Tribunal de Cundinamarca falló a favor del alcalde de Cajicá en lío jurídico contra Camacol

Se trata de una discusión sobre la decisión tomada en marzo de 2016 por la Alcaldía de Cajicá de suspender temporalmente el otorgamiento de licencias urbanísticas en el territorio argumentando que, en tal crecimiento poblacional, el municipio no podría garantizar la prestación de servicios públicos.

Cajicá, Cundinamarca.Gobernación de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo trascendental de segunda instancia. Se trata de la discusión sobre la decisión tomada en marzo de 2016 por la Alcaldía de Cajicá de suspender temporalmente el otorgamiento de licencias urbanísticas en el municipio a través de los decretos municipales 015 y 023 de 2016.

Esta polémica decisión fue tomada por el entonces entrante alcalde del municipio, Orlando Díaz, quien consideró que la situación urbanística en la que recibió al municipio representaba altísimas dificultades para la garantía de servicios públicos y la provisión de soportes urbanos en general, debido a las siguientes actuaciones de la administración saliente:

1. Un proceso de revisión del plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) que incorporó decisiones con soporte técnico deficiente, contrariando disposiciones de la normativa nacional e incumpliendo condiciones establecidas en la concertación ambiental por la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR).

2. La aprobación de tres planes parciales en el último día de su mandato para desarrollar áreas de suelo de expansión a pesar de contar sólo con disponibilidad condicionada para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado y aun cuando tales instrumentos no contaban con mecanismos claros de distribución de cargas y beneficios. (Lea también: Cundinamarca tiene la tasa de homicidios más baja en 43 años)

Estas decisiones implicaban para el municipio un gran crecimiento del número de habitantes  (tan sólo los planes parciales mencionados representaban la posibilidad de construir aproximadamente 30.000 viviendas nuevas) con la consecuente demanda adicional de servicios públicos y especialmente la provisión de agua potable. Es importante recordar que este municipio depende de la venta de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá y, para ese momento, sin la demanda adicional, ya tenía serios problemas de abastecimiento.

A la suspensión temporal del otorgamiento de licencias ordenada por el alcalde, como mecanismo para evitar una posible afectación de derechos colectivos de los habitantes del municipio, se opuso Camacol y el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. El gremio decidió demandar la decisión del mandatario locar argumentando falta de competencia para adoptar la medida y además una falsa motivación

Henao, por su parte, denunció al alcalde penal y disciplinariamente. En suma, tanto el Gobierno Nacional como el gremio de los constructores señalaron públicamente que el alcalde había tomado una decisión arbitraria sin ningún fundamento o sustento.

El fallo de primera instancia resultó favorable al municipio. “El juez concluyó que Díaz podía suspender las licencias de manera preventiva, y que mientras demostró la incapacidad del municipio para garantizar el suministro de agua en un futuro, Camacol no logró aportar prueba siquiera sumaria que haga pensar lo contrario”. (Le puede interesar: Cundinamarca investigará incumplimientos en el programa de alimentación escolar)

La decisión fue apelada por Camacol. Sin embargo, en el fallo expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 20 de febrero de 2019 decidió confirmar la decisión de primera instancia y encontró infundados los argumentos esgrimidos por Camacol.

Este fallo es trascendental por varias razones. En primer lugar, respaldó la medida de un mandatario local tomada con base en la aplicación del principio de precaución y ante la posible afectación de derechos colectivos al medio ambiente y la salubridad pública por la falta de soportes urbanos suficientes, que se podrían derivar de continuar con el otorgamiento de licencias para nuevas construcciones en el municipio.  Al respecto concluyó el Tribunal:

“En efecto, la suspensión temporal en la expedición de licencias de parcelación, subdivisión, urbanismo y construcción respecto de proyectos de alto impacto, elemento central de los actos atacados, fundada en razones vinculadas a las limitaciones existentes en el Municipio de Cajicá en materia de redes de servicios públicos domiciliarios, malla vial y toda una serie de circunstancias similares que habrían de generar consecuencias negativas en el desarrollo urbano de la ciudad de que  se trata, constituyen argumentos válidos que se apoyan en razones técnicas y en consideraciones de prudencia que hacían aconsejable la adopción de la determinación que se cuestiona”.

En segundo lugar, Camacol argumentó que la decisión adoptada por el alcalde de Cajicá no podía utilizar como soporte sentencias de la Corte Constitucional donde se habían ordenado en el pasado la suspensión de temporal de licencias en otras ciudades (Santa Marta, San Andrés y Cartagena) como medida para impedir la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente y a la salubridad pública. Insistió que esa competencia está en cabeza de los jueces y no de los alcaldes. 

Este argumentó también fue desechado por el Tribunal, advirtiendo justamente que en estos antecedentes la Corte Constitucional instó a las autoridades municipales a abstenerse del otorgamiento de licencias urbanísticas cuando no sea posible garantizar la provisión de las infraestructuras de servicios públicos, y especialmente de agua y alcantarillado sanitario. Al respecto concluyó el Tribunal que por tanto no se configuró una falsa motivación. Al respecto determinó:

“.. no se debe soslayar la circunstancia de que el Decreto 015 de 2016 se sustentó en un argumento que reviste importancia desde el punto de vista de la protección del interés público. Consiste en la obligación general de las autoridades locales de asegurar la garantía y el respeto de los derechos colectivos al urbanismo, al goce de un ambiente sano, el espacio público y la prestación adecuada y eficiente de los servicios públicos”.

Por último, el Tribunal estableció que la administración municipal utilizó adecuadamente el principio de precaución en este caso y se cumplieron los presupuestos de valoración y adecuación entre medios y fines que exige la utilización de este principio.

En este proceso judicial la Procuraduría General de la Nación consideró que era necesario que el Tribunal confirmará el fallo de primera instancia sobre la base del respeto a la autonomía de las entidades territoriales y en el entendido de que la administración municipal no se extralimitó en el ejercicio de sus competencias y tampoco realizó modificaciones al PBOT a través de los decretos expedidos, en tanto no se modificaron normas sobre el uso del suelo o de las relativas al procedimiento para la aprobación de licencias urbanísticas.  Argumento que ratifica también el Tribunal en su fallo.

Este caso configura un antecedente relevante para la aplicación de medidas de suspensión temporal de licencias urbanísticas por parte de otras autoridades municipales. Como quedó demostrado, la aplicación de este tipo de medidas se encuentra dentro de las posibilidades que pueden desplegar los alcaldes siempre que sean proporcionales y adecuadas al tipo de afectación que se puede generar sobre el interés público, representado en este caso por diferentes derechos colectivos (desarrollo urbano ordenado, medio ambiente, salubridad pública, entre otros).

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* Redacción Bogotá

Bogotá

Tribunal de Cundinamarca falló a favor del alcalde de Cajicá en lío jurídico contra Camacol

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