Tres empresas fueron selladas en Bogotá por incumplir las normas ambientales

La Secretaría de Ambiente realizó operativos en las localidades de Fontibón y Engativá. Tras los hallazgos, se iniciará el proceso sancionatorio contra las industrias que podrían pagar multas de hasta $3.600 millones.

Cortesía: Secretaría de Ambiente.

Como medida preventiva, la Secretaría de Ambiente suspendió las actividades de dos empresas del grupo Samaro y otra industria dedicada a la fabricación de productos químicos, luego de realizar operativos en los que se evidenció que estas organizaciones no cumplían a cabalidad las normas ambientales.

La primera suspensión de actividades se realizó a la empresa Tratar Ambiental S.A.S. que no pudo garantizar el cumplimiento en la recepción de lodos y aguas hidrocarburadas, al igual que su disposición final, infringiendo así los términos de la licencia ambiental establecidos mediante la resolución 2848 de 2015.

La segunda empresa intervenida, Soluciones Tecnológicas Ambientales, se le impuso medida preventiva de suspensión de actividades por recepción de residuos de aguas para su posterior tratamiento y fabricación de materia prima para la elaboración fertilizantes orgánicos. Esta industria estaba recibiendo aguas residuales de un tercero sin la debida autorización, generando así un producto ilegal.

Asimismo, un equipo técnico de la Secretaría de Ambiente logró identificar, en flagrancia, una tercera empresa, Laboratorios Bienes LTDA, realizando descargas a la red de alcantarillado del sector. Al momento de la inspección, se evidenció el vertimiento de productos químicos (para el lavado de baños portátiles) sin contar con los permisos que demostraran la legalidad de esta actividad.

“Seguiremos ejerciendo la autoridad ambiental en Bogotá. Por consiguiente, las empresas que no cumplan con la normatividad ambiental serán cerradas y multadas. Los habitantes de Bogotá merecemos un medio ambiente sano”, indicó Francisco Cruz, secretario de Ambiente de Bogotá.

La autoridad Ambiental iniciará los respectivos procesos sancionatorios según lo establecido en la Ley 1333 de 2009, cuyas multas pueden llegar hasta los $3.600 millones.

 

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