Tribunal de Cundinamarca ordena a la CAR seguir con la financiación de PTAR Canoas

A través de un acto, la Magistrada Nelly Villamizar solicitó al ente ambiental firmar el convenio de financiación de la planta de tratamiento, que será fundamental para la descontaminación del río Bogotá.

La PTAR Canoas descontaminará el 70 % de las aguas residuales que se generan en Bogotá y el 100 % de las que llegan de Soacha al río Bogotá. Archivo El Espectador

El Tribunal administrativo de Cundinamarca ordenó a la Corporación Autónoma Regional del departamentó (CAR) suscribir los convenios de financiación necesarios para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, unas de las principales obras para la descontaminación del río Bogotá. 

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La orden la emitió la magistrada Nelly Villamizar, encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, luego de que el director de la CAR, Néstor Franco, anunció la semana pasada, que no firmaría ningún convenio tras ser destituido por la Procuraduría por un acuerdo similar que hizo para la construcción de la PTAR II en Chía. 

Aunque en el documento la magistrada le da la razón a Franco, con respecto a los argumentos que presentó para suspender el proceso de financiamiento, asegura que de no firmarse el convenio para la construcción de la PTAR Canoas, se podría incurrir en "un detrimento patrimonial de los recursos de las megaobras ya ejecutadas como lo sería la construcción de los interceptores por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la ampliación de la PTAR Salitre y demás PTAR y planes maestros de acueducto y alcantarillado de los municipios".

Asimismo, ordena a Franco firmar antes de la entrada en funcionamiento de la Ley de Garantías (que empieza a regir cuatro meses antes de las elecciones) los convenios de financiación para la contrucción de la PTAR Canoas y las demás plantas de tratamiento de los municipios sobre la cuenca del río Bogotá. 

Franco anunció la suspensión de los procesos de financiación luego de que la Procuraduría lo inhabilitó y destituyó al encontrar problemas de planeación en un convenio firmado para la construcción de una planta de tratamiento en Chía. Según el ente de control, “los estudios y diseños no eran suficientes ni estaban actualizados, lo que llevó a retrasos y a un reajuste en el valor”. 

Ante esto, Franco, quien apeló el fallo del ente de control, decidió suspender todos los convenios de financiación, entre ellos el de la PTAR Canoas, que según él no cuenta con los diseños de detalle de tratamiento secundario, lo cual quiere decir que también tiene los estudios y diseños incompletos.

En respuesta el procurador general,  Fernando Carrillo, aseveró que “las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá es un imperativo”.

Por su parte, el Acueducto de Bogotá, encargado de las obras señaló que cuenta con los estudios necesarios. La PTAR tiene toda la estructuración financiera, jurídica y técnica que se requiere para el esquema que se planteó, en el que se hará una concesión con un operador privado, que se encargará de hacer otros estudios y diseños para construir y operar la planta por treinta años”, aseguró Lady Ospina, gerente de la empresa.