Lleva 23 años lidiando con un proceso por homicidio

Un condenado en su laberinto

La historia de un árbitro aficionado que pasó más de una década en prisión e insiste en la revisión de su caso. Un testigo lo respalda, pero nunca ha sido escuchado. Un empresario dice saber quién fue el asesino, pero no quiere contarlo a la justicia.

Luis Alejandro Pico fue capturado en 1995, sindicado por el asesinato del teniente del Ejército Carlos Javier Barragán. / Archivo El Espectador.

A Luis Alejandro Pico lo sigue persiguiendo una historia que no encuentra su verdad. Hace 23 años, en diciembre de 1994, en un puesto de comida rápida situado a poca distancia de la casa de sus padres en el barrio Rionegro, en Bogotá, fue asesinado el teniente del Ejército Carlos Javier Barragán. Dos acompañantes, también vecinos, resultaron heridos. Siete meses después, cuando oficiaba como árbitro en un partido de microfútbol, Pico fue capturado y sindicado del crimen. Desde ese día vive atrapado en una espesa niebla judicial de cabos sueltos que hoy le permiten seguir clamando su inocencia.

Su vida en prisión comenzó por un rumor. Un vecino dijo que los homicidas habían huido por el callejón de los Pico, y esa referencia a una familia del barrio derivó en que uno de ellos era responsable. Cinco hijos hombres, todos sospechosos. De la nada apareció una menor de edad manifestando que ella había visto correr a los asesinos desde el otro lado de la avenida Suba y que, de espaldas, uno se parecía a Pico. Eso le costó un carcelazo de dos meses y 15 días. Al final, un fiscal lo dejó libre porque ninguno de los heridos —John Aristides Barragán, hermano de la víctima, y Mauricio Ahumada— lo señaló.

Sin embargo, dos años después, en enero de 1998, a la casa de la familia Pico llegó un telegrama de citación para Luis Alejandro a la Fiscalía. Él acudió desprevenido y volvió a quedar preso. Para pagar cualquier indemnización, el Ejército exigía claridad en el caso y la familia de la víctima había apelado la absolución de Pico con la seguridad de haber encontrado al culpable. Sin dinero para contratar abogado y en la Modelo, pronto se vio inmerso en un laberinto judicial en el que sus argumentos fueron rechazados, pero la declaración de la menor de edad se convirtió en prueba reina para que fuera condenado.

En ocho meses, un juez lo sentenció a 45 años de prisión. Por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Al advertir lo sucedido, y como no fue citado para dar testimonio, el herido en los hechos, Mauricio Ahumada, acudió a una notaría y firmó una declaración extrajuicio para dejar a salvo su conciencia. “Conozco a Alejandro Pico desde antes del incidente. Incluso, antes de que lo detuvieran, con Aristides Barragán fuimos a un partido en el Julio Flórez y le dije que él no era el asesino. Desde ese día, los Barragán cambiaron conmigo”, le comentó a El Espectador, porque el caso se volvió noticia.

El dueño del sitio donde ocurrió el asesinato, el comerciante Ramón Ramírez, sí compareció ante la justicia. Y también lo hizo en favor de Pico. Pero lo amenazaron y se fue del país. Los testigos de la defensa fueron desconocidos y la suerte judicial de Pico quedó anunciada. En noviembre de 1998, el Tribunal de Bogotá se abstuvo de valorar nuevas pruebas y ratificó la sentencia. Él recibió la noticia en la Modelo, que comenzaba a transformarse en un campo de batalla entre el paramilitarismo y la guerrilla. En medio de este infierno, su salvoconducto para sobrevivir fue ejercer como árbitro de fútbol.

Fueron 12 años en prisión. El programa de RCN Televisión dirigido por Pirry le dedicó un espacio entero para denunciar su caso, pero de nada sirvió. En 2001 fue trasladado a la cárcel de Valledupar. Su esposa, Carmen Inés Rodríguez, se sumó al drama de muchas madres, esposas y compañeras de los enviados a la Tramacúa. Sometidas a 16 horas de viaje desde Bogotá o a impúdicas requisas durante su ingreso al penal, todo por acompañar cuatro horas a sus hombres. En su caso, con viaje de ida y vuelta de viernes a domingo, y el lunes a trabajar en una fábrica textil porque había una niña en casa.

Pico estuvo dos años preso en Valledupar y en 2003 fue remitido a la cárcel de Cómbita (Boyacá), donde se lesionó jugando fútbol, y terminó en La Picota. Fue la época en que su esposa Carmen le anunció que esperaban una segunda hija, María Ángel, “bendición en medio de la tormenta”, dice. Después recibió breves permisos de 72 horas y el 19 de septiembre de 2007 obtuvo la libertad condicional. Desde ese día, al margen del duro reacomodo social, se concentró en una obsesión: enderezar su proceso. En julio de 2008 entregó su primera versión a través del libro El caso Pico, la historia de un inocente.

