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Ninguna troncal de Transmilenio (TM) contemplada en el plan de expansión del sistema produce tanta controversia como la de la carrera Séptima. Desde hace 12 años se vienen librando intensos debates entre quienes la consideran una obra necesaria y quienes creen que destruirá el corredor vial más icónico de la ciudad. La discusión ha sido tan compleja que se encuentra en los estrados judiciales. No obstante, tal como van los planes de la administración, a los opositores se les está acabando el tiempo.
Actualmente hay cuatro acciones jurídicas en curso contra la obra. Sin embargo, a la fecha, ningún juez ha accedido a las peticiones de vecinos y políticos de suspenderla. Gracias a ello, el Distrito ha podido seguir adelante con la licitación del multimillonario proyecto, cuyo costo asciende a $2,4 billones. Justo ayer dio a conocer las firmas que se presentaron para competir por los ocho contratos en los que se dividió la construcción, que espera adjudicar en mayo.
La esperanza de los opositores ahora está centrada en una última carta: la acción popular que presentó la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde) y que fue admitida a finales de febrero por un juez administrativo de la ciudad, justo cuando la licitación parece entrar en su recta final. La cabildante pretende demostrar que el proyecto tiene falencias técnicas, ambientales y de diseño. No obstante, parece que lograr su cometido no será tarea fácil, pues tiene dos cosas en contra: por un lado, el tiempo, pues depende de que la justicia se pronuncie antes de que se adjudiquen los contratos; por el otro, el dinero, pues en caso de lograr la suspensión, tendrá que conseguir recursos para demostrar con estudios que sus reparos tienen sustento.
Reparos y decisiones
Los reparos de la concejal son concretos. Respecto a lo ambiental, manifiesta que la troncal de 20 kilómetros afectará la estructura ecológica principal de la ciudad, al pasar cerca de los cerros orientales, y vulnerará la historia de 16 bienes de interés cultural. En cuanto a lo técnico, las dudas están centradas en los reparos que las subdirecciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hicieron previamente a los diseños, los cuales, según ella, no fueron subsanados.
Teniendo en cuenta este panorama, y que el Distrito espera adjudicar la licitación en menos de tres meses, en la acción popular Rojas le pidió al juzgado decretar una medida cautelar de urgencia: suspender de inmediato la licitación, mientras se toma una decisión de fondo. Aunque este tipo de solicitudes son para evitar un “daño irremediable”, para la juez no hubo forma de establecer la necesidad de frenar el proyecto de inmediato sin antes escuchar a las entidades demandadas (Alcaldía, IDU e Instituto de Patrimonio Cultural, IDPC). Por tal motivo, más que rechazar de tajo la petición, lo que hizo fue aplazarla, para conocer los argumentos de las partes.
Sin embargo, hay otro punto aún más complejo: la financiación de los estudios para demostrar cada uno de los reparos que presentó la concejal Rojas en la demanda. Ella insiste en que en los estudios que respaldan la licitación no se tuvieron en cuenta las afectaciones a la fauna, los riesgos que representan las falencias en los diseños y el impacto en la valorización de los inmuebles ubicados en inmediaciones de la carrera Séptima.
En este caso, el proceso jurídico obliga a los promotores de la acción popular a probar sus denuncias a través de estudios con rigor científico y técnico, algo que implica altísimos costos. Teniendo en cuenta la situación, la concejal pidió en la acción popular un amparo de pobreza, que no es más que un recurso al que acude una persona que desea ser eximida de los costos de un proceso, por no tener cómo sufragarlos.
“Manifestamos bajo la gravedad de juramento que somos ciudadanos afectados y que no tenemos recursos económicos para solventar los gastos que acarrea la práctica de las pruebas en el proceso. Nuestra motivación es propender por la protección de los derechos colectivos”, se lee en el texto de la acción popular, a través del cual la cabildante le pidió a la jueza que el financiamiento de las pruebas se pusiera a cargo de la Defensoría del Pueblo, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.
No obstante, según la funcionaria judicial, la demandante no allegó pruebas que demostraran su incapacidad de atender los gastos del proceso, ni argumentó por qué sería procedente concederle el amparo de pobreza. Por esta razón, rechazó la petición, no sin antes mencionar los tres escenarios en caso de que sea necesaria la práctica de pruebas en el proceso: que la concejal Rojas asuma los costos de su bolsillo, que los asuma el Distrito o que los pague el fondo de la Defensoría del Pueblo.
No obstante, Rojas recalca que, pese a liderar esta lucha, le es imposible asumir sola los costos de los estudios. Si bien insistirá en que el Estado sea el que los financie, un nuevo traspié solo le dejará un camino: hacer una vaca entre los grupos de ciudadanos y políticos que compartan su objetivo de frenar la obra tal como está planteada. Mientras espera nuevas decisiones del juzgado administrativo, por ahora la licitación de Transmilenio seguirá.