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Los efectos de casi todos los fallos que la Contraloría Distrital ha expedido contra el exalcalde Gustavo Petro están neutralizados, por ahora. El último pronunciamiento del Tribunal de Cundinamarca, que favorece al líder de la Colombia Humana, tiene que ver con la suspensión provisional de la sanción que le impuso el ente de control, que los obligaba a él y a tres de sus subalternos a pagar $131.000 millones por el supuesto daño que representó el cambio del esquema de aseo para las arcas de la ciudad.
La decisión, que también cobija a la exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado, al exgerente de la Empresa de Acueducto Alberto José Merlano Alcocer y al exsecretario de Planeación Gerardo Ardila Calderón, fue demandada en mayo pasado ante la justicia administrativa. En medio del recurso legal, que busca anular toda la decisión, los cuatro pidieron a los magistrados que suspendieran el fallo fiscal, mientras los jueces toman una decisión de fondo, solicitud que finalmente fue aceptada esta semana.
La historia detrás de estas medidas cautelares se remonta a 2012, cuando el exalcalde decidió cambiar el esquema de aseo de la ciudad y alquilar unos camiones de basura usados, según él, para quitarles el negocio de las basuras a los privados y dejarlo en manos de una empresa del Distrito, como el Acueducto de Bogotá, para “hacer más justas las tarifas, involucrar a los recicladores y combatir la contaminación ambiental”.
La decisión activó investigaciones de la Contraloría que terminaron en dos fallos de responsabilidad fiscal que hoy son objeto del debate. El primero está relacionada con la adquisición de 218 vehículos usados para la recolección de basuras. Según la Contraloría, de esa flota apenas se usaron 102 compactadores y los 116 restantes se quedaron sin utilizar, lo que generó un detrimento para la ciudad de $40.000 millones.
El segundo, por $91.000 millones, tiene como origen la multa que impuso en 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra varios funcionarios de la administración Petro, del Acueducto de Bogotá, de Aguas de Bogotá y de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), por considerar que el cambio de esquema fue ilegal, inconstitucional y violó el régimen de libre competencia.
Si bien el exalcalde demandó la decisión de la SIC y la multa era objeto de un pleito judicial, el alcalde Enrique Peñalosa, justo después de asumir la Alcaldía en 2016, ordenó pagarla, bajo el argumento de que con el paso de los meses el monto seguía creciendo. Producto de este pago, la Contraloría Distrital tuvo elementos suficientes para considerar que se había configurado un detrimento patrimonial al Distrito, suficiente para sancionar al exalcalde Petro.
El ente fiscal dejó en firme ambas decisiones en noviembre del año pasado, lo que puso en vilo la curul del hoy senador Gustavo Petro, ya que nadie puede ocupar cargos públicos teniendo deudas con el Estado. Sin embargo, gracias a las medidas cautelares que le otorgó el Tribunal, podrá seguir su ejercicio político mientras los jueces toman decisiones de fondo frente a sus demandas. Aunque los involucrados celebran la decisión, queda un sinsabor, especialmente a María Mercedes Maldonado, quien pretendía ser candidata al Concejo de Bogotá, pero el pronunciamiento se dio después del cierre de la fecha de inscripción.
Esta es la segunda vez que el Tribunal accede a la solicitud de Petro de suspender un fallo en firme de la Contraloría Distrital. Ya lo había hecho con la sanción que le impuso el ente de control fiscal, que lo declaró fiscalmente responsable de un detrimento cercano a los $217.000 millones por reducir las tarifas de Transmilenio, proceso que también está en manos de los magistrados, quienes se encargarán de definir si Petro causó daños fiscales a Bogotá o no.
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