Un caudal de fracasos

Durante décadas, los candidatos a la Alcaldía han usado el río Bogotá como trampolín electoral, pero sus promesas se las ha llevado la corriente. ¿Cumplirán los actuales aspirantes al cargo?

La historia ha demostrado que la mayoría de promesas electorales para resucitar el río Bogotá terminan sumándose a las 900 toneladas de basura que caen diariamente a su caudal. El abandono, la corrupción, la discontinuidad entre programas de gobierno, la irresponsabilidad de poblaciones ribereñas y autoridades ambientales, lo han transformado en una de las cloacas más contaminadas del planeta durante más de un siglo.

Impulsado por las fuertes lluvias de los últimos meses, el río Bogotá se ha convertido en protagonista de las inundaciones en el departamento de Cundinamarca y alrededores. Adecuarlo, devolverle sus rondas y prevenir futuras inundaciones, se convierte en una prioridad tan urgente como puede ser el metro para la capital. Por eso empiezan a escucharse las voces de candidatos a la Alcaldía que aseguran poder resucitarlo si llegan al segundo cargo más importante del país, pero sus promesas se parecen mucho a las de políticos del pasado, cuyos discursos y esfuerzos fueron llevados por la corriente.

Sin haber presentado sus programas oficiales de gobierno, candidatos como Gina Parody, Gustavo Petro y Carlos Galán ya se comprometieron a luchar incansablemente por recuperar este cuerpo de agua.

En 1906, durante la administración de Jorge Vélez, se contrató el primero de incontables y millonarios estudios para la descontaminación del río, de los cuales ninguno ha dado un resultado contundente. Fue el estudio de Pearson, que recomendó tratar las aguas residuales antes de verterlas al afluente, que para entonces ya estaba contaminado. Pero los recursos para desarrollarlo no aparecieron, hubo desacuerdo entre autoridades y el plan de descontaminación se hundió lentamente.

Así pasaron casi noventa años. Y cuando el río estaba más sobresaturado de estudios y desechos, la administración de Juan Martín Caicedo Ferrer creó en 1990 el Comité Interinstitucional del Río Bogotá, que pretendía impulsar de nuevo la descontaminación de las aguas, pero el Banco Mundial determinó que con los costos en la construcción y operación de plantas de tratamiento previos a una mejora del río, no existía la capacidad financiera para lograr limpiarlo.

Un año después, Caicedo firmó el documento “Estrategia de manejo del río”, pactado entre la Nación y el Distrito para, otra vez, descontaminar el río Bogotá. Se dijo que se realizaría un estudio de impacto ambiental en la cuenca hidrográfica; que se diseñaría un programa de estímulos institucionales y fiscales para que las empresas hicieran inversiones de control de la contaminación; que se multaría a aquellas industrias que no cumplieran con las normas y acuerdos establecidos; que se recuperarían las condiciones biológicas de la cuenca; que, desde entonces, los planes de expansión de la ciudad serían armónicos con el plan de saneamiento del río; que se garantizarían las condiciones de drenaje adecuadas para controlar las inundaciones y permitir un mejor uso del suelo. Sobra decir que nada de esto existe.

También se definió una participación del Banco Mundial con US$182 millones, más US$39 millones de crédito de proveedores y recursos propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para un total de US$388 millones.

La millonaria inversión se hizo, pero pronto se agotaron los recursos. Hoy es evidente que curtiembres y tintorerías informales vierten desechos, que los planes de drenaje apenas se inician y que los 26 municipios ribereños han sufrido graves inundaciones.

Jaime Castro, durante su mandato (1992–1994), pretendió seguir con los lineamientos de la administración anterior y solicitó el apoyo del Gobierno para financiar el proyecto de descontaminación, pero el Departamento Nacional de Planeación no lo apoyó, considerando que no existía una estrategia financiera clara.

En 1994, Castro otorgó una licitación para la descontaminación del río a una empresa francesa por un valor cercano a los US$90 millones. Pero durante la siguiente administración, de Antanas Mockus, el Distrito terminó con el contrato de manera unilateral y tuvo que pagar una millonaria compensación a los franceses.

Cuando se hizo evidente que la descontaminación del río requería un nuevo planteamiento, casi un siglo después de iniciados los primeros estudios, Mockus impulsó una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, para señalar que la solución definitiva era la construcción de tres plantas de tratamiento (El Salitre, Canoas y Tunjuelo).

Hoy, la realidad es que sólo funciona la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre y en la mitad de su rendimiento, según Parody. La de Tunjuelo desapareció del proyecto sin mayor justificación y la de Canoas es incierta.

El proyecto ha sido controvertido por ambientalistas como Iván Darío Solano, arquitecto y líder independiente en el trabajo por el río, quien insiste en que hay que entender el afluente como ecosistema y no como línea y ver el problema a diversas escalas.

En vista de que la iniciativa de plantas de tratamiento no caminaba como debería y de la negligencia generalizada hacia el río, en 2005 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, al Distrito Capital, a Cundinamarca y a otras entidades por la catástrofe ecológica provocada en el recurso hídrico.

A partir de este fallo, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente se comprometieron a desembolsar alrededor de $2 billones para levantar la PTAR Canoas, que pretende compensar la planta de El Salitre.

Pero fue en febrero de este año cuando la administración del suspendido alcalde Samuel Moreno hizo un acuerdo con la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR para la financiación de la construcción de la PTAR Canoas fases I y II. El alcalde Moreno aseguró que era un gran avance ambiental, “ahora tendremos mejores condiciones, mejor agua, un parque lineal. La ciudad garantiza el 80% de los recursos…”. Los costos estimados de la planta son $1,6 billones y los de su estación elevadora $314 mil millones. Según el mandatario, la planta estaría lista en 2017 y representaría, por fin, la descontaminación del caudal.

Pero hoy se sabe que la obra ni siquiera está concebida en el Plan de Desarrollo de Soacha y que sus recursos están en duda. Es otra de las muchas promesas que pocos bogotanos creen.

Y ahora, aunque desvirtuadas por la historia, nuevas promesas vuelven a lanzarse al agua (ver infografía). Los nuevos candidatos siguen prometiendo lo que la ciudad ha esperado durante más de un siglo: ver el río cristalino.

El temor es que las voces de los aspirantes se sumen a otras tantas que se han ido por el caudal. La ciudad ha estado a la espera de una solución para el río desde hace más de un siglo. Cerca de $800 mil millones se han invertido en programas de descontaminación en las últimas dos décadas. Y hasta ahora el futuro del río se ve tan negro como sus aguas.