Posibles abusos en la UPJ de Puente Aranda la tienen en la palestra pública

Las quejas por posibles excesos policiales en el centro de retención transitorio aumentaron este año y se suman a las denuncias, incluso de torturas, en esas instalaciones. El Distrito expone las medidas para frenar la situación.

La muerte de Paula Torres, de la comunidad LGBT, en la UPJ provocó manifestaciones de repudio. Los hechos siguen en investigación. / Cristian Garavito
La muerte de Paula Torres, de la comunidad LGBT, en la UPJ provocó manifestaciones de repudio. Los hechos siguen en investigación. / Cristian Garavito

Con la extraña muerte de Paula Torres, la presunta tortura contra militantes de Marcha Patriótica y las denigrantes requisas a hombres desnudos y apiñados, la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda lleva un año en el ojo del huracán. Alrededor de 4.000 quejas por abuso de autoridad en lo que va del 2016 apuntan a que los uniformados se están excediendo en sus acciones en el único centro de detención transitoria que tiene la Policía en Bogotá. (LEA: Paula Torres no tenía motivos para suicidarse)

Por eso, la UPJ será el tema de discusión hoy en el Concejo, en un debate de control político al que están citados Daniel Mejía, secretario de Seguridad; Miguel Uribe, secretario de Gobierno, y Carmen Castañeda, personera distrital. La administración tendrá que responder a las quejas y exponer las medidas que ha implementado para frenar los abusos que se denuncian en la UPJ y que vienen en aumento, según el cabildante liberal Germán García, pues las quejas pasaron de nueve diarias en 2015 a 11 este año. 

Como respuesta a un requerimiento del concejal García, el Distrito ya respondió sobre sus procedimientos para hacerle frente a la situación de la UPJ, a la que, además de los abusos, se suman la precariedad y la poca capacidad de las instalaciones para responder a la demanda de servicio. A través de un contrato de mantenimiento, el Fondo de Vigilancia asignó $640 millones para el mejoramiento de las instalaciones.

Esos recursos, se lee en un documento firmado por el secretario Mejía, se han materializado en obras como mantenimiento de la estructura: enchapes, pintura, sanitarios, red de servicios… pero también en la puesta en servicio de 85 cámaras de vigilancia para monitorear las 24 horas cada espacio del complejo. Asimismo se diseñó una base de datos para registrar el ingreso, la permanencia y la salida de los detenidos. Es decir, la UPJ venía operando sin elementos básicos para sus funciones y por eso se han perdido evidencias sobre lo que realmente ha ocurrido dentro de sus instalaciones.

Otro de los trabajos fue la habilitación de detectores de metales en las instalaciones, como arcos y dispositivos manuales. Precisamente, la carencia de esas herramientas terminó en una de las denuncias que más tuvieron eco. En abril pasado se divulgaron videos que registraban a ocho hombres desnudos, en fila. Al frente, dos policías les ordenaban hacer cuclillas en medio de tratos que muchos, entre ellos el concejal García, calificaron como “violatorios de los derechos fundamentales”.

Ese tipo de requisas habría sido implementado ante la falta de los equipos apropiados para detectar armas. Pese a que el Distrito informó que ya los puso en funcionamiento, las requisas al desnudo siguen siendo aplicadas, según la Personería, porque los equipos en operación no detectan algunos tipos de armas.

Las acciones de la administración incluyen la conformación de una mesa técnica en la que participan varios entes del Distrito, entre ellos la Policía Metropolitana, que está trabajando en la revisión y el ajuste de los protocolos que aplican los uniformados con los detenidos durante su traslado y permanencia en la UPJ. Se establecerían entonces procedimientos diferenciados para mujeres, trabajadoras sexuales, jóvenes, población LGBT y habitantes de calle. Asimismo, los uniformados están recibiendo capacitación en materia de derechos humanos.

En las denuncias sobre los tratos en la UPJ, con capacidad para 400 detenidos, no sólo es recurrente el cuestionamiento a los tratos que dan los policías, sino también a las condiciones indignas de retención y al hacinamiento. La necesidad de una nueva UPJ es evidente. De hecho, quedó incluida en el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa y el presupuesto para su edificación se fijó en $13.000 millones. Según el cronograma del Distrito, este año debe estar lista la ubicación de predios y en 2017 se adelantarían diseños, para que en 2020 el proyecto esté terminado.

Aunque la puesta en marcha de estas medidas viene desde mediados de este año, cuando la situación de abusos en la UPJ se desbordó por cuenta del eco mediático de las denuncias, las cifras todavía no muestran mejoras. Entre enero y noviembre, por ejemplo, 85.160 personas fueron conducidas a la unidad (7 % más que el año pasado). De ellas, 22.939 no ingresaron a las instalaciones por la intervención de la Personería. Es decir, su detención era irregular.

Mientras se espera que los ajustes del Distrito muestren resultados, también es necesario que la justicia avance en la investigación por posibles abusos en la UPJ. Un año después, todavía no hay certezas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Paula Torres. Lo mismo pasa con las denuncias de tortura que hicieron Rigoberto Abello y William Sánchez, militantes del movimiento político Marcha Patriótica. Por eso, el centro de detención de Puente Aranda sigue en la palestra y ahora serán los concejales los que le pondrán el ojo a lo que sucede allí.