“Traslado de temporada taurina de Bogotá a Puente Piedra, Cundinamarca, es una estrategia burda”

El concejal Marco Fidel Ramírez asegura que así se hizo para evadir la ley.

Efe

El concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, denunció enérgicamente la Temporada Taurina para Bogotá 2016 por considerarla contraria a la Ley 1774 de 2016 que declara que “los animales como seres sintientes no son cosas” y por tanto “recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor”.

“El traslado de la Temporada Taurina para Bogotá a Puente Piedra, Cundinamarca, del 16 al 30 de enero, es una estrategia burda para evadir la Ley y continuar con la crueldad taurina, pues los animales deben ser protegidos y nunca agredidos”, enfatizó el cabildante.

Igualmente, criticó que en dicha temporada taurina se regale un cuento infantil ilustrado contando la historia de un toro bravo desde que nace hasta que sale a la plaza, “proyectándose en los niños la cultura de la muerte, que es subyacente al toreo”.

Ramírez solicitó que se investigue este hecho y se apliquen las sanciones respectivas a las autoridades locales y a los organizadores del evento, por estar incursos en delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

Un día después de que el alcalde Enrique Peñalosa ganara las elecciones anunció que mantendría la prohibición de las corridas de toros que decretó el exalcalde Gustavo Petro Urrego.

Peñalosa dijo que aunque no le gustan las corridas, lo único que pretende es reflejar lo que las mayorías quieren. “La Corte Constitucional dice que no se pueden prohibir los toros pero yo creo que el Distrito sí puede decidir cómo utiliza la Plaza porque es un inmueble que le pertenece a todos los bogotanos. Dentro de los ciudadanos hay un consenso muy amplio de que no se quieren más toros en Bogotá”, sostuvo en su momento.

El pasado 2 de diciembre el Congreso de la República tomó una histórica decisión encaminada a establecer medidas para atacar el maltrato contra los animales y el presidente Juan Manuel Santos a comienzos de 2016 sancionó la ley animalista, con la que se propende por tipificar como punibles varias conductas relacionadas con los animales y establecer un procedimiento sancionatorio de carácter administrativo y judicial.

Es así como se fijan multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales vigentes y prisión de 12 a 36 meses a quien maltrate a un animal causándole la muerte o lesiones que afecten gravemente su integridad física.

La Policía Nacional puede retener preventivamente en forma inmediata y sin necesidad de una orden judicial o administrativa previa, cualquier animal que esté siendo víctima de conductas que constituyan maltrato injustificado o que pongan en peligro su vida o su integridad.