Las urnas se ven lejos para Petro

El registrador refutó las críticas recibidas por aplazar las votaciones en las que se confirmaría o revocaría el mandato del alcalde. Dice que se harían el 6 de abril.

El alcalde Gustavo Petro le pidió al registrador que mantenga la fecha para la consulta de la revocatoria. / Óscar Pérez Carlos Ariel Sánchez, registrador, aseguró que su entidad es técnica y no política. / Luis Ángel

Como era de esperarse, la decisión del registrador Carlos Ariel Sánchez de aplazar las votaciones para confirmar o poner fin al período del alcalde Gustavo Petro tiene agitadas las aguas de la política local y nacional. “Al registrador le falta seriedad. Están creando una incertidumbre jurídica. Estamos comprometidos por el no en la revocatoria. Petro tiene derecho a acabar su mandato. Sí creo que el Gobierno quiere mover la fecha de la revocatoria porque estas votaciones tendrían un efecto en la definición del poder legislativo”, le dijo a este diario Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha expresado que el problema no está en su entidad, sino en lo “cargado” del tema y los intereses que hay de un lado y de otro. Pero es el Estado colombiano, en términos generales, el que está quedando mal parado con el manejo que se le ha dado a la revocatoria. Más allá de los cálculos políticos, el desorden institucional es evidente. El registrador Sánchez asegura que armar la logística requiere de “33 días desde que se reciben los dineros”, que es el problema principal: aún no hay recursos. Hace tres días, la cartera de Hacienda confirmó que la Registraduría recibirá $35.000 millones la semana próxima para financiar este evento electoral, pero, en palabras del registrador, es imposible que el próximo 2 de marzo los electores de Bogotá asistan a las urnas, por lo que anunció anoche —en declaraciones al noticiero CM&— que las votaciones se harían el 6 de abril.

No se entiende cómo, sabiendo que se necesitaban 33 días para organizar todo, la Registraduría le solicitó los recursos al ministerio el pasado 16 de enero, es decir, un mes después de haber confirmado que la revocatoria estaba en firme. La Registraduría, además, había pedido inicialmente más de $56.000 millones “para proveer los elementos y organizar la logística para el desarrollo de esta votación”; sin embargo, Minhacienda designó $21.000 millones menos. Nadie ha explicado, hasta ahora, cómo va a funcionar la cosa con un presupuesto reducido en 37%.

Menos comprensible resulta que la Registraduría haya confirmado ayer que hoy habrá un sorteo a las 9:00 a.m. para escoger los casi 36.000 jurados que se necesitarán para la consulta de revocatoria. La entidad aclara que “las notificaciones a los ciudadanos elegidos serán enviadas una vez la Registraduría cuente con los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda”. Y en medio de todo este despelote, es la certidumbre política de la capital del país la que sigue en juego. “La decisión del registrador tiene un tufillo de cálculo político de parte de la Unidad Nacional y de la derecha”, aseguró el concejal Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde.

“Ellos sabían que, como iban las cosas, Petro iba a ser determinante en las elecciones al Congreso y el aplazamiento le daría tiempo a una decisión judicial —agrega Sanguino—. Pero las listas son independientes y yo creo que no se va a perder el entusiasmo que genera la revocatoria”. Angélica Lozano, exconcejal por Progresistas que hoy busca un escaño en el Congreso, ve así el panorama: “La gente no va a olvidar de aquí a un mes lo que pasó en la Procuraduría. (Aunque) sería ciego negar que un éxito el 2 de marzo sí habría sumado a la lista”. Mientras tanto, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, lanzó un comunicado pidiendo que el tema de la revocatoria se asumiera “con actitud cívica y no política”.

Sin embargo, el registrador, Carlos Ariel Sánchez, les ha salido al paso a las críticas en su contra: “Nosotros organizamos elecciones y el requisito es que haya presupuesto. Nuestra función es técnica y logística, no política”. Al ministro Cárdenas le dijo: “Cada vez que se piden recursos, ya saben cuál es la respuesta. Que es mucha plata, que en qué se la gastan (...). Yo me pregunto: ¿cuánto vale no más la publicidad oficial?”. Y mientras este tema seguía levantando polvareda en Colombia, en Estados Unidos alguien tocaba las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el procurador Alejandro Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público le dijo al organismo que aprobar las medidas cautelares que pidió Petro argumentando persecución ideológica de parte de la Procuraduría “sería, no sólo generar un fuero de inmunidad, sino un fuero de impunidad”. Petro, no obstante, no pierde la fe en que el sistema interamericano intervendrá a su favor. Es por eso que, tal como lo reveló este diario ayer, sus abogados están empacando de nuevo maletas. Washington es su destino.