Tribunal de Cundinamarca frena los planes parciales de Bogotá y 46 municipios

La sentencia del río de Bogotá obliga a entidades territoriales y nacionales a descontaminar el afluente.

Foto: CRISTIAN GARAVITO/EL ESPECTADOR - CRISTIAN GARAVITO

Un auto de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, ordena a la capital y a los 46 municipios sobre la cuenca del río Bogotá detener el otorgamiento de planes parciales para la construcción de vivienda hasta que no se ajusten los planes de ordenamiento territorial (POT) y el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca del río (Pomca).

La decisión, de acuerdo con Villamizar se tomó al evaluar que la continuación de estos planes podría poner en riesgo el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que le ordena a la ciudad, a los 46 municipios sobre la ronda y a entidades públicas recuperar el río Bogotá, dado que la significativa construcción de viviendas no han ido a la par del mejoramiento de acueductos y alcantarillados, así como tampoco en la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales.

“Los millones de dólares que la CAR (Corporación autónoma Regional de Cundinamarca) invirtió en la adecuación hidráulica del río Bogotá se van a perder si se continúa sedimentando el afluente, por causa de los vertimientos directos que los municipios. No se han ajustado los POT y se continúan aprobando a diestra y siniestra planes parciales que agravan el saneamiento de los ecosistemas de la Sabana. No hay vías, colegios ni hospitales y la seguridad pública de los municipios se está agravando porque se están convirtiendo en ciudades dormitorio y se agrava la movilidad a las entradas y salidas de Bogotá”, indicó la magistrada.

Tras conocerse la decisión, las críticas han venido desde diferentes sectores. El exministro de Vivienda Juan Carlos Henao, indicó que “hoy tenemos jueces Gobernando, lo cual es muy grave, una Magistrada decide como directora de planeación y destruye empleo”. Según él, con esta determinación, se paralizaría la construcción de “80 mil viviendas, destruye más de 100 mil empleos y paraliza la inversión de 7 billones”.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) indicó que con el fallo se detendría planes parciales como el de Lagos de Torca y aduce que esto se debe a las demoras con el POT. “Por la improvisación de la Secretaría de Planeación y su demora en formular un POT para la ciudad quedan detenidos planes parciales por el auto de la magistrada paralizando avances de la ciudad”.

Al respecto Villamizar asegura, que planes parciales ya aprobados como Torca, que garanticen todas las determinantes, podrán continuar, pues su mayor preocupación está sobre aquellos proyectos en lugares donde no hay claridad sobre el acceso al agua y el tratamiento de sus sedimentos.

“No quiero entrar en conflicto, lo único que estoy haciendo es protegiendo la Sabana con el poder que me da una sentencia, porque lo que estamos viendo es que no se tiene una visión regional. Con los planes parciales solo miran la necesidad de un constructor, pero no si se tienen las vías, hospitales o colegios. Los alcaldes llegan y se van y no se sabe que la plata para el saneamiento ambiental no alcanza o para dónde se va”.

En el caso de Bogotá, el año pasado el Concejo tumbó el proyecto POT que presentó Enrique Peñalosa. A su llegada, la alcaldesa Claudia López prometió tenerlo aprobado en su primer año de mandato, pero dadas las circunstancias de la pandemia se determinó que el próximo año se llevará el plan al cabildo.

El POT no es más que el documento que plantea la visión de ciudad para los próximos 12 años, pero en la ciudad de 15 años no se aprueba uno nuevo. El Distrito comenzó el diagnóstico en abril y alcanzó a realizar encuentros virtuales. Una vez se tenga el primer borrador, deberá conciliar el proyecto con la CAR y la Secretaría de Planeación, así como exponerlo a la ciudadanía.

Con las conciliaciones en firme, será deber del Consejo Territorial de Planeación Distrital evaluarlo y dar un concepto, que no es vinculante, pero si necesario para radicar el proyecto en el Concejo de Bogotá, donde los cabildantes deberán debatirlo y determinar si lo aprueban, con lo que se estaría cumpliendo lo determinado en el auto por la magistrada Villamizar.