"El 10% de problemas mentales en el país están relacionados con el consumo de drogas", afirmó este martes el procurador general, Alejandro Ordóñez, al exponer las conclusiones de un estudio que elaboró esa entidad sobre salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Entre sus recomendaciones hay una para Bogotá: que la Contraloría y Personería distritales establezcan si los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD) han sido efectivos en la reducción del consumo.
Se viene así un nuevo round sobre un programa en el que han sido atendidos 27.000 pacientes desde 2012, cuando Gustavo Petro llegó a la Alcaldía. Y es un nuevo round porque mientras la Administración insiste en los beneficios de esa estrategia, las entidades que ahora abordarán el tema ya lo han hecho en el pasado por medio de pronunciamientos negativos.
En Bogotá operan hoy 17 CAMAD, centros en los que especialistas atienden a “personas con consumo problemático y adicción a sustancias psicoactivas” que requieran atención inmediata. Por ejemplo, atención primaria en salud no necesariamente relacionados con su adicción. Comenzaron a funcionar el 17 de septiembre de 2012 con un enfoque en la reducción de los riesgos y daños que corren los consumidores en ambientes precarios.
Antes de que comenzaran a implementarse, el personero Distrital, Ricardo Cañón, los consideró en agosto de 2012 “legalmente inviables”.
La Contraloría de Bogotá se pronunció, mediante una auditoría especial, en diciembre de 2013, con un concepto desfavorable. Fueron muchas las críticas, pero entre las principales estuvieron las siguientes: la carencia de una medición del impacto que generaba su operación, “teniendo en cuenta que en la fase de planeación del proyecto marco no se formularon indicadores”. También se hizo énfasis en la falta de continuidad en la atención, pues los pacientes remitidos desde los CAMAD a hospitales del Distrito con el fin de que allí los atendieran más a fondo, se topaban con barreras de acceso, sobre todo por no estar afiliados al sistema de seguridad social.
En esencia, el ente de control fiscal concluyó que los CAMAD “son una estrategia que se quedó corta” para disminuir “el uso creciente de sustancias psicoactivas ilícitas” y por eso, la inversión hecha hasta entonces, por $2.150 millones, constituía un detrimento patrimonial. “En los referidos Centros de Atención Móvil no se aborda en forma integral la problemática del consumo de sustancias psicoativas que padecen las personas en condición de vulnerabilidad y marginalidad”, precisó la Contraloría en un pronunciamiento que le envió al alcalde Petro.
Estos son los precedentes de los pronunciamientos de la Personería y la Contraloría distritales, por lo que la invitación que les hizo este martes la Procuraduría para que aborden de nuevo el tema hace prever que se tratará de informes críticos, por más que la Alcaldía resalte logros.
Para la administración es muy elocuente, por ejemplo, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) haya escogido los CAMAD como una experiencia exitosa, “a razón de su aporte a la mitigación de daños y riesgos frente al consumo de sustancias psicoactivas y el fortalecimiento de políticas de seguridad en la ciudad”.
Y sobre el debate que ha puesto sobre la mesa el procurador, en el sentido de la falta de claridad sobre los resultados en reducción del consumo (algo en lo que también hizo hincapié la Contraloría), la Secretaría de Salud ha dicho: “Dado que los CAMAD no están concebidos como instancias de tratamiento especializado y/o rehabilitación, sino como puerta de entrada a los servicios de salud e inclusión social, y considerando que los procesos subsiguientes de tratamiento y rehabilitación suelen ser prolongados, no es posible reportar desde esta instancia cifras consistentes de rehabilitación completa”.
Es decir: va en contravía de lo que espera el procurador, simple y llanamente porque, tal y como el Distrito concibe su estrategia, no tiene los alcances que pide el jefe del Ministerio Público.