La última carta por el Parque de la Independencia

Los vecinos de las Torres del Parque presentaron una tutela al Consejo de Estado y le pidieron que anule las resoluciones que autorizaron las obras para construir el Parque Bicentenario.

El viernes 11 de abril el Instituto de Desarrollo Urbano reanudó las obras del Parque Bicentenario, luego de dos años de suspensión. / Cristian Garavito - El Espectador

En la calle 26, entre carreras 7 y 3, estuvo suspendida por dos años la construcción de una obra que ideó la administración de Samuel Moreno y que llamó Parque Bicentenario, ubicada allí, quizá como uno de los caprichos que a cada tanto se les ocurren a los políticos para conmemorar alguna fecha, y que en este caso fueron los 200 años de la Independencia del país. El pasado 11 de abril el Distrito comenzó de nuevo las obras, tras la orden recibida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero los vecinos del colectivo Habitando el Territorio, quienes lograron la suspensión de los trabajos en 2012, no están dispuestos a rendirse y hace apenas cuatro días le pidieron al Concejo de Estado que anule las resoluciones que aprobaron este proyecto, por las irregularidades que hubo en su trámite.

La idea con la obra del Parque Bicentenario, que dejó Moreno, es que el tradicional Parque de la Independencia se convirtiera en una plataforma en concreto que cruzara desde el norte de la calle 26, hacia el sur de esta vía, donde está el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Encima de esta estructura se ampliaría el parque con áreas verdes y plazoletas. Pero desde el inicio de lo que parece un bonito proyecto, los vecinos de las Torres del Parque, agrupados en el colectivo Habitando el Territorio, se opusieron a la obra, pues para ampliar la calle 26 el Distrito tuvo que quitar una porción del Parque de la Independencia y fueron arrasados cauchos sabaneros y palmas de cera que habían estado allí por años, lo que significaba, a su juicio, un perjuicio al patrimonio de la capital.

Además, los vecinos advirtieron que el Distrito no contaba con los permisos necesarios del Ministerio de Cultura para realizar los trabajos, ya que está relacionado un bien de interés cultural de la Nación: las Torres del Parque, construidas por el arquitecto Rogelio Salmona, y su área de influencia, es decir, el Parque de la Independencia. Fue por esta razón que el Tribunal Administrativo decidió darles la razón en un principio y como medida cautelar aprobó la suspensión provisional de las obras.

Sin embargo, el mismo Tribunal, tras un largo proceso legal, le notificó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el 16 de enero de 2014, el levantamiento de la medida cautelar. Lo hizo a propósito de dos resoluciones de finales de 2013 con las que el Ministerio de Cultura determinó que el proyecto del Bicentenario no presenta ningún impacto negativo sobre el Parque de la Independencia.

El principal argumento de este grupo de ciudadanos, expuesto en los nuevos recursos que presentaron al Consejo de Estado, es que las obras del Bicentenario comenzaron sin permiso y luego, cuando ya avanzaban en más de la mitad de su totalidad, se legalizaron con los permisos que dio a finales del año pasado el MinCultura.

También señalan que el visto bueno dado a los trabajos por el Tribunal no tuvo en cuenta las solicitudes para encontrar la relación del proyecto con el carrusel de la contratación en Bogotá. Sobre este punto El Espectador contó en febrero de 2013, que la Fiscalía adelantaba pesquisas sobre obras a cargo del IDU, incluida la del Parque Bicentenario. También la Procuraduría y la Contraloría hicieron informes donde encontraron irregularidades en la contratación de los diseños y la construcción de la obra, que no se tuvieron en cuenta en el Tribunal, como lo indica el grupo Habitando el Territorio.

En la larga pelea que dieron desde hace dos años los vecinos de las Torres del Parque, le pidieron al magistrado Carlos Moreno tener en cuenta que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural había manifestado los efectos negativos de las obras al Parque de la Independencia y prefirió no participar en los trámites de aprobación de éstas. Para Habitando el Territorio, a esta entidad es a la que le corresponde dar el visto bueno de las obras.

Este diario conoció en su momento que la administración de Gustavo Petro estuvo en una encrucijada al recibir el problema de este proyecto, heredado por Samuel Moreno. Una fuente de una entidad cercana al proceso admitió que “es una obra invasiva e inconveniente”. No obstante, el Distrito temía que de no continuar los trabajos podía generar en detrimento patrimonial.

“Mi preocupación es que allí hay una obra de interés general que los bogotanos hemos pagado, tiene los avales del Ministerio y sólo está pendiente de un ajuste de diseño. Lo más conveniente en las obras asociadas con la 26 es que entre más rápido se cierren los capítulos relacionados con el carrusel de la contratación, más rápido vamos a movernos. Ha habido una discusión jurídica lo suficientemente nutrida por dos años y, aunque las comunidades tienen el derecho a usar las posibilidades que les da la Constitución, es importante saber que en esa obra hay un interés general. La discusión ya la han zanjado los tribunales”, aseguró William Camargo, director del IDU.

Pero Martha Rojas, de Habitando el Territorio, insiste en que no solamente se debe tener en cuenta el detrimento patrimonial en términos de dinero, sino también del patrimonio histórico de la capital. Habrá que ver si el Consejo de Estado decide apoyar los argumentos de estos ciudadanos. Por ahora las obras continúan.

 

 

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@VeronicaTellez

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