretario, “por ahora, lo único es invitarlos a que se registren y obtengan documentos que les permita acceder a empleo legal, con salarios de ley y, de paso, servicios de salud. Sin embargo, vemos que muchos no quieren hacerlo. Por eso, el llamado es primero a que ellos colaboren con el registro, para poderles brindar todo el apoyo”.

Según cifras del departamento, en Cundinamarca hay casi 11.000 venezolanos que viven de forma legal. No obstante, no se tiene un registro de los indocumentados. “Eso nos genera varios problemas. Por un lado, si bien podemos prestarles servicios de urgencia, después no podemos hacer más. Lo que estamos haciendo es una campaña para que tanto venezolanos como los que los contratan sepan qué tienen que hacer para no tener inconvenientes”.

Ante esta situación, la asociación Central de Venezolanos en Colombia apoyó de cierta forma el llamado del departamento a la legalidad de los extranjeros en el país: “La Asociación siempre ha estado en pro del desarrollo y de la legalidad, porque todos los venezolanos deberían estar legales aquí en Colombia”. Sin embargo, señaló que se deben hacer políticas y programas de apoyo para que todos los que estén irregularmente en el país se regularicen progresivamente.

“Hay muchas personas, venezolanos y colombianos con doble nacionalidad, que no han logrado estabilizarse en Colombia. En principio, pensaría que no se deben contratar, porque están irregulares y esa es una realidad, pero ese no es el problema. La verdadera dificultad es: ¿por qué están irregulares?”.

¿Deben ser expulsados quienes no hayan definido su situación legal? Según la asociación, la decisión es asunto de Migración y de Cancillería. “La realidad es que en Venezuela están ocurriendo hechos tan lamentables que hay una crisis humanitaria y, según la Acnur y diferentes organizaciones que tratan temas de refugiados, no se ve bien internacionalmente una expulsión de personas que han salido de sus países por problemas internos. No puedes expulsar a una persona para mandarla a un país que está en peligro. Debe haber un proceso, una serie de regulaciones que dicen que no lo pueden botar. Lo más inteligente es ir a mirar qué ocurre, por qué ocurre y cómo uno mejora para que los incluyan en la política nacional”.