En las tinieblas de la Unidad Permanente de Justicia

Debate en el Distrito por la posible implementación de nuevas UPJ. El Espectador estuvo en las entrañas de este centro de justicia.

Diariamente, en promedio, cerca de 200 personas pasan 12 horas en la UPJ. / Fotos: David Campuzano - El Espectador

Hoy, la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) es motivo de debate en la administración. En el “gobierno de proximidad” que se desarrolla en Kennedy ha surgido la propuesta de crear una UPJ que se especialice en menores de edad y en el plan de seguridad actual está la creación de cuatro más. Al tiempo, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno está haciendo seguimiento a una sentencia de la Corte Constitucional de 2007 que limitó los alcances de las “retenciones transitorias”, figura que, precisamente, es la razón de ser de las UPJ.

El Espectador acompañó a los funcionarios de Derechos Humanos en dos inspecciones de “verificación de cumplimiento de la Sentencia C-720 de 2007”. Una disposición que reguló las retenciones y el uso de la UPJ por parte de la policía.

Que los uniformados deberán rendir un informe individual de las retenciones al Ministerio Público (Personería Distrital) y éste deberá ser entregado a los retenidos.

Que “se le permitirá al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo”. Que “el retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción penal y deberá ser separado en razón de su género”. Que “la retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y no podrá superar el plazo de 24 horas”. Y que “los menores deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia”. Esas fueron las disposiciones de la Corte y son las preocupaciones del Distrito.

Una sorpresiva entrada

El jueves, la comisión de Gobierno llegó a las 2:24 p.m. a la UPJ, ubicada en la localidad de Puente Aranda. Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de esa cartera, lideraba un grupo de siete investigadores de diferentes instituciones académicas y del Distrito que pretendían hacer encuestas cualitativas y una verificación empírica del “estado de las cosas” en las celdas. El ingreso, pese a que la UPJ es un predio de la Secretaría de Gobierno, se tardó 20 minutos. La razón que adujo un patrullero: no estaba el coronel Gustavo Vallejo, responsable de este centro de justicia.

Las puertas que dividen la libertad y el encierro se abrieron. A la derecha, a 20 metros, pasando por un estrecho corredor en el que se encuentran la enfermería, los baños y una pequeña cafetería, las rejas de dos celdas con capacidad para cerca de 50 personas. Una, con un letrero que señala estar apartada para habitantes de calle. La otra, “para otra clase de gente”, como la describe un policía bachiller. A mano izquierda una sala donde reposan sobre ganchos en la pared las pertenencias de los “conducidos” y una sala donde se hacen las requisas y el despojo de cordones, correas y todos los elementos que puedan representar un peligro para la integridad física de los detenidos.

La comisión distrital avanzó hacia las celdas. Una de ellas, en la que sólo hay cuatro retenidos, está a cuatro pasos de los orinales e inodoros. El olor es insoportable. El uso de los baños por cerca de 200 personas diarias (con un solo turno de aseo) no puede dejar más que un hedor que produce arcadas. Así lo sufrieron los funcionarios que realizaron las encuestas con esos cuatro retenidos. En esa celda las entrevistas no duraron mucho. En la otra, recogieron cerca de 40 testimonios. Entre ellos el de dos menores de edad que, ante la presión de los ‘veedores’, tuvieron que ser liberados. A su ingreso no fueron escuchados, según contaron.

El viernes, a las 6:00 a.m., el ingreso de la comisión fue facilitado inmediatamente. Sin embargo, justo cuando entraron los funcionarios, un cabo ordenó la liberación de más de 100 personas que se encontraban hacinadas en el mismo lugar donde el jueves sólo había cuatro personas. El desconcierto fue evidente en Idárraga y su equipo, pero recogieron los testimonios de cerca de 50 personas que estaban en la otra celda. Ambas incursiones del personal distrital se hicieron sin previo conocimiento de la Policía.

Testimonios del “12 horas”

La UPJ está en un edificio de cuatro pisos. En la tercera y cuarta planta funciona la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía. En el segundo, además de las oficinas policiales, están las celdas de mujeres y población LGBTI (ambas estaban desocupadas en las dos visitas de Gobierno). Y el primero, reservado para los hombres retenidos que, según el coronel Vallejo, son el 95% de los visitantes de la UPJ que “permanecen en promedio 12 horas”.

