Un año más sin sistema de bicicletas públicas en Bogotá

El mismo operador del sistema de bicicletas públicas en Santiago de Chile busca espacio en Bogotá. / Archivo

Bogotá lleva una década hablando de tener una red de bicicletas públicas, integrada al sistema de transporte. Sin embargo, ninguna de las iniciativas ha logrado concretarse. El fracaso más reciente fue en 2016, cuando el Distrito canceló el programa de bicicorredores, el primer piloto de la iniciativa, y meses después declaró la caducidad del contrato con el consorcio BiciBogotá (por $3.400 millones), debido al incumplimiento del concesionario. Desde entonces se puso en marcha una nueva estrategia para lograr saldar esa deuda con la movilidad urbana, pero ya empiezan a aparecer los primeros reparos sobre este nuevo plan.

Desde octubre de 2016, cuando la Secretaría de Movilidad canceló el contrato que buscaba poner a disposición de los bogotanos 2.600 bicicletas, se radicaron los documentos necesarios para consolidar una asociación público-privada, para sacar adelante la nueva iniciativa. Según el Registro Único de APP del Departamento de Planeación (DNP), se trata de una iniciativa privada, que busca proveer, instalar, operar y realizar el mantenimiento de las bicicletas que estarán en alquiler. Desde abril de 2017, el proyecto presentado por el originador, B-cycle Latam SpA, está en fase de factibilidad.

De entrada, la empresa cuenta con pergaminos para presentar su propuesta en Bogotá. B-cycle Latam SpA es propietaria de Bike Santiago, un sistema que cuenta con más de 2.000 bicicletas públicas rodando en Santiago de Chile. El sistema arrancó en 2013 y, durante los primeros años, los habitantes de la capital chilena consideraban que la iniciativa le había cambiado la cara a la ciudad. No obstante, en los últimos dos años ese idilio se ha venido acabando, a causa de una serie de quejas que evidencian un posible deterioro del sistema. La situación ha sembrado dudas en Bogotá, al tratarse del mismo operador.

Actualmente Bike Santiago afronta una demanda colectiva que presentó el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, dependencia del Ministerio de Economía, que busca proteger a los consumidores. Lo que motivó la demanda fueron los casi 700 reclamos que presentaron los usuarios por irregularidades como los cobros indebidos, mala calidad del servicio e incumplimientos del contrato. Ahora lo que busca la entidad es la reparación y restitución del dinero extra cobrado a los afectados. 

Sus líos no acaban ahí. Bike Santiago en este momento tiene en contra hasta a su principal patrocinador, el banco Itaú, al que acudió para solicitarle 15 créditos para completar la implementación del sistema de bicis. El banco, cuyo logo es el único que aparece en las bicicletas naranjas que transitan por Santiago, interpuso dos demandas que suman $5.100 millones colombianos. Toda esta situación ha llevado a la empresa a admitir su mal momento y a solicitarle al Gobierno chileno una millonaria inyección de recursos para salvar el sistema.

Esta situación empieza a tener eco en el Concejo de Bogotá, desde donde le exigen a la administración claridad y le piden analizar bien la información alrededor de la empresa chilena, que pretende implementar el sistema de bicicletas públicas en la ciudad, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con Bike Santiago. Para algunos concejales como María Fernanda Rojas (Alianza Verde), el Distrito está cometiendo un grave error en su apuesta al dejar todo en manos de una APP y no incluir recursos públicos, lo que dificulta la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa.

“Hay un problema de fondo y es la concepción de que las bicicletas públicas solo pueden hacerse con recursos privados. La idea del Distrito de que a ese proyecto no se le debe meter dineros públicos es un error. El mismo operador que está presentando una propuesta en Bogotá demostró, en Chile que solo con los recursos de los privados no funcionan y ahora está pidiendo un rescate. Sin ir tan lejos, las bicicletas públicas de Medellín funcionan exclusivamente con recursos públicos y es una experiencia exitosa, con más de 10.000 viajes diarios. También preocupa la situación de esa empresa, porque está muy enredada en asuntos jurídicos y financieros”, indicó la cabildante.

Diego Devia (Centro Democrático) considera por su parte que esta situación es producto de que los anteriores intentos han llevado a planear un mejor proyecto y cree que el proceso debe hacerse más abierto con la ciudadanía. “Por el momento, aunque el estudio lo adelanta un privado, no se ha abierto la posibilidad de que los ciudadanos entreguen sus aportes y propuestas. Debe haber intermodalidad, más seguridad y mejoras en la infraestructura de las ciclorrutas”.

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad responde que, con apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional, adelanta la validación de la propuesta en etapa de factibilidad. “Se está evaluando la capacidad técnica y financiera del originador y revisando la localización de estaciones, los niveles de servicio que deberá cumplir, el modelo financiero, la minuta del contrato y los mecanismos para mitigar los riesgos del proyecto, entre otros detalles de la estructuración del sistema de bicicletas públicas”. 

Tras la revisión, y luego de que la empresa allegue estados financieros saludables; demuestre que las demandas no afectarán su capacidad financiera para asumir el proceso, y garantice su capacidad de endeudamiento y de crédito, se construirá una propuesta final que revisarán las secretarías de Hacienda y Planeación, y, finalmente, el Ministerio de Hacienda. Si hay autorización, saldrán a la luz los estudios desarrollados por B-cycle Latam SpA para que otras empresas manifiesten su interés por quedarse con la operación del sistema. Según Movilidad, se espera que la APP del sistema de bicis públicas empiece su implementación en 2019, cumpliendo una década de ilusiones con un sistema que debería suplir los trayectos cortos del sistema de transporte, que hoy están en manos de la informalidad.