Una mina de amenazas

Mientras la explotación minera legal le deja a la ciudad cerca de $138 millones anuales, su impacto en la salud y en el medio ambiente generaría pérdidas que superan los dos mil millones.

Es la cuarta vez que Diana Chávez toma la escoba para sacar la polvareda de su casa y todavía no llega el mediodía. Sabe que si no lo hace, por la noche toda la familia se irá a dormir con alergia. Su casa es vecina de una cantera ilegal en el barrio Granada, en la localidad de Usme, en la que día y noche se extrae material de construcción. Cuenta —casi a gritos, por el ruido de las volquetas— que desde que llegó a la zona en 1992 está buscando que el Distrito cierre la cantera. Pero hasta ayer, las retroexcavadoras seguían arañando la montaña.

En Bogotá hay 111 canteras. De éstas, sólo siete son legales (ubicadas en áreas de parques mineros en Mochuelo, Usme y Ciudad Bolívar). El resto son ilegales, según datos de Germán Darío Álvarez , director de control ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente.

El tema tiene preocupadas a las entidades distritales. Ayer, el Concejo de Bogotá adelantó un debate sobre el asunto, en el que no sólo se habló del alarmante número de canteras ilegales, sino también lo que esta actividad —legal o ilegal— representa para la ciudad.

El concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde, aseguró que mientras las siete canteras legales le dejan a Bogotá $138 millones al año por regalías, el Distrito termina asumiendo gastos que superan los dos mil millones en recuperación ambiental. Eso sin contar con la atención en salud por la influencia de la actividad y las reubicaciones de desplazados por deslizamientos ocasionados por la intervención de los suelos.

También preocupa a las autoridades del Distrito que los títulos mineros sean entregados por Ingeominas antes de que la Secretaría y el Ministerio de Ambiente aprueben las licencias ambientales, propiciando la extracción en lugares sensibles.

Nidia Leguízamo, abogada de Ingeominas, contradijo las cifras del Distrito y aseguró que en Bogotá hay inscritos 42 títulos mineros. Además, aseguró que es responsabilidad de los alcaldes locales “denunciar las canteras ilegales” para que la Fiscalía investigue.

El corto circuito entre ambas entidades es preocupante, ya que por más de tres décadas las montañas del sur de la ciudad han sido explotadas sin mayor control. Esto afecta a un millón de bogotanos, según el concejal Sanguino.

Secretaría de Ambiente ha propuesto que en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se elimine la actividad minera en Bogotá.