Treinta años de lucha por un techo digno

El caso de La Arboleda, en San Cristóbal Sur, es referencia para hablar sobre las víctimas de tierreros en Bogotá. La Alcaldía quiere dar soluciones con un nuevo proyecto de vivienda.

La Arboleda está hoy en la mira del Distrito para un proyecto de vivienda. Sus habitantes están divididos. Gustavo Torrijos
A La Arboleda se llega en un bus azul del SITP. El ingreso a este sector de San Cristóbal Sur es un ramal corto, empinado y estrecho de la antigua Vía al Llano, por la que fluye constantemente transporte público. Los primeros habitantes, unas 400 familias, llegaron en 1984 entusiasmados porque en este frío punto del suroriente de Bogotá levantarían sus casas. Llegaron estafados. Un año después, el dueño legítimo del lote les echó encima la autoridad y las viviendas se fueron al piso entre la fuerza de las retroexcavadoras y el calor de las llamas. A pesar de esto, no se fueron. Al menos, no todos. Y ahora, cuando han pasado 30 años, aún aguardan por una vivienda digna.
 
Los tierreros que los engañaron quedaron registrados en los fallos judiciales como “Gustavo Triviño, Julio Piernagorda y otros”. Actuaron con un método conocido: primero invadieron el predio y luego, haciéndose pasar por los dueños, atrajeron una avalancha de necesitados que les compraron lotes de 72 metros cuadrados.
 
José Barajas y Jackeline Giraldo Patiño, que viven allí con sus familias, recuerdan que no todas las transacciones fueron con plata. Cualquier objeto de valor servía. El que no tenía, se endeudaba. Por eso la rabia cuando llegaron a sacarlos y a quitarles lo que habían comprado. Muchos perdieron los documentos que soportaban el negocio (papeles que legalmente no tenían validez), en medio del fuego que envolvió algunas casas el día del desalojo, que finalmente se vio frustrado.
 
Lo que vino luego fue permanecer allí en contra de todo: sin acueducto ni alcantarillado, ni vías, ni electricidad. Tomaban el agua de quebradas aledañas y la luz se expandía en la medida en que hubiera quienes se esforzaran en pagar por ella. “A tres o cuatro les llegaba la factura de la luz”, narra José, “y lo que hacían los otros era pegarse de los cables, pero la potencia no alcanzaba para todos y se armaban problemas. Y aquí los problemas se han arreglado a machete”.
 
Su situación trascendió y en 1987 el Concejo aprobó un acuerdo en el que el predio fue declarado de utilidad pública, por lo que el suelo de La Arboleda dejó de ser de un particular y pasó a manos del Distrito. A la Caja de la Vivienda Popular se le ordenó, mediante el mismo documento, encargarse de la titulación, con el fin de que los lotes de las casas quedaran legalmente en manos de quienes los ocupaban. La Alcaldía debía separar un presupuesto para arreglar el problema. Parecía una solución oportuna, en medio de todo, pero concretarla se volvió un desesperante enredo de trámites.
 
En 1993, por ejemplo, Planeación estableció que el terreno era de alto riesgo. La titulación se dificultaba. Era necesario un trabajo más complejo que quedó, sobre todo, en manos de la Caja de la Vivienda. En los fallos judiciales de este caso consta que desde ese año la entidad empezó a contratar el diseño de la red vial y de las redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica; la elaboración de un plan de manejo ambiental, estudios de suelos, etc. La licencia de construcción se la dieron en 1999 y se la prorrogaron, mientras seguían otros trámites, hasta 2003, cuando la perdió. A esto, la Caja le sumó en 2004 un concepto desalentador: “la no viabilidad técnica y financiera del proyecto (…) teniendo en cuenta el alto costo de urbanismo y de las redes de servicios públicos”. Y el Plan de Ordenamiento Territorial que el Concejo aprobó ese año terminó por meter el terreno de La Arboleda en el sistema de parques distritales, otro freno de mano a la posibilidad de construir legalmente.
 
En 2006 comenzó el pleito judicial. Los vecinos interpusieron una acción popular contra el Distrito por incumplir lo estipulado en el acuerdo de 1987. El fallo inicial, en febrero de 2009, le ordenó a la Caja indemnizarlos, pero tras la apelación, en octubre de ese año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y apoyó la tesis de la inviabilidad del proyecto, porque se encontraba en el terreno de un parque.
 
Muchos ya se habían ido o habían muerto. En 2005, 21 años después de la ocupación, un censo concluyó que eran 216 familias, entre las que había algunas que no llegaron desde el comienzo. Las redes eléctricas se expandieron, ellos adecuaron su propio alcantarillado y hoy, por ejemplo, el agua es tratada en un sector y algunos vecinos, como Jackeline, tienen computadores e internet en su casa. Otros cultivan, como José, que tiene tres huertas de hierbas aromáticas. Más arriba, alguien mantiene una de papa.
Esa suerte de lento progreso, en medio de lo anómalo de su situación, aún no llega a las viviendas. Aunque en ellas se cubren del frío y de la niebla que suele bajar desde el páramo Cruz Verde, se trata de estructuras endebles. En la de Jackeline, una grieta se resiste a cerrar por más trabajos que le han hecho. En otras, las paredes son un arrume desordenado de ladrillos.
 
La Alcaldía les ha propuesto un nuevo proyecto. José Andrés Ríos, director de la Caja de la Vivienda Popular, explica que se trata de mil apartamentos. Para construirlos, la Secretaría de Planeación estableció en 2013 que la inclusión de La Arboleda en zona de parque obedeció a “imprecisiones cartográficas” del POT, así que el suelo ya es urbanizable.
 
Las dudas de los habitantes obedecen al tamaño, pues de 72 metros cuadrados pasarían a ser 47. Jackeline y José quieren un cambio, pero piden que el Distrito ofrezca, al menos, tres cuartos en cada casa. Ríos asegura que así está planteado el proyecto, algo poco frecuente, porque las VIP suelen tener dos habitaciones. También pretenden dejar espacios para mantener las tradiciones agrícolas. Los dos vecinos reconocen una división en la comunidad, pues hay quienes rechazan la propuesta y sólo se irán indemnizados por sumas que justifiquen su espera y esfuerzo. Tres décadas después, La Arboleda sigue expectante.
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