La senadora Claudia López, promotora de la iniciativa, explica en El Espectador los siete mandatos de la consulta y qué se necesita para que esta sea de cumplimiento obligatorio para el Estado.

hace 1 mes

Uaesp dice que ya respondió interrogantes de Corte por licitación de Doña Juana

La Unidad de Servicios Públicos asegura que no ha sido notificada de ningún nuevo requerimiento por parte de la Corte Constitucional.

A través de un comunicado oficial, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) aseguró que ya respondió cuestionamientos de la Corte Constitucional relacionados con la licitación del relleno sanitario Doña Juana.

Pronunciamiento de la Uaesp

Mediante Auto No. 183 de 2011, la Honorable Corte Constitucional suspendió el trámite de la Licitación Pública 001 de 2011, por medio de la cual se contratará la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, en sus actividades de recolección, barrido y limpieza. La Corte está analizando la inclusión de la población recicladora en condiciones de vulnerabilidad en dicha licitación.

En relación con la Licitación Pública 001 de 2011, la Uaesp no ha sido notificada de ningún nuevo Auto o requerimiento de información por parte de la Honorable Corte Constitucional, diferente de los Autos 180, 183 y 189 de 2011.

El 2 de septiembre de 2011, la Unidad dio respuesta, dentro del término establecido, a las preguntas formuladas por la Honorable Corte Constitucional mediante Auto No. 189 de 2011. El Auto 189 de 2011 fue el último auto del cual fue notificada la Uaesp.

Esta Unidad no ha recibido solicitudes de información de la Honorable Corte Constitucional en relación con la Licitación Pública 001 de 2010, por medio de la cual se adjudicó, el 14 de septiembre de 2010, la operación, administración y mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana a la entonces Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, hoy Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.

La Uaesp está atenta a responder oportunamente los nuevos requerimientos de información que pudiese efectuar la Honorable Corte Constitucional, en desarrollo de la revisión de las condiciones de inclusión social referidas.