Ultimátum para las curtiembres de Tunjuelito

Las cerca de 200 empresas que están en el sector de San Benito (Tunjuelito), que incumplen con los requisitos ambientales, deben suspender de inmediato sus operaciones, mientras se acogen a lo que mandan las autoridades. En vilo están unos 5.000 empleos.

Ordenan cerrar curtiembres en Tunjuelito. / El Espectador

En ese tire y afloje de nunca acabar en que se ha convertido el lío por la contaminación del río Tunjuelo, a causa de las curtiembres del barrio San Benito (localidad de Tunjuelito), la magistrada Nelly Villamizar acaba de dar un ultimátum: las casi 200 empresas que incumplen con los requisitos ambientales deben suspender de inmediato sus operaciones, mientras se acogen a lo que mandan las autoridades. En vilo están unos 5.000 empleos.

Villamizar, encargada de seguir el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que en 2014 ordenó descontaminar el río Bogotá (en lo que es clave la protección del Tunjuelo), dio la orden el pasado martes en una audiencia con la comunidad. El panorama preocupa, si se tiene en cuenta que de las 300 curtiembres de la zona, tan solo 19 cumplen las normas y 65 están en proceso de aprobación de sus prácticas ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Para resolver la situación, la togada también apretó al Distrito y le dio un mes de plazo.

La inquietud ronda entre los trabajadores. Al menos en el caso de las 65 empresas, esperan que la SDA les otorgue los permisos cuanto antes. Jhon Parra, propietario de una de esas curtiembres y líder del sector, asegura que cumplen “con los procesos de vertimiento exigidos por ley”. Y agrega: “Los propietarios tienen en sus industrias las plantas que tratan el agua para no contaminar el río, pero aun así la SDA no nos ha otorgado los permisos. Desde hace dos años esperamos una respuesta. Cuando creemos que ya nos la van a dar, nos piden un nuevo documento. Si no nos solucionan, pondremos una acción popular”.

No han sido días fáciles para los trabajadores de San Benito. La semana pasada, la SDA selló 14 empresas que vertían en el alcantarillado residuos peligrosos como el cromo (un metal pesado), que iban a parar al Tunjuelo.

Estas medidas reviven un problema de vieja data, ante la necesidad de cambiar los hábitos de esas industrias, para evitar que el río Bogotá se siga contaminando. Fue en 2014 que, con la sentencia, se definieron tareas. Por ejemplo, la construcción de un parque ecoeficiente industrial para las curtiembres, con el fin de tratar las aguas. En la anterior administración se acordó montar un Sistema Centralizado de Tratamiento de Aguas Residuales (Sctar) que reciba los desechos de todos los industriales del sector. Costaría unos $12.000 millones y ya cuenta con estudios de prefactibilidad. La SDA insistió en su momento en el parque ecoeficiente, en el cual se incorporaría el Sctar. La idea es poner a operar el sistema con aportes de los industriales, pero hasta ahora no ha habido avances.

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