“Soy soldado. Trabajo en el batallón de Duitama. Me dieron permiso hasta el 19 de octubre. Ayer me estaba emborrachando frente a mi casa, para celebrar, y me recogieron a las cuatro de la mañana en Engativá. Les dije que era soldado y no les importó. Mi mamá no sabe dónde estoy. No me dejaron hacer ninguna llamada”, cuenta William entre lágrimas.

“Trabajo repartiendo gaseosas. Iba caminando hacia el trabajo, cerca del Portal de Suba. Me pidieron papeles y no los tenía. Menos mal no me encontraron la pata (medio canuto de marihuana). Ahí la tiene mi ‘compa’ en la otra celda. ¡Venga! Ahorita, cuando se fueron a hablar con los de la otra celda, me dijeron que por contarles que no me habían dejado llamar ni me habían leído mis derechos me iban a dejar 48 horas”, cuenta Jason en voz baja, contra la reja.

“Cogí un taxi en el Siete de Agosto a las tres de la mañana. Vi que el taxímetro estaba adulterado y le dije al tipo que me bajaba. No me dejó y me dijo que me llevaba a donde me había recogido. Llamé a la Policía. Cuando llegaron me pidieron que le pagara al taxista. Como me negué, me pidieron papeles. Revisaron y me encontraron una orden de captura. Cumplí una condena hace diez años por un abuso carnal, pero ya no debo nada. Si fuera así, no estaría acá sino en la URI”, cuenta Pedro Parra.

“Duermo acá, por lo menos, tres veces por semana. Me la paso entre el Bronx y El Amparo. Vivo en la calle. Como no ando con papeles, cada vez que me agarran me traen. Nunca me creen que soy menor de edad. Ya me conozco a todos los agentes. Ayer me levantaron porque no me quería dejar subir. Pero no importa, hasta somos amigos”, dijo Guillo, quien fue liberado luego de que fuera comprobada su minoría de edad.

 “Mi mamá vive en El Amparo. La visito cada rato. Sí fumo (marihuana), pero ayer no estaba haciendo nada. En el barrio hay un cabo de apellido García que me tiene jodido, porque no soporta que haya conseguido moto. Cada vez que me ve a pie me mete al CAI y me retiene. Ayer sí me la clavó y me mandó para acá. Voy a perder el trabajo. Tenía que llegar hace dos horas”, cuenta Juan a las 8:00 a.m.

Los resultados

Andrés Idárraga dice que “encontramos varias irregularidades frente al cumplimiento de la sentencia de la Corte. Primero, a ninguno de los entrevistados se le leyeron sus derechos ni se les permitió hacer una llamada desde sus teléfonos celulares. La Personería no les entregó informes de retenciones y, al parecer, no los pidió. Hay personas que, evidentemente, ya no están en estado de excitación. Encontramos dos menores de edad. Las condiciones de salubridad no son las mejores. Y hacen falta fuentes de luz y cámaras de vigilancia que permitan mejores condiciones de seguridad”.

 Según constató este diario, a los retenidos sí les es garantizado un servicio de salud tanto en el interior como a su salida de la UPJ. Además, una vez completan el tiempo de reclusión, reciben una charla (de participación voluntaria) sobre convivencia ciudadana, dirigida por grupos religiosos y de asistencia psicológica. Por otro lado, es evidente que existe una segregación social. Ninguno de los allí detenidos corresponde a un estrato mayor al tres (según datos del Gobierno).

 Pero hay conclusiones de Idárraga que demuestran que el problema no sólo está en el cumplimiento de la orden de la Corte, sino en la concepción de la seguridad. “Aquí lo evidente es que el problema viene del modelo de cuadrantes. Por ejemplo, la Policía está conduciendo a gente que merece una contravención por consumir estupefacientes en espacio público. O borrachos que, legalmente, deberían ser conducidos a sus domicilios. Aquí lo que hay son carencias y negaciones sociales acumuladas. Estas retenciones son producto de un enfoque de seguridad que no es preventivo, como el que propone esta administración, sino represivo. Por eso no se trata de desmontar la UPJ, sino de humanizarla. De dejarla de ver como el recurso para solucionar lo que como sociedad no hemos podido garantizar”.

(Vea el video de Derechos Humanos en la UPJ)

csegura@elespectador.com

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