Usuarios de Transmilenio han pagado más de $73 mil millones extras en pasajes

Esto por cuenta de la demora en la unificación de tarjetas para acceder a las fases I, II y III.

El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto, presentará una Acción de Grupo contra Transmilenio y las empresas Recaudo Bogotá y Angelcom, entidades que desde junio de 2012 debieron unificar el sistema de pago a los pasajeros de la ciudad, para que devuelvan todos los dineros cobrados adicionalmente a los pasajeros, derivados de los transbordos entre las fases de Transmilenio, a los buses urbanos o viceversa.

De acuerdo con un estudio del propio Distrito, a junio de 2013, de 1’768.758 viajes diarios en Transmilenio y rutas urbanas, 160 mil pasajeros realizan transbordos que implican un valor adicional de pago para el sistema de más de $162 millones al día, es decir $4.885 millones al mes, o $58.620 millones al año, que salen del bolsillo de los usuarios por la mala planeación de quienes manejan el Sistema.

Eso significa, indica el estudio, que cada persona debe destinar $52.000 mensuales adicionales para cubrir los costos de transbordos de buses articulados a rutas urbanas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o viceversa; además, que ese servicio en la ciudad recaudó, en 15 meses, $73.275 millones extras.

“La no existencia de un medio único de pago se agrava día tras día, toda vez que en la medida que aumentan los pasajeros movilizados, son más las personas que sufren las consecuencias, al tener que portar dos tarjetas y, además, no poderse beneficiar de descuentos por los transbordos. Por el contrario, si todo estuviera integrado, se estarían beneficiando, según las proyecciones, más de 500 mil usuarios al día que realizarían transbordos”, dice la Personería.

Por lo anterior, dice la demanda, se somete a la colectividad a una carga irrazonable e ilógica, que se traduce en un detrimento patrimonial para estos, al no poderse ver favorecidos con los beneficios que contempla el SITP con la tarifa integrada, establecida en un decreto distrital de 2012.

El órgano de control anunció que busca obligar al Distrito y a las empresas que recaudaron de manera irregular más recursos de los usuarios del servicio de transporte a devolver todos los cobros adicionales a los pasajeros.