Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe, en riesgo

Al menos 100.000 personas, entre líderes sociales, jóvenes, trabajadoras sexuales, desplazados, desmovilizados, afrodescendientes e indígenas, de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme están en riesgo. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo a través una alerta temprana que envió al Distrito y al Ministerio del Interior, en la que señala que esta situación es consecuencia de la presencia de grupos ilegales. 

 

En un documento, conocido por El Espectador, explica que, por un lado, los menores y los jóvenes son asediados por actores ilegales, que los vinculan en actividades relacionadas con tráfico de drogas, extorsión y explotación sexual. Para la Defensoría, es alarmante que el déficit escolar de casi 30.000 cupos en estas localidades, brinda un espacio valioso a la delincuencia para que se aproveche de los niños que no tienen estudios. 

 

En el análisis, la Defensoría también expresa su preocupación por los líderes de organizaciones sociales, amenazados por su labor a favor de la comunidad. Su riesgo podría ser mayor si se tiene en cuenta que, según cifras del Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional, durante 2013 y 2014, la tasa de homicidios ha aumentado  en estas localidades. En San Cristóbal se pasó de 65 asesinatos  a 116; en Usme de 70 a 95, y en Rafael Uribe Uribe de 87 a 99.  

 

De igual forma pide que se analice en detalle la situación de las mujeres y niñas, que son  utilizadas a la fuerza para la explotación sexual con fines comerciales y venta de estupefacientes. 

A estos problemas se suman los 28 casos de   extorsiones a comerciantes, transportadores y vendedores informales , así como la instalación de artefactos explosivos contra la Policía y establecimientos públicos.  Estas acciones, según la alerta temprana, provienen de grupos armados “pos desmovilización de las Auc conocidos como Águilas Negras (su existencia no es reconocida por la Fuerza Pública) y los Rastrojos”, que se atomizan en parches y bandas y que actúan de manera violenta y difusa.  

 

Lo que le preocupa a la Defensoría es que hay una nueva dinámica entre los actores ilegales, que antes se peleaban el territorio y ahora tienen una convivencia pacífica. Se dividen las zonas y hacen alianzas para que  sus negocios, como el microtráfico, marchen sin problemas. 

 

Ante este panorama, las recomendaciones son claras. Primero, le sugiere al Ministerio del Interior declarar la alerta temprana en este territorio, y  al Distrito, que de inmediato garantice la protección de los líderes.  Para esto, solicita puntos permanentes de atención al ciudadano, que fortalezca la policía de infancia y que incremente el pie de fuerza.   

Asimismo, a la Policía Nacional se le pide hacer más controles, para mitigar las extorsiones, los homicidios, las amenazas y las demás acciones delictivas que tienen azotadas a estas localidades y que van en aumento. 

 

Para alejar a los menores de la delincuencia, también le solicita al Sena aumentar los programas de capacitación técnica o tecnológica y diseñar estrategias  para incrementar las oportunidades de trabajo. Al ICBF, que priorice su plan de acción, para reducir el reclutamiento forzado y de violencia sexual. 

 

Por último, a la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se le recomendó llevar el registro de todas las víctimas en el RUV para una atención humanitaria urgente a favor de desplazados, víctimas y comunidades indígenas y afro descendientes.

 

 

Ante esta advertencia, el Distrito asegura que desde 2014 se ejecutan acciones para mitigar los riesgos en las tres localidades. Claudia Ocampo, directora de Seguridad de la Secretaría de Gobierno, habló del programa “Territorios de vida y paz” o plan 75/100, en el que se priorizan las UPZ, con el mayor número de delitos. En el caso de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe se priorizaron 10 sectores. Allí se hace un trabajo articulado con la Policía y demás instituciones para readecuar los espacios públicos, hacer control a través de los cuadrantes, promover la cultura de paz, generar espacios de participación y fortalecer la economía popular, para incrementar las oportunidades de trabajo. 

 

“Por supuesto, esta estrategia involucra a los jóvenes,  pues son en su mayoría víctimas y muchas veces victimarios. Les ayudamos con subsidio para nivelar sus condiciones de estudios y formación laboral. Intentamos alejarlos del delito”, comenta Ocampo. 

 

De igual forma, se trabaja de la mano con las instituciones educativas para que acojan y protejan a los menores no sólo dentro, sino también fuera . Por eso, han indagado en el proyecto de la mejora de los entornos escolares, donde se presenta el mayor riesgo. 

 

En cuanto al tema del peligro al que están expuestas las personas amenazadas, la Secretaría de Gobierno reitera su programa para la prevención y la protección de líderes. A través de un operador se presta una atención inicial, en la que los denunciantes podrán acceder a un traslado de vivienda y un subsidio de alimentación, además de la seguridad y una capacitación de auto protección.  En lo corrido de 2015 ha atendido a 42 personas.

 

Además, el Distrito ha pedido celeridad a las investigaciones judiciales para que baje el porcentaje de impunidad en los casos de amenazas, homicidios y extorsiones que, al parecer, según la Defensoría, aumentan cada día más.