La urbanidad de Santos

Muchos de los residentes y comerciantes de nueve manzanas del centro de la capital se resisten a abrirle paso a uno de los proyectos más importantes de renovación urbana del gobierno nacional. Habrá debate con la administración Petro, que apoya a los vecinos de la Casa de Nariño.

Fredy Garzón, propietario de un almacén de artículos militares, y su hija Lady, líder de “El centro no se vende”. / Fotos: Andrés Torres - El Espectador

Aquí nadie cuenta una historia que no comience hace más de cuatro décadas.

La de Gerardo Benavides arranca con su llegada a Calzados Herrera, una zapatería sobre la Calle de la Concepción, hace 35 años. La del difunto Hugo Herrera Ruiz, su fundador, comienza muchas décadas atrás, cuando llegó a esta calle, colindante con el Palacio Liévano, y montó una pequeña fábrica de zapatos de corte europeo, a los que con orgullo ponía sus iniciales: HHR.

A la vuelta de la esquina, en un local escondido dentro de una casona que alguna vez fue colonial, Blanca Olivares aprendió a coser vestidos de novia hace tantos años que no se atreve a dar fechas. Un día aprendió a coser, pasó de empleada a emprendedora y montó un modesto almacén donde aún hoy, con hija y con nietos, diseña y confecciona vestidos para matrimonios, inspirada en revistas venezolanas a las que pone, como dice, “su toque colombiano”.

Una cuadra más al sur está la casa de doña Carmen Andrade, de tres pisos, el primero para atender la clientela, el segundo para diseñar y cortar, el tercero para sus hijas. A doña Carmen le dejó la casa el antiguo dueño del negocio, a quien sirvió como empleada por años; ella le dio continuidad y siguió confeccionando y vendiendo uniformes militares, como otros en estas manzanas a escasas dos cuadras del Palacio de Nariño.

A todos los habitantes y comerciantes de nueve manzanas del centro de Bogotá: a Gerardo, a Blanca, a Carmen, a los tipógrafos que trabajan con máquinas Heidelberg de los años cincuenta dentro del antiguo Teatro Ayacucho, a los joyeros que, aún hoy, con el precio del oro como está, ofrecen sus artículos como lo hicieron sus padres, en pequeños locales en casonas olvidadas por sus dueños, a ellos y a muchos otros, más de 500 dicen algunos, más de 1.000 dicen otros, les llegó en mayo pasado una comunicación del Gobierno Nacional.

La comunicación estaba firmada por Andrés Escobar Uribe, gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco (EVB). Y aunque muchos podían no comprender algunos de sus conceptos —“Proyecto de utilidad pública”, “Intervención de renovación urbana”, “Polígono de intervención”, “Avalúo de referencia”—, no tardaron en entender de lo que se trataba: se tenían que ir.

Ministerios

“¿Cómo van a ubicar los Ministerios en el Centro Administrativo Nacional (CAN)? Nosotros lo que necesitamos es estar cerca del presidente”.

Así recibieron varios ministros del gabinete de Juan Manuel Santos a Andrés Escobar, cuando el año pasado asumió la gerencia de la EVB. La recién creada Empresa Nacional de Renovación Urbana había nacido justamente para reinventar esta maltrecha herencia del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y liderar un ambicioso proyecto de renovación urbana que durará 30 años y costará $12 billones.

Pero para Escobar, y para el mismo presidente, el argumento de los ministros no era para nada disparatado. “En una ciudad moderna, desde los tiempos de Lecorbusier, los edificios de gobierno se construyen de forma colindante. ¿Qué sentido tiene que todos los días los ministros tengan que trasladarse por la 26 desde el CAN (en la carrera 50) al centro de Bogotá, para reunirse con el presidente?”, dice el gerente de EVB.

Así que casi desde su nacimiento la idea de trasladar las principales sedes ministeriales al centro de Bogotá cobró fuerza en el Gobierno Nacional. Y con más veras, luego de que Escobar se reuniera con el grupo de inteligencia militar que custodia la Casa de Nariño. Para los militares, las manzanas entre la Casa de Nariño y San Victorino (incluido el Parque Tercer Milenio) eran “un problema de seguridad estatal”, tan grave, asegura Escobar, que las casas y el comercio de la zona debían ser infiltrados por agentes de inteligencia, “para evitar que desde allí se cometieran actos como los ataques de 2002, durante la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez.

