Un negocio en el aire

El esquema de la libre competencia empeoró la situación en 564 puntos críticos, en los que se arrojan residuos indiscriminadamente. Recicladores dejan de percibir $20 millones diarios.

En cinco días se cumplirán dos meses desde que la Corte Constitucional decidió suspender indefinidamente la millonaria licitación de la recolección de basuras en Bogotá, por considerar que el Distrito no estaba dando suficiente participación en el negocio a los recicladores de la ciudad. La situación obligó a que el contrato, por $2,5 billones, tuviera que ser entregado nuevamente a los actuales operadores, pero bajo el esquema de la libre competencia, debido a que únicamente cuando se adjudique entrarán a regir las áreas exclusivas para la prestación de ese servicio.

En momentos en los que el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que lidera la licitación, Juan Carlos Junca, amenaza con renunciar si la suspensión persiste, y el alto tribunal anuncia que posiblemente en tres semanas tendrá una respuesta definitiva, cabe preguntarse quién gana y quién pierde en el actual escenario.

Aunque la intención de la Corte es asegurar la participación de los recicladores en el negocio de la basura, lo cierto es que sin licitación es esta población la que está dejando de recibir $20 millones diarios, según lo contemplado en los pliegos de condiciones, pues éstos establecen que por cada tonelada de residuos reciclados, ellos reciban $13.500. La ciudad produce seis mil toneladas de basuras todos los días, 1.500 de las cuales son aprovechadas para el reciclaje, y actualmente el Distrito no paga nada por ellas.

Los recicladores y otras poblaciones vulnerables, como los vecinos del relleno sanitario Doña Juana, también estarían dejando de beneficiarse con la gestión social (educación, básicamente) que venían realizando los actuales operadores, pero a la cual ya no están obligados en los nuevos contratos, que van hasta marzo próximo. Así lo estableció este diario con fuentes de la Uaesp.

Según advirtió el director de la Unidad, la suspensión de la licitación de basuras y el actual esquema en el que se está operando podrían terminar afectando, además, a los dos millones de usuarios (inmuebles) de la capital. La libre competencia permite, por ejemplo, que cualquier firma de recolección entre a las calles sin que las autoridades distritales puedan hacer nada para regular las tarifas o garantizar el cumplimiento del servicio.

Como no hay áreas de servicio exclusivo, en la práctica ninguna empresa tiene la responsabilidad absoluta de limpiar una calle determinada. El resultado de ello es que la situación ha empeorado en los 564 puntos críticos establecidos por el Distrito como zonas de la ciudad en las que se arrojan residuos indiscriminadamente.

En resumen, con la actual situación perdería la ciudad y, según Juan Carlos Junca, ganan “los operadores que quieren seguir en la libre competencia”. Un esquema que durará hasta que se adjudique la licitación. El problema es que esos adjudicatarios necesitarían exactamente seis meses de preparación para entrar a operar, mientras traen sus equipos y contratan el personal que necesitan. Si de aquí a marzo, cuando terminan los actuales contratos, no lo han logrado, sería inevitable una prórroga a las actuales empresas recolectoras de basuras.

La licitación de las basuras busca las empresas que se encargarán de recoger los residuos sólidos domiciliarios durante los próximos siete años. Son 13 los oferentes que están peleando por quedarse con máximo dos áreas de servicio exclusivo, de seis que fueron autorizadas en toda Bogotá. El negocio actualmente está en manos de las firmas Ciudad Limpia, Atesa, Lime y Aseo Capital.

La Uaesp aseguró que los recicladores (unos 20 mil en la ciudad) sí fueron incluidos en el proceso, pues entre otros puntos les exigió a los proponentes darles una participación en el consorcio de al menos el 5%.

Por lo pronto, la Corte Constitucional seguirá estudiando los 1.200 folios que le han llegado sobre el tema de los recicladores. Al respecto, el presidente del alto tribunal, el magistrado Juan Carlos Henao, explicó: “Que esperen porque la Corte tiene sus tiempos y el tiempo de la justicia no es el mismo tiempo de la política”.