'Tiendas con riñas serán selladas'

Según el funcionario la medida busca combatir los problemas a causa del licor. El decreto que cambió el horario de las tiendas en siete localidades no se extenderá a otras localidades y sólo irá hasta el 24 de agosto. 

Tras el malestar y los reclamos que generó a los tenderos de siete localidades el decreto 330 de julio 23 de 2013, que les ordena abrir sus negocios a las 10:00 a.m. y cerrarlos a las 9:00 p.m., el secretario de Gobierno, Guillermo Jaramillo, dijo que por ahora ésta medida no será prorrogada y estará vigente sólo hasta el 24 de agosto. Sin embargo, advirtió que se implementará en las localidades donde se presente aumento de riñas y que las tiendas en las que se registren lesiones u homicidios por cuenta del consumo del licor serán selladas.

En un encuentro que se extendió por seis horas en la Secretaría de Gobierno, los tenderos de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Usme, Tunjuelito y Suba le propusieron a Jaramillo tomar otras medidas para evitar las riñas como por ejemplo no venderle trago a las personas en avanzado estado de embriaguez. “Hemos acordado que a las personas problemáticas y que estén pasadas de tragos no se les venderá licor”, explicó Jaramillo.

Arturo Fonseca, representante de los comerciantes de la localidad de Usme aseguró que la estrategia podría funcionar con el acompañamiento de la Policía para que ayuden a sacar de sus establecimientos a aquellos “borrachos problemáticos”. Además, los tenderos también se comprometieron a ser mucho más agresivos a la hora de cumplir normas como la prohibición de la venta de licor a menores de edad. Estas propuestas serán firmadas el próximo martes en un pacto que realizarán los tenderos con la Alcaldía con el compromiso de proteger la vida ante el consumo irresponsable de licor.

Respecto a las tiendas que podrían ser objeto de sellamientos, Jaramillo explicó que serán aquellas donde se presente algún tipo de riña o lesión en cualquier lugar de la capital. El control a esta opción se realizará por medio de los reportes que cada día entrega la división de seguridad ciudadana de la Policía y que son enviados a la Secretaría de Gobierno, entidad que ordenaría los sellos a las tiendas.

El encuentro de este lunes fue el resultado de las quejas de los comerciantes de las localidades y de gremios como Fenalco, que ha reportado pérdidas semanales por más de $15 mil millones a los cerca de 13 mil tenderos que debieron cambiar su horario de atención.

En la localidad de Suba, Esperanza Ríos, tendera de un negocio en el sector del Gilmar y en el que trabajan también su mamá y su hermano, cuenta que el promedio de venta de su negocio bajó de $500 mil a $200 mil diarios, ya que al no poder abrir el lugar a las 7:00 a.m., como lo hacía antes del 24 de julio, perdía la venta de productos para el desayuno en los apartamentos vecinos y de las onces para la lonchera de los estudiantes. La mujer reconoce que los comerciantes deben comprometerse a mejorar la seguridad para que la vida no corra riesgos por cuenta de los borrachos y dice que para ello debe trabajarse en pedagogía con las autoridades y la ciudadanía.

La administración argumenta que su objetivo es reducir las riñas y muertes a causa del licor. Según datos previos de la Secretaría, del 12 al 14 de julio se registraron 15 homicidios, mientras que entre el 2 y el 4 de agosto con el decreto 330, se presentaron solo 7 casos, de acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana. Por ahora la administración no prorrogará el decreto más allá del 24 de agosto ni a localidades como Usaquén (como estaba previsto antes de la reunión), pero no lo descarta. “Si vemos que una localidad está desordenada tendríamos que implementarla”, indicó Jaramillo.

El Distrito espera consolidar un balance con corte al 23 de julio, cuando finalizará la medida para conocer sus efectos reales en las mejoras de seguridad y tomar posibles nuevas medidas. Entretanto continúa la polémica ante la decisión de la administración de poner en la agenda una campaña contra el consumo “nocivo del alcohol”, como lo dice el mismo secretario de Gobierno, y tratar esta conducta como un problema de salud pública.