Este miércoles es el sepelio

Último adiós a Javier Ordóñez, un clamor de justicia sin violencia

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Cumplida una semana de su muerte, no solo su familia y amigos sufren el dolor por su partida. La ciudadanía sigue convocando a marchas en su nombre, como símbolo de lucha contra el abuso policial en el país. Eso sí, el mensaje de los allegados a la víctima es a no usar su nombre como excusa para la violencia.

Tras una semana de impotencia, dolor e indignación llegó el momento más difícil para los familiares y amigos de Javier Ordóñez, el bogotano de 44 años que murió bajo custodia policial y tras un evidente caso de agresión por parte de dos agentes. Este miércoles, en una ceremonia privada (no solo por seguridad, sino por los protocolos por el COVID-19), le darán el último adiós. Aunque Ordóñez murió el 9 de septiembre y su familia recibió el cuerpo dos días después, prefirieron darle un compás de espera a su inhumación.

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La decisión no solo tuvo que ver con los requerimientos de Medicina Legal, para realizar en detalle la inspección del cuerpo, sino que se debió también al deseo de reunir a toda su familia. Su madre viajó la semana pasada desde España, donde reside hace 30 años, y su hermano llegó en la noche del martes de Argentina para despedirlo. Aunque el último adiós para el estudiante de derecho y padre de dos menores está pensado como un acto privado, como ocurrió el martes 15 de septiembre en la velación en Capillas de la Fe, el clamor de justicia frente al abuso policial es una petición colectiva que sigue llevando el nombre de Javier Ordóñez.

El país se ha enmarcado en manifestaciones, velatones y disturbios que han dejado como saldo otras 12 personas muertas en Bogotá y Soacha, así como actos que buscan la reconciliación y el perdón desde la institucionalidad hacia la ciudadanía. Pero las protestas no cesan y quienes las encarnan dicen que lo hacen por indignación ante la agresión contra Ordóñez, documentada en videos de redes sociales en los que se ve a Javier tendido en el piso, mientras que dos policías del CAI de Villa Luz le aplican descargas eléctricas con las pistolas Taser. En las imágenes se le ve rogar en vano que cese la agresión.

¿Qué pasó después? Aún no es claro lo que ocurrió durante el traslado en la patrulla y su retención en el CAI, de donde tuvieron que trasladarlo de urgencias a un centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales. El dictamen de Medicinal Legal, conocido por la familia de Javier y el Distrito, indica que su cuerpo presentaba múltiples traumas causados con arma contundente, nueve fracturas en el cráneo, en las costillas y el hígado reventado, lesiones que se presumen sufrió durante su traslado al CAI.

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Este lamentable episodio no solo ha causado dolor e indignación en la población civil, que exige justicia en el caso, sino que terminó revelando la difícil relación entre la alcaldesa Claudia López, el Gobierno Nacional y la Policía. De hecho, la mandataria, preliminarmente, catalogó la muerte de Ordóñez como un asesinato, ha cuestionado el accionar de la Policía y promueve una reforma a la institución. “Asesinaron a Javier Ordóñez, dispararon indiscriminadamente a ciudadanos y desobedecieron las instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen? Urge justicia, sanción y reforma”, expresó López.

Apoyo a su familia

Según Eliana Garzón, cuñada de Ordóñez, desde el primer momento la Defensoría del Pueblo y el Distrito han brindado acompañamiento a la familia, tanto psicológico como jurídico. Además, delegados de la Policía se acercaron el viernes a los parientes con el fin de iniciar diálogos. Sin embargo, más allá de las expresiones de solidaridad y acompañamiento, para la familia este no ha sido un proceso fácil, especialmente con los dos hijos de Ordóñez. Por el momento los menores han recibido apoyo psicológico de allegados a la familia, quienes voluntariamente han asumido su atención.

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Según la familia, el manejo del último adiós a Javier está guiado por los lineamientos del abogado Vahdir Gómez, quien se hizo cargo de brindar asesoría a los parientes sobre cómo llevar la situación mientras avanza la investigación. Garzón asegura que, entre otras cosas, fue quien, por seguridad de las personas más cercanas a la víctima, ordenó absoluta reserva y privacidad en las ceremonias de despedida, así como en las declaraciones a la opinión pública. No quieren concentraciones en inmediaciones del lugar.

Previendo esto, se recuerda el mensaje que ha reiterado su familia: que la memoria de Javier no sea una excusa para más violencia. “Queremos que castiguen a los asesinos, pero no que vuelvan nada el país. Los asesinos fueron los dos policías, pero también hay gente buena en la institución. Queremos la paz, no queremos más muertos y heridos, esto no puede seguir así”, dijo Elvia Bermúdez, tía de Javier.

“Como familia queremos transmitir un mensaje de no violencia, porque fue la que se llevó a mi cuñado. No armamos marchas y no tenemos nada que ver con los disturbios, somos una familia pacífica, queremos justicia y que su nombre no sea excusa para más violencia”, agregó su cuñada.

Por ahora la investigación por la muerte de Ordóñez quedó de manera exclusiva en manos de la Fiscalía, luego de que la justicia penal militar determinara que este crimen no era de su competencia. Los jueces castrenses consideraron que “los elementos de prueba, hasta ahora recaudados, no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”.

El ente acusador adelantaría la investigación bajo el mando de la dirección de derechos humanos, que está recopilando testimonios de testigos, reuniendo las grabaciones de las cámaras de seguridad y analizando en detalle el informe de Medicina Legal, para tratar de esclarecer el homicidio registrado el 9 de septiembre y que fue el detonante de una semana de protestas y violencia en la capital.

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