Trabajadores muestran reparos a liquidación del Fondo de Vigilancia de Bogotá

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, aún no especifica qué pasará con los empleados.

Motos eléctricas compradas con recursos del Fondo de Vigilancia. / Cortesía

La creación de la Secretaría de Seguridad implicará, entre otros cambios, la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS), institución que se ha encargado de comprar los insumos para que organismos de seguridad, sobre todo la Policía, cumplan su labor sin mayores contratiempos. La desaparición de la entidad, que anunció la Secretaría de Gobierno, genera dudas en los trabajadores, que no ven razones válidas y, sobre todo, temen por su futuro.

Sergio Palomino, presidente del Sindicato de Servidores Públicos y Vinculados al FVS (Sintrafonviseg), considera que “no hay un argumento técnico que sustente la decisión. Se dice que por corrupción y burocracia, pero entonces se necesita gente idónea que la dirija. ¿Se acabará la corrupción si se acaba el FVS? Es un asunto de dirección”.

Es cierto que los escándalos han estado a la orden del día: la compra de 100 motos eléctricas en agosto de 2012 por $4.300 millones, caso en que la Fiscalía ya imputó cargos por interés indebido en contratos, y en el que la Contraloría concluyó que hubo sobrecostos. El contrato de mantenimiento de esos vehículos, además, comenzó a regir tres años después. En 2010, por otra parte, hubo presuntos sobrecostos en la compra de cámaras y dotación para la Policía, por lo que la Procuraduría procesó a dos exgerentes.

Son algunos casos que marcan el pasado reciente del FVS, que en el último cuatrienio tuvo siete gerentes, pero el presidente del sindicato insiste en que la planta de trabajadores, que es de 97 empleados, no debe pagar los platos rotos de directivos nombrados por los alcaldes, que llegan con sus propios asesores. Así y todo, Palomino resalta, por ejemplo, que en los últimos meses el FVS logró adquirir gasolina para la Policía $600 más barata que para cualquier ciudadano, lo que le ahorra dinero a la ciudad, y redujo en 30 % el costo del mantenimiento de las motos que usa esa institución. “Sí ha sido una entidad útil para la ciudad”, recalca.

Miguel Uribe, secretario de Gobierno, dice que ultiman los detalles del proyecto de acuerdo que presentarán al Concejo, pero que la liquidación mejorará, ante todo, la eficiencia en la contratación. “Un fondo no necesariamente requiere el número de personas que ahí trabajan, ni ser una entidad autónoma. Una razón de las irregularidades es que ha habido diferencia de criterios entre el gerente del FVS, el secretario de Gobierno y el alcalde. Pretendemos que se maneje una única línea de trabajo”.

La propuesta es que la institución se transforme en un fondo cuenta que dependa de la Secretaría de Seguridad, para que el jefe de ese despacho maneje directamente la contratación. Contrario a lo que afirma el líder sindical, advierte que la modernización que proponen sí redundará en mayor transparencia.

Uribe aún no especifica qué pasará con los empleados (si serán despedidos o distribuidos en otras dependencias), aunque asegura que “se garantizará el cumplimiento de las normas relativas a los derechos de los trabajadores”. Estos proponen, de todas formas, que se cree una mesa de discusión para que los escuchen.

Así comienza un debate que en febrero se ventilará con mayor fuerza en el Concejo, que en definitiva es el que decide sobre esta propuesta del alcalde.