Tras 23 años, parqueaderos de El Campín serán restituidos al Distrito

Tras una puja legal que duró casi un cuarto de siglo, los estacionamientos sur y norte del estadio volverán a ser operados por el IDRD. Desde 1992, cuando el predio fue arrendado un privado, la ciudad ha dejado de recibir unos $14.000 millones.

Archivo.

Los parqueaderos sur y norte del Estadio El Campín llevan 25 años siendo explotados por un particular, debido a pujas legales, demoras administrativas, negociaciones fracasadas y hasta errores del Distrito. Desde 1992, fecha en que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le arrendó el estacionamiento a un privado, la ciudad ha dejado de recibir unos $14.000 millones que difícilmente podrá recuperar, pese a que este lunes la Alcaldía confirmó que el parqueadero le será restituido tras un larguísimo litigio.

Se espera que en no más de dos semanas los parqueaderos de El Campín, que suman casi 20.000 metros cuadrados, vuelvan a estar en manos del Distrito. Según confirmó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, el lugar será restituido en un plazo de entre 11 y 15 días, y estará en principio en manos del IDRD, que será el encargado de operarlo y definir qué inversiones necesita el lugar. “Estamos en el proceso de notificación, una vez sea notificada la persona que está aprovechando el parqueadero irregularmente, tendremos la posibilidad en la próxima semana de proceder inmediatamente al operativo de recuperación”, indicó el funcionario ante las cámaras de Noticias Caracol.

Asimismo, Uribe confirmó que es imposible que quien hasta este momento figura como administrador del parqueadero, la Organización Acero, tenga recurso legal alguno para echar atrás la decisión debido a que es una decisión de segunda instancia del Consejo de Justicia, que confirmó la decisión de la Alcaldía local de Teusaquillo, que en noviembre de 2012 ordenó a Bruno Felipe Acero Salamanca, representante legal de la Organización Acero, devolver los parqueaderos. Además, Acero fue declarado contraventor de la norma de espacio público.

Estos estacionamientos son unos de los más rentables de la ciudad. En un día cualquier aque se dispute un partido de fútbol en el estadio, se parquean mínimo 2.500 vehículos (la capacidad de los estacionamientos), a un valor de $12.000. En total, el recaudo en un solo día alcanza los $30 millones, que debería ir a las arcas del Distrito, pero nunca fue así.

El hecho fue celebrado desde el Concejo de Bogotá por Julio César Acosta (Cambio Radical). El cabildante, quien lleva varios meses haciéndole seguimiento a este proceso, calificó de justa y acertada la decisión. “Sin duda, es un día de celebración, ya que por fin se hizo justicia con Bogotá, con los ciudadanos de bien que tributan sagradamente. El señor Bruno Felipe Acero llevaba muchos años haciéndonos conejo a todos y usufructuando un bien público, sin Dios ni ley”.

El concejal, además, exigió a Acero una compensación al Distrito por el tiempo en que se lucró de un bien público. También le solicitó devolver el dinero que recibió por concepto de estacionamiento en los predios. (Contexto: Parqueaderos de El Campín: un golazo a Bogotá)

La historia 

El recuento de este pleito se remonta a junio de 1992, cuando Hernán Cortés Parada, entonces director del IDRD, le arrendó por cinco años a Miguel Moreno Ramos los parqueaderos norte y sur de El Campín. Sin embargo, en 1994 descubrió que el particular había incumplido las cláusulas y declaró la caducidad del contrato. Las condiciones iniciales del arrendamiento fueron claras: durante el primer año pagaría $30 millones por explotar los parqueaderos. A partir del segundo, el canon aumentaría 20 % cada año.

Sin embargo, Moreno Ramos no sólo los usó como estacionamiento. También instaló sin autorización caseta con publicidad, venta de comestibles, vallas, avisos, carpas, mesas, sillas y andamios, y descuidó las instalaciones. Esto llevó al Distrito a terminarle el contrato en octubre de 1994.

El contratista adelantó una estrategia para no dejarse sacar. Primero pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara la resolución que ponía fin al contrato. Por el otro, presentó una tutela alegando violación al debido proceso, con la que logró que un juez le ordenara al Distrito abstenerse de expulsarlo hasta que el Tribunal tomara una decisión.

El contrato se venció en 1997, pero la Alcaldía tuvo que esperar hasta mayo de 1998, cuando el Tribunal rechazó las pretensiones de Moreno Ramos y ratificó la terminación del contrato. Sin embargo, él apeló y su caso llegó al Consejo de Estado, donde permaneció casi una década, tiempo que aprovechó para cederle el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca, quien al tiempo libraba otros pleitos contra el Distrito, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una zona verde del parque El Salitre (que el Consejo de Estado declaró ilegal) y por el incumplimiento del contrato de explotación de puestos de comidas en el Coliseo El Campín.

En noviembre de 2011, el Consejo de Estado avaló la terminación del contrato. Habían pasado 17 años y todo parecía listo para que el Distrito retomara el control de los parqueaderos. Sin embargo, cometieron un error: para no presentar una querella de restitución de bien de uso público, acordaron con Acero Salamanca la entrega voluntaria para el 28 de febrero de 2012.

Cuando se cumplió el plazo, sorpresivamente Acero dijo que antes de entregar era necesaria una conciliación ante la Procuraduría, ya que “existían obligaciones entre las partes que se debían negociar”. Su petición era una indemnización de $900 millones, por haber administrado los inmuebles y por gastos como sueldos, auxilio de transporte, aportes parafiscales, asesorías, mantenimiento, reparaciones, entre otras cosas.

Tras el fracaso de la negociación, el Distrito al fin radicó en junio de 2012 la querella de restitución ante la Alcaldía de Teusaquillo, que en noviembre de ese año ordenó a Acero Salamanca devolver los parqueaderos. La decisión fue apelada y el expediente llegó en febrero de 2014 al Consejo de Justicia de Bogotá, que en julio de 2015 revocó la orden de restitución, al encontrar errores en el proceso, los que debía corregir la Alcaldía de Teusaquillo.

Sin embargo, ese despacho, en vez de acatar la directriz, archivó el caso y pidió al Distrito radicar una nueva querella. En esa oportunidad la que apeló fue la Alcaldía Mayor y el proceso lo asumió la alcaldía local de Los Mártires. De haber cumplido el pago de $30 millones el primer período y hubiera aumentado el canon 20 % cada año, en todo este tiempo el Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. 

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Redacción Bogotá - [email protected]

Bogotá

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