En cuestión de un año el Proyecto Ministerios veía la luz a través de la Resolución N° 11 del 29 de abril de 2013: “Un conjunto de intervenciones de renovación urbana y preservación del patrimonio cultural en el entorno de la Casa de Nariño y los demás sitios que representan la institucionalidad de la Nación. Con estas intervenciones se busca realzar la importancia y la jerarquía del Centro Histórico, habilitando espacios para situar entidades públicas y usos complementarios del suelo como comercio, servicio y cultura”.

A los pocos días las notificaciones comenzaron a llegar a los locales de las nueve manzanas escogidas para desarrollar el proyecto. La directriz es contundente: los dueños de los inmuebles deben vender sus propiedades a la EVB al costo del avalúo comercial presente o serán expropiados por la vía judicial.

De la misma manera, propietarios como doña Carmen y arrendatarios como doña Blanca se pueden acoger al Programa de Atención Social que ha diseñado la EVB por meses y que ofrece “asesoría inmobiliaria y jurídica para relocalización o compra de otro predio, pago de compensaciones, asesoría del diseño de proyectos, asesoría social y desarrollo de proyecto de vida” (así se lee en una de las ofertas que fueron enviadas a mediados de septiembre a las primeras dos manzanas del proyecto).

De ninguna manera —y esto se hace explícito en la comunicación enviada— podrán quedarse en la zona o ser socios del nuevo proyecto.

Los carteles y la carta

En las nueve manzanas hay dos tipos de carteles pegados en las paredes. El primero dice en letras rojas: EL CENTRO NO SE VENDE. Es el cartel del comité creado por Lady Garzón, la joven administradora de un almacén de ropa militar que pertenece a su padre. El segundo, naranja y de letras negras, se distancia del anterior: ¡IMPORTANTE! LA EMPRESA GRÁFICAS AYACUCHO S.A.S. NO TIENE DELEGADOS NI REPRESENTACIÓN EN MESAS DE CONCERTACIÓN!

Lady ha liderado la resistencia a Ministerios. Mientras camina por las calles del sector, va lanzando duras frases contra el proyecto: ¿Por qué no podemos quedarnos y ser socios? ¿Por qué no nos consultaron? ¿Qué va a pasar con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con las más de mil familias que dependen de estos negocios? ¿Por qué nadie nos dejó poner bonita la zona? ¿Cómo esperan que vamos a arrendar un local, con lo caros que están los precios en San Victorino y en la 19?

A Lady y otras 300 personas que por lo general la acompañan a reuniones con todos aquellos interesados en el proceso —el senador Carlos Baena y el concejal Jairo Cardozo, del Movimiento Mira, por ejemplo, o el secretario distrital de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo— está por llegarles un espaldarazo.

Mañana, la administración distrital le enviará una dura carta a Escobar en la que se desmarca del enfoque de renovación urbana que tiene la empresa y lo invita a “articular el proyecto a los lineamientos y las estrategias del Plan de Desarrollo Bogotá Humana”.

La misiva irá firmada por el secretario de Gobierno, la secretaria de Hábitat y la directora del Instituto Distrital de Patrimonio. Estos son algunos apartes:

“Los habitantes y usuarios del sector tienen derecho respecto a las posibilidades de permanencia en el sector, de vinculación a los proyectos y de consideraciones respecto al uso de herramientas como la expropiación”.

“Consideramos problemático (...) que se lleve a cabo un proceso que, según hemos sido informados, establece plazos perentorios para desocupar viviendas y negocios, sometidos a una posible expropiación”.

“Debe darse una participación efectiva de los propietarios originales en las rentas del respectivo proyecto, previa una presentación detallada y transparente del mismo”.

¿Por qué no hacer renovación con estos habitantes?

Escobar asegura que el objeto social de la EVB “está dirigido al tema de las sedes de gobierno”. Pero, además, que para estos comerciantes —que se mantienen con pocas ganancias y arriendos bajos— sería imposible pagar los costos de un local una vez los precios se eleven por cuenta de la construcción del proyecto. Precios que podrían igualar a los que hoy se tienen en San Victorino y que están lejos, muy lejos, del alcance de los bolsillos de los actuales comerciantes.

De ahí que la empresa nacional haya optado por acompañar a quienes así lo deseen a “mejorar su vida al irse”, según las palabras del mismo Escobar. Propuesta que han aceptado algunos, como los socios de Gráficas Ayacucho, que dicen estar complacidos por la asesoría que les brinda el Ministerio.

Otros, en cambio, se resisten. Es el caso de Lady, doña Blanca y don Gerardo, que todos los martes se dan cita en la pequeña fábrica de uniformes de doña Carmen y discuten alrededor de su mesa de confección cómo hacer para no ser expulsados. O al menos no salir perdiendo.