Al mismo tiempo empezó a recopilar información para pedirle a la Corte la revisión de su caso. Básicamente, para incluir el testimonio de Mauricio Ahumada y para acercar a la justicia a un desconocido que no lo deja dormir. Un empresario que hacia 1999 buscó a la periodista Jineth Bedoya para decirle que había leído sobre el asunto y sabía que Pico no era el asesino porque él había visto al verdadero criminal, pero que había acudido a la Fiscalía sin respuesta y nunca pudo acercarse a Pico. El supuesto testigo reapareció ocho años después, justo cuando Pico alcanzó su libertad condicional.

Se volvió a contactar con Bedoya. Ella se lo comentó a Pico y empezó para él una larga espera a que respondiera un correo. Un día de 2010 lo hizo y aceptó un encuentro en Bulevar Niza. Pico dice que fue un jueves sobre las cinco de la tarde y que, antes de la cita, cambió dos veces de sitio. Finalmente dio con él en una cafetería. “Alto, fornido, de buena ropa”, recuerda. Ese día le contó que la noche del crimen venía de una despedida de año, pero antes de irse a casa pasó al puesto de comida rápida, donde vio llegar a dos hermanos que conocía y luego constató que uno de ellos empezó a disparar.

No le quiso dar nombres y su único compromiso fue un reiterado comentario: “Voy a ayudarlo”. Le dio su identidad, sus números telefónicos, pero después se volvió huidizo. “Al principio contestaba. Después tenía que timbrar desde número desconocido. Siempre amable, pero esquivo para otro acercamiento”, insiste Pico. Entonces decidió buscarlo y un día se le apareció en su oficina. “Voy a ayudarlo”, fue su respuesta. Pico quería sumar su voz al testimonio de Mauricio Ahumada, para pedirle a la Corte que revisara su caso. No lo logró y en junio de 2014 presentó su recurso judicial sin el segundo testigo.

Dos meses después, con un ritualismo jurídico extremo, el magistrado que estudió su solicitud de revisión, Gustavo Malo, la negó con un lacónico dictamen: “Es indiscutible que, si en el proceso penal no fungió como representante del Ministerio Público y no fue legalmente reconocido como sujeto dentro de la actuación procesal, carece de legitimidad para presentar la demanda”. En otras palabras, que el procurador que decidió apoyar a Pico para dar la pelea por su inocencia no fue el mismo que conoció del caso desde hace dos décadas y, por esa razón, no fue reconocido como parte en el expediente.

La resignación de Pico fue seguir escribiendo. Sobre sus días de supervivencia en la Modelo, en medio de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos. Como el preso 867 de la torre Cinco en la cárcel de Valledupar, lejos de su familia o de los periodistas que creyeron en su pelea. O de regreso a Bogotá, con paso previo por la cárcel de Cómbita, junto a los extraditables, hasta llegar a La Picota, donde le tocó compartir pasillos, caspetes y conversaciones con los procesados de la parapolítica. Algo más de una década sin una alternativa distinta a soportar el máximo peso de la ley sin haberla violado.

Desde hace diez años Pico vive en libertad condicional, lo que significa cargar el estigma del condenado que no tiene cómo acceder a un empleo o a un crédito. Sus padres, Roque Pico y María Teresa García, fallecieron mientras él estaba preso. El único oficio que ha encontrado para ayudar a su esposa, que continúa como operaria en fábricas, fue de conductor. Primero de un bus de colegio, después del Sistema Integrado de Transporte, de un taxi ajeno, de un Uber y, entre las pausas del desempleo y la incertidumbre, dedicado a las manualidades, que fue lo único que le enseñaron en una década de prisión.

Según el juzgado de ejecución de penas que sigue su caso, el período de prueba de su libertad condicional es de 10 años, 11 meses y 27 días. Es decir, que en diez meses —septiembre de 2018—, judicialmente será un hombre libre. Pero el fantasma de su desgracia no lo deja en paz. Ahora acaban de notificarle que, antes de que llegue esa fecha, tiene que pagar 2.200 gramos oro o su equivalente a casi $300 millones de la multa conexa a su sentencia. “No tengo empleo ni patrimonio y creo que la familia ya hizo un sacrificio muy grande como para que ahora tenga que sufrir conmigo este nuevo dilema”, agrega.

Después de 23 años, sostiene que ya tiene claro lo que viven los de ruana ante el poder de la justicia. Sin dinero para pagar abogados, con dos sentencias condenatorias que suman 30 folios y un testigo estelar, Mauricio Ahumada, que salió herido en los hechos, pero nunca ha tenido la forma de que su declaración en favor de Pico sea valorada. Para rematar, ahora ruega que un sólido empresario de cueros que contrata con el Estado y crece profesionalmente cumpla su palabra y se digne a ayudarlo contando la verdad de lo que vio la noche de los hechos, y que ese testimonio sea el punto de partida para la revisión de su caso